La Gran Depresión y la Gran Recesión han sido los dos grandes y devastadores episodios de crisis deflacionaria que hemos vivido en los últimos cien años. Todas las crisis financieras de corte deflacionario presentan un mismo perfil: gracias a los privilegios estatales concedidos a la banca, la economía experimenta una fuerte expansión del crédito muy por encima del volumen de ahorro, lo que generaliza tanto las malas inversiones reales como la sobreacumulación de deuda privada; y, eventualmente, tanto las malas inversiones como la excesiva acumulación de deuda terminan colapsando en forma de liquidaciones desordenadas de activos e impagos en masa de pasivos: eso es justamente la depresión deflacionaria.

Durante la Gran Recesión, fueron desde 2001 los bancos centrales de Estados Unidos, Europa e Inglaterra los que empujaron los tipos de interés a corto plazo hasta mínimos históricos, alimentando una barra libre crediticia que se tradujo en una sobreinversión burbujística en el ladrillo y en una infrainversión asfixiante en materias primas. Durante la Gran Depresión, fueron desde 1921 los bancos centrales de Estados Unidos e Inglaterra (y en menor medida, de Francia y Alemania) los que cebaron una expansión crediticia internacional dirigida a postergar la necesaria reestructuración productiva post Primera Guerra Mundial, facilitar el repago de la deuda alemana impuesta por las reparaciones de Versalles, mantener el tipo de cambio de la libra artificialmente apreciado tras su retorno a un pseudopatrón oro, y finalmente para darle un empujoncito estimulante a la economía estadounidense mediante la creación de burbujas de activos financieros e inmobiliarios.

Tanto entonces como ahora se ha atribuido la responsabilidad de estas burbujas de hiperendeudamiento al funcionamiento intrínseco de las economías capitalistas, pero tanto entonces como ahora los auges alimentados con crédito barato fueron responsabilidad de un sistema financiero privilegiado por su acceso preferente a los bancos centrales. No debemos olvidar que los años 20 del siglo XX contemplaron el nacimiento de las keynesianas “políticas de mercado abierto”, esto es, la monetización de obligaciones estatales por parte de la autoridad monetaria para inyectar crédito a un sistema bancario progresivamente ilíquido.

Asimismo, también durante los años 20 se produjo en Europa un restablecimiento adulterado del patrón oro. Lejos de recuperar el patrón oro clásico que había permitido financiar el período de crecimiento económico más intenso conocido hasta ese momento (la Revolución Industrial) y que, sin embargo, había sido suspendido al inicio de la Primera Guerra Mundial para otorgar margen de maniobra inflacionista a los gobiernos, los Estados europeos optaron por implantar el llamado patrón-divisa oro: básicamente, los bancos centrales de Francia y Alemania se veían eximidos de mantener oro en sus reservas y, a cambio, se contentaban con pasivos del Banco de Inglaterra. El sistema no tendría por qué haber sido especialmente nocivo de no haber sido porque Inglaterra tenía el propósito de expandir profusamente el crédito limitando de facto la convertibilidad de esos pasivos: internamente, el gobierno inglés impuso el ricardiano gold bullion standard, según el cual los ciudadanos no podían pedir reembolsos en oro por importe inferior al de un lingote de 400 onzas de oro (alrededor de medio millón de euros actuales); externamente, el gobierno inglés ejercía su enorme influencia política para presionar a Francia y Alemania con el propósito de que siguieran atesorando las libras que les iban llegando en lugar de convertirlas en oro tal como era costumbre en el patrón oro clásico. Por esta doble vía, el mecanismo disciplinante del patrón oro clásico quedó anulado, de manera que el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal estadounidense pudieron colaborar en manipular la provisión de financiación hacia sus respectivas economías para gestar las burbujas de crédito barato.

En suma: si algo no hubo en la década de los 20 fue un sistema monetario y financiero de libre mercado, como desde luego tampoco lo hubo a partir de 2001. Pero las semejanzas entre la Gran Depresión y la Gran Recesión no terminan, desgraciadamente, en los acontecimientos inflacionistas que condujeron a la etapa de auge artificial, sino también en los efectos políticos y económicos que conllevó el pinchazo de ese castillo de naipe.

Las depresiones deflacionarias son períodos económicos muy duros para las sociedades que las padecen: los modelos de producción en los que se han especializado durante años las economías se revelan como inservibles y las deudas con las que se financiaron pasan a ser difícilmente amortizables. Se impone, por consiguiente, un largo período de, por un lado, reajustes productivos y, por otro, ahorro extraordinario dirigido a reducir el peso de la deuda privada. En otras palabras, el gasto total de la economía caerá y el desempleo y los recursos ociosos harán su aparición: el hundimiento de las rentas unido a las mayores necesidades de ahorro terminan convirtiéndose en unas pinzas que muy pocas sociedades parecen dispuestas a soportar. Pero, consumado el desastre del distorsionador auge inflacionista, las únicas alternativas al lento y duro reajuste deflacionista pasan o por reinflar el auge inflacionista o por suspender pagos.

