La formación financiera es clave para sentar las bases de una sociedad libre. Sin conocimientos sobre cómo ahorrar, dónde invertir, cuándo endeudarse y con qué condiciones hacerlo, resulta del todo imposible que el grueso de la ciudadanía acumule un patrimonio personal que le otorgue autonomía para hacer frente a los retos que marcarán las diversas etapas de su vida: su formación continua, la crianza y educación de sus hijos, la protección frente a enfermedades o accidentes, la jubilación o los cuidados a muy largo plazo. Hoy en día, el Estado se ocupa de todas (o casi todas) estas tareas porque la población carece de un patrimonio suficiente como para sufragarlas por su cuenta: y carece de él no porque, como suele pensarse, los españoles seamos estructuralmente pobres y no nos quede otro remedio que lanzarnos en los brazos del sector público. No: el trabajador español medio paga cada año más de 12.000 euros en impuestos; un monto más que suficiente para gestar el volumen de riqueza financiera necesaria como para costear todos los gastos anteriores. El problema, pues, no es que carezcamos de unos ingresos (antes de impuestos) suficientes como para ahorrar e invertir inteligentemente: el problema es que carecemos de los conocimientos financieros para hacerlo y que, como somos conscientes de ello, optamos por encomendarle al Estado que planifique y controle casi todos los aspectos de nuestras vidas.

Esta misma semana, la OCDE publicaba un nuevo informe PISA en el que acreditaba el bajo nivel de formación financiera de nuestros alumnos: España obtenía una puntuación de 469 puntos, por debajo de una media internacional no especialmente boyante de 489 puntos. Peor todavía era que, según este mismo informe, el 24,7% de los alumnos ni siquiera alcanzaba un nivel mínimo de competencias financieras: esto es, uno de cada cuatro estudiantes desconocía las nociones más elementales sobre cómo interactuar con el dinero. Además, y por si lo anterior fuera poco, la evolución de este porcentaje de "iletrados financieros" no nos permite ser particularmente optimistas: en el anterior informe PISA, no eran el 24,7%, sino el 16,5%. El fiasco no es casual: la educación financiera sigue estando proscrita de nuestro sistema de enseñanza, maquiavélicamente planificado por nuestros políticos y burócratas educativos para justamente mantener a los españoles en la ignorancia. Los jerarcas públicos saben perfectamente que el analfabetismo financiero es uno de los principales aliados de la irresponsabilidad y, por tanto, de la hipertrofia estatal.