En los felices años veinte se popularizaron en Estados Unidos unas inversiones hasta entonces desconocidas por el gran público: se llamaban “acciones”. Todo el mundo se dedicó a comprar estos títulos porque siempre subían y se ganaba mucho. La mayor parte de los inversores no tenían la más ligera idea de lo que era una acción, y muchos de ellos eran medio analfabetos, pero compraban. Luego, con el “crack” de 1929, hubo gente que se suicidó, muchos se arruinaron y se entró en una gran depresión que duró hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, nadie tildó a las acciones como de “complejo producto financiero”.

Por su parte, las acciones preferentes comenzaron a emitirse en 1836 en Estados Unidos, para financiar los ferrocarriles del estado de Maryland, concretamente la empresa Baltimore & Ohio Rail Road, que emitió acciones preferentes por tres millones de dólares al 6% de interés, estando el pago del interés subordinado a que hubiera suficientes beneficios para poder realizarlo. Y no eran otra cosa que eso: “acciones”. Los americanos pensaron que se podían sustituir los derechos a voto y de suscripción preferente, por un derecho “preferente” de recibir un dividendo, y desde entonces las acciones tienen dos modalidades: ordinarias y preferentes. Por tanto, si una acción ordinaria no es calificada como un producto financiero complejo, ¿por qué desde hace varios años estamos “creando escuela” en España diciendo que las acciones preferentes son un producto complejo, cuando hasta hace un par de décadas ni siquiera sabíamos lo que eran?

El denominado “escándalo de las preferentes” no es un problema de complejidad de un producto financiero, sino de la conjunción de diferentes hechos en un momento y en un sector determinado. Los factores que confluyeron fueron los siguientes:
Cobertura política.- Las cajas de ahorros no tenían capital y por tanto no podían emitir acciones como los bancos para mejorar sus ratios de capital. En la segunda legislatura de Aznar (2000-2004), los políticos regionales controlaban la gestión de las cajas de ahorros, y solicitaron un cambio legislativo que permitiera a las cajas “competir con los bancos” por la captación de capital; y el equipo económico del Gobierno incorporó este “nuevo” producto en los años 2002 y 2003. Entre los requisitos para poder emitir participaciones preferentes se indicaba expresamente que la matriz fuera una entidad de crédito; es decir, no se legislaba para sociedades mercantiles en general, sino sólo para entidades de crédito, y habida cuenta de que los bancos españoles llevaban ya quince años emitiendo acciones preferentes, sólo quedaba un destinatario de esta Ley: las cajas de ahorro. El Gobierno, por tanto, autorizó la emisión de estos títulos por parte de las cajas, que no podían emitir acciones, y les llamaron “participaciones preferentes”, dando cobertura a su comercialización evitando el término “acciones” que podría ahuyentar a los potenciales compradores.

Retribución fuera de mercado.- Las acciones preferentes de los grandes bancos españoles pagaban como dividendo en torno al 8% de interés en los mercados internacionales, y ello a pesar de la solidez de sus balances. Las cajas de ahorros que, como se ha podido comprobar, estaban en muchos casos próximas a la quiebra, emitieron a tipos de entre el 4% y el 5%, cuando por su solvencia sus títulos deberían emitirse con tipos de interés de dos dígitos, que es lo que pagaban las “emisiones basura”. La admisión de los expedientes de emisión por parte de la CNMV puede que fuera legal, pero realmente sirvió de soporte a un producto que nunca debería de haber existido.

Comercialización fraudulenta.- En España, las acciones preferentes se habían comercializado habitualmente a clientes de banca privada y elevado nivel patrimonial. Las cajas de ahorros se pusieron a vender de forma masiva este producto a fin de cubrir su carencia de recursos propios para el fuerte incremento de préstamos hipotecarios que estaban realizando. En la comercialización se vendía el producto en muchos casos como de “renta fija a corto plazo y sin riesgo”, y que además se podía recuperar cuando se quisiera. Además, poco a poco y como si nada, se eliminó el término participación (que podía relacionarse con las acciones) para hablar directamente de “preferentes”, y así seguro que no se sabía lo que era.

Modelo de retribución de los comerciales.- Si hay alguien de quien uno no se puede fiar es de su gestor bancario, ya que la mitad de su sueldo depende de lo que te venda, y lógicamente no te vende lo que más te conviene, sino lo que más le conviene a la entidad financiera, léase el producto que más margen le deja. Los órganos de dirección de las cajas de ahorros pusieron importantes objetivos de venta de preferentes a sus comerciales, y no menos importantes bonus para ellos por la colocación de estos títulos.
Por tanto, en cualquier reclamación judicial se podría ir contra los políticos que aprobaron la legislación de cobertura, contra el órgano regulador que autorizó retribuir a un 4% un “producto basura” que debía emitirse al 14%, o contra los gestores de las cajas, que vendieron el producto como si se tratara de un depósito. Y sin embargo, se va contra el producto, diciendo que era de una gran complejidad. Nadie tiene en cuenta que son simplemente acciones, y que además tienen más protección que las acciones ordinarias, ya que en el orden de prelación en caso de quiebra, cobrarían sus tenedores antes de que los titulares de las acciones ordinarias recibieran un solo euro.

Cuando el “escándalo” explotó, todo el mundo se llamó a andanas, especialmente los políticos que aprobaron la reforma legislativa; ¡qué iban a decir!, si en aquellos momentos ellos mismos formaban parte de los órganos de administración de diferentes cajas de ahorros, cobrando importantes sueldos.
En resumen, y como decía mi abuela: “entre todos la mataron, y ella sola se murió”.