La combinación irresponsable de estas dos palancas es lo que, en última instancia, constituye la esencia del keynesianismo, aplicado sin contemplaciones tanto entonces como ahora.  Por un lado, tenemos las políticas inflacionistas dirigidas a evitar el fin y el saneamiento de la acumulación de malas inversiones reales y financieras: las mal llamadas políticas de estímulo fiscal y monetario tienen como propósito último evitar la catarsis económica y, a poder ser, relanzar el ciclo de sobreendeudamiento. Su método de actuación es bastante expeditivo: si el sector privado renuncia a endeudarse para seguir gastando a crédito, habrá que incentivarle  ofreciéndole financiación a tipos de interés más bajos. Y si, pese ello, sigue sin querer endeudarse, entonces tendrá que hacerlo el sector público acumulando déficits públicos. Se trata, en suma, de que el gasto total de la economía no decaiga, aun cuando ese gasto no pueda sufragarse ni a partir de la producción presente de la economía ni, lo que es más grave, a partir de la producción futura.

Tanto en la Gran Depresión como en la Gran Recesión todos los gobiernos han aplicado mayores o menores políticas fiscales expansivas. Y tanto entonces como ahora cundió la leyenda de que aquellos gobiernos que lo hicieron con una menor convicción trataron de imponer políticas de “extrema austeridad”. En la Gran Recesión hemos visto, por ejemplo, cómo se tildaba de ‘austericidas’ a gobiernos europeos que mantenían año tras año déficits públicos superiores al 7% del PIB; unos déficits públicos que, por cierto, habrían resultado inconcebibles durante los años 30 (por ejemplo, el mayor déficit público que jamás acumuló Franklin Delano Roosevelt antes de la II Guerra Mundial fue del 5,8%). Asimismo, es habitual tildar al presidente estadounidense Herbert Hoover de liquidacionista por cuanto tomó algunas medidas antikeynesianas como brutales subidas de impuestos: sin embargo, no habría que perder de vista que en 1932 Hoover incrementó el gasto federal un 53% sobre el nivel de 1929 y que tanto en 1932 como en 1933 (el presupuesto de 1933 fue responsabilidad de Hoover, no de Roosevelt) el déficit federal alcanzó el 4,6%, muy por encima de casi todos los restantes años del famoso New Deal. En definitiva, es verdad que Hoover no fue un keynesiano de manual, pero desde luego tampoco fue un personaje que buscara promover un rápido reajuste de la economía privada adelgazando el sector público y liberalizando el sector privado: su pretensión era, más bien y en boga con los fascismos de la época, que el gobierno adquiriera un peso creciente sobre una economía mortecina que estaba necesitada de mucha más libertad y mucho más ahorro (y ni una cosa ni la otra podían lograrse con un mayor intervencionismo gubernamental y con impuestos mucho más elevados).

Similar fue el caso del canciller alemán Heinrich Brüning, que sometió al país a duras subidas de impuestos y a intensas rebajas del gasto para amortizar las reparaciones de guerra y evitar la fuga de capitales del país. La narrativa oficial sugiere que fueron las políticas deflacionistas de Brüning las que deprimieron la economía alemana hasta límites insospechados y terminaron por conducir a Hitler al poder. Sin embargo, y aun asumiendo que el ascenso de los nazis se debiera a consideraciones eminentemente económicas, hay motivos para pensar que fueron otras las causas que terminaron de destrozar la economía alemana.

La hiperinflación de 1923 había erradicado la mayor parte del capital circulante de las compañías y de los bancos alemanes, volviéndolos extremadamente dependientes del muy caro crédito extranjero a corto plazo. La iliquidez de la economía era tal que, ante la menor incertidumbre, los fugas de capitales podían generalizarse de la noche a la mañana (de ahí los esfuerzos de Brüning por estabilizar las finanzas alemanas), condenando a la economía a la bancarrota. Y, precisamente, esas incertidumbres comenzaron a extenderse cuando Estados Unidos cerró a cal y canto el comercio internacional en 1930 (con la ley proteccionista Smoot-Hawley) y, sobre todo, cuando quebró el banco austriaco Creditanstalt, extendiendo el pánico por toda la región. Fue entonces cuando el país se paralizó, incapaz de seguir funcionando sin refinanciaciones exteriores y cuando Europa fue, poco a poco, aplicando el otro gran conjunto de recetas keynesianas: suspender pagos a través del envilecimiento monetario.

La suspensión formal de pagos puede ser un inexorable mecanismo de ajuste cuando, en efecto, no existe posibilidad alguna de amortizar la deuda. Pero siempre debemos tener claro que suspender pagos supone trasladarle el agujero del deudor a un tercero, que generalmente coincidirá con su acreedor pero que podría ir incluso más allá. En el caso de la Gran Depresión, Alemania y Austria terminaron cayendo en suspensión de pagos por la práctica imposibilidad de revertir la fuga de capitales que terminaron experimentando.

Distinto fue el caso de Reino Unido, país que, pese a su mala situación económica, seguía acumulando gran parte del prestigio internacional que había acumulado durante todo el s. XIX y que le había valido para seguir siendo la cámara de compensación de Europa. Tras la caída de los sistemas bancarios austriaco y alemán, la fuga de capitales afectó también de lleno a Inglaterra; sin embargo, ésta, a diferencia de Alemania y Austria, lanzó la toalla extremadamente pronto. Lejos de aumentar el tipo de descuento del Banco de Inglaterra para revertir la fuga, Inglaterra optó por abandonar el patrón oro el 19 de septiembre de 1931 con un tipo de descuento de tan sólo el 4,5%: pese a que en el s. XIX no había sido infrecuente ubicar el tipo de descuento entre el 6% y el 11% para atraer oro del extranjero y evitar la salida del oro interior, el país decidió suspender la convertibilidad y depreciar la libra.

El efecto de semejante medida fue doble: por un lado, es evidente que Inglaterra ganó competitividad con la depreciación, pero ello sólo terminó de machacar y hundir en la miseria a países como Alemania, que habían estado haciendo esfuerzos por controlar sus costes internos en aras de mejorar su competitividad. Por otro, no sólo los acreedores de Inglaterra fueron descapitalizados (en especial, el Banco de Francia, que acumulaba una gran cantidad de libras), sino que el pánico se extendió definitivamente por el resto del mundo, hasta alcanzar a unos Estados Unidos que apenas habían empezado a estabilizarse tras el crash bursátil del 29, el brutal proteccionismo de la Smoot-Hawley y las sangrantes subidas de impuestos de Hoover.

El contagio de Europa alcanzó así al sistema bancario estadounidense, que sufrió una muy considerable liquidación, tanto en cuanto a desaparición de bancos como a contracción de los medios de pago. Si en junio de 1931 había aproximadamente la misma cantidad de depósitos que en octubre de 1929 (se habían reducido desde 36.694 millones hasta 36.268 millones de dólares), en septiembre de 1931 comenzó la gran contracción del crédito: en septiembre de 1932 los depósitos bancarios se habían reducido a 28.417 millones, tras haber quebrado varios miles de bancos en el proceso. A partir de ahí, el destino del país quedó sentenciado, pues todo el mundo comenzó a dudar de la convertibilidad del dólar en oro, con lo que se extendió la fuga de pasivos estadounidenses hasta que Roosevelt zanjó la cuestión en 1933 depreciando el dólar y prohibiendo la tenencia privada de oro, completando así la implosión de los flujos comerciales internacionales en los que se había basado la economía mundial antes de la crisis y abocando a los estadounidenses a mantener sus saldos líquidos de caja no en oro sino una deuda pública empleada para dilapidar el capital del país.

Nada muy distinto, por cierto, a lo que sucedió a pequeña escala con Grecia durante la Gran Recesión. La quiebra de este país en 2010 alimentó el pánico sobre la solvencia del resto de socios comunitarios, lo que debería haber obligado a aquellos miembros del euro menos solventes –Irlanda, Portugal, España o Italia– a adoptar políticas de ajuste del gasto público verdaderamente ambiciosas que les permitieran extinguir todas las dudas que pesaban sobre su solvencia. Pero no lo hicieron: sus gobiernos apenas parchearon mínimamente sus presupuestos para aparentar un gran compromiso con el repago de la deuda mientras amenazaban entre bambalinas con hacer estallar el euro si la Unión Europea o el Banco Central Europeo no los rescataban a fin de seguir sufragando sus gigantescos déficits públicos. Y así se produjeron los acontecimientos: la llamada ‘Troika’ fue rescatando uno a uno a los países insolventes a cambio de que aprobaran diversos planes de ajuste de sus finanzas estatales que sólo aplicaron de manera muy parcial e incompleta.

Desde luego, la ruptura del euro habría supuesto un shock mundial similar –si no mayor– al del abandono del patrón oro por parte de Inglaterra, con consecuencias igualmente funestas sobre el conjunto de Europa. Ahora bien, no olvidemos que los rescates de estos países no han solventado todavía el problema de fondo (su progresiva insolvencia ante una deuda pública creciente), lo que lleva a plantearse la posibilidad de que sólo se esté retrasando –y agravando– la resolución final de implosión del euro. El equivalente con la Gran Depresión habría sido que Inglaterra hubiese permanecido dentro del patrón oro durante todo 1931 pero sin incrementar su tipo de descuento para evitar las fugas de oro: en tal caso, las salidas de oro habría continuado, sus reservas se habrían agotado y la ruptura del patrón oro habría devenido inevitable: no, en esta historia alternativa, por voluntad propia de Inglaterra, sino por necesidad.

Sea como fuere, la descomposición del patrón oro y de Europa, así como las políticas de corte fascistoide aplicadas por Roosevelt en EEUU, terminaron prolongado la depresión hasta terminada la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy, existe un amplio consenso, incluso entre los economistas keynesianos, de que las políticas del New Deal fueron incapaces de sacar al país de la crisis mientras Europa avanzaba hacia la conflagración bélica y la autodestrucción. Por desgracia, parte de ese consenso ha abrazado la idea de que fue la guerra mundial la que terminó por conducirnos a la prosperidad. Por aberrante que parezca la idea, no se trata de un disparate que no hunda sus raíces en la propia doctrina keynesiana: al fin y al cabo, la guerra es la apoteosis del keynesianismo. Como expresó Paul Krugman en su artículo de 2011 Oh! What A Lovely War: “La Segunda Guerra Mundial es el gran experimento natural sobre los efectos que acarrea un gran incremento del gasto público, y como tal siempre ha servido como un importante ejemplo positivo para todos aquellos que defendemos una actitud activista frente a una economía deprimida”.

Pero, obviamente, no fue la Segunda Guerra Mundial la que nos sacó de más de una década de depresión provocada por el continuo intervencionismo gubernamental. Más bien, fue la progresiva desaparición de todas las nefastas intervenciones económicas que azotaron al mundo durante la década de los 30. A partir de 1945, la economía mundial experimentó: el retorno de la paz y el fin de las tensiones bélicas, la estabilización monetaria y de los tipos de cambio bajo un nuevo pseudopatrón oro, la creciente apertura de cada país hacia el exterior, el levantamiento de los controles propios de la guerra, el ajuste de todos los presupuestos estatales ante la reducción del gasto militar (EEUU consiguió superávit público en 1947) y la generalización de una profunda cultura del ahorro en el sector privado que derivaba de las penurias de la guerra y de la depresión. Fueron estos elementos, y no la devastación humana y económica de la Segunda Guerra Mundial, los que sacaron al planeta de la depresión.

Siguiendo la lógica keynesiana, la Gran Recesión sólo podría superarse totalmente adoptando una política de gasto análoga a la de la Segunda Guerra Mundial. Una inquietante y disparatada idea que no deberíamos ni siquiera plantearos. Al contrario, las políticas necesarias son las mismas que realmente permitieron superar la Gran Depresión: apertura comercial interior y exterior, consolidación presupuestaria, estabilidad monetaria y un muy superior volumen de ahorro privado.

Precisamente por ello, por los paralelismos que la Gran Depresión guarda con la Gran Recesión y por las erróneas conclusiones que muchos economistas keynesianos desean extraer para el momento actual, resulta esencial comprender adecuadamente tanto las causas de la crisis –que no tuvieron nada que ver con el libre mercado y sí con su descontrolada voladura por parte de un sector bancario protegido y privilegiado por el Estado– como de su agravamiento provocado por el intervencionismo comercial, monetario, fiscal y empresarial de las autoridades estadounidenses y europeas.

El libro de Murray Rothbard, La Gran Depresión americana, proporciona una muy detallada narrativa sobre los acontecimientos de inflación crediticia que, a lo largo de la década de los 20, gestaron el insostenible boom económico que conduciría al mundo a la subsiguiente depresión deflacionaria. También recoge el primer bloque de medidas liberticidas adoptadas desde el comienzo por la administración Hoover y que tanto contribuyeron a empeorar la situación del país. Desgraciadamente, Rothbard no llega a explorar ni el nefasto período de Franklin Delano Roosevelt ni la crisis europea –para lo cual resulta de esencial lectura complementaria el libro de Benjamin AndersonEconomics and the Public Welfare–, pero su obra es más que suficiente para comprender que la libertad de mercado no fue el verdugo sino una de las principales víctimas de la Gran Depresión. No sigamos repitiendo los mismos errores de entonces