Una de las principales libertades atacadas por cualquier gobierno autoritario es la libertad de expresión y su inevitable corolario, la libertad educativa. A su vez, y por el contrario, una de las principales libertades que con mayor celo respeta un gobernante con inclinaciones liberales es la libertad de expresión y su corolario, la libertad educativa.

En los últimos meses, buena parte de la comunidad internacional ha puesto su foco sobre el gobierno nacionalista de Viktor Orbán precisamente por sus recientes ataques contra la libertad académica en Hungría. Así, el presidente magiar aprobó en abril una enmienda exprés a la ley de educación superior del país que podría terminar provocando el cierre de la Central European University (CEU), la señera universidad creada por George Soros en Budapest hace 25 años con el propósito de extender la socialdemocracia occidental en los países del antiguo bloque socialista.

La CEU es formalmente una universidad estadounidense que opera en Hungría a través de su filial Közép-Európai Egyetem (KEE): de este modo, los alumnos que completan sus estudios en la KEE obtienen dos títulos, uno acreditado internamente en Hungría (el de la KEE) y otro acreditado en los EEUU (el de la CEU). La reforma aprobada por Orbán prohíbe que una universidad extranjera opere en Hungría a menos que el gobierno húngaro haya suscrito un acuerdo con el gobierno del país en el que está acreditada esa universidad extranjera: en el caso que nos ocupa, Orbán debería llegar a un acuerdo con Trump para que la CEU pudiera seguir operando a partir de septiembre de este año. A falta de ese pacto, y según el texto legal, deberá echar el cierre.

Tal como explica la jurista Petra Bárd, profesora de la Universidad de Budapest y de la CEU:

La nueva ley condiciona el funcionamiento de cualquier universidad estadounidense a un factor ajeno al control de la propia universidad: la supervivencia de la CEU depende del arbitrio de dos líderes políticos, Donald Trump y Viktor Orbán (…) Hacer depender el futuro de la CEU del arbitrio político de dos gobiernos —uno de ellos, además, abiertamente hostil a la CEU— es una clara violación de la libertad académica.

El intento de censura de Orbán contra la CEU ha llegado a las más altas instancias políticas, periodísticas y académicas. El comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, ha instado a las autoridades húngaras “a abstenerse de cualquier decisión que restrinja la libertad científica y académica”. Más de mil académicos, entre ellos 20 Premios Nobel, han reclamado a Orbán que retire su enmienda anti-universitaria. Y el New York Times ha editorializado para denunciar los “impulsos represivos del primer ministro Viktor Orbán contra la libertad académica”.

La activa movilización global contra el gobierno nacionalista de Orbán se halla en gran medida justificada: la libertad educativa está en juego y hay que intentar frenar esta ofensiva liberticida. Sin embargo, es evidente que la acción concertada de la Comisión Europea, del New York Times y de lo más granado de la academia responde a la enorme capacidad de influencia y a las extensas redes de contactos que posee el creador de la CEU, el multimillonario George Soros. No en vano, ataques tan o más graves contra la libertad educativa no sólo tienen lugar en Hungría, sino también en otros puntos del planeta: sin ir más lejos, Cristina Cifuentes está perpetrando en la Comunidad de Madrid un atentado contra la libertad universitaria que deja en mera jugarreta de aficionados la invectiva de Orbán contra la CEU.

Como ya tuvimos ocasión de explicar, el gobierno de Cifuentes, al igual que de Orbán, está preparando una ley de contrarreforma universitaria para bloquear la apertura (o forzar el cierre) de cualquier centro de enseñanza superior que no cuente con el interesado apoyo político de la trama del nuevo PP de Madrid. Su objetivo no es otro que el de blindar frente a la competencia al establishment extractivo de las universidades públicas, del cual, por cierto, proceden todos los impulsores de esta liberticida ley: la propia Cifuentes (funcionaria de la Universidad Complutense y posterior miembro del Consejo de Universidades de la Comunidad de Madrid durante la etapa como consejero de Gustavo Villapalos, ex rector de la Complutense), su consejero de Educación, Rafael van Grieken (vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos, junto a Fernando Suárez, y posterior director de la ANECA) y su director general de Universidades, José Manuel Torralba (vicerrector de la UC3M con Peces Barba). Todos coaligados para cercenar la libertad educativa en pos de sus intereses personales y de sus prejuicios ideológicos.

Así, mientras que Orbán busca cercenar la libertad de enseñanza de una universidad extranjera que ya está operando en Hungría, Cifuentes busca arramblar con la libertad de enseñanza de cuantas nuevas universidades quieran establecerse en Madrid y no cuenten con su sectaria aprobación y con el sesgado consentimiento de la burocracia educativa. A la postre, y según la nueva ley húngara, Orbán tiene el poder de forzar el cierre de la CEU negándose a suscribir un acuerdo intergubernamental con EEUU; a su vez, y de acuerdo con la ley que prepara el Ejecutivo madrileño, Cifuentes puede impedir la apertura de cualquiera universidad simplemente negándose a dar trámite a su aprobación en la Asamblea de Madrid. En ambos casos, la libertad educativa queda sometida a la arbitraria bota del mandatario liberticida de turno: si alguno se niega a que un nacional ejerza su derecho fundamental a la creación de centros docentes, ese nacional ve radicalmente vulnerado su derecho fundamental.

Por supuesto, la presidenta madrileña, como experta embaucadora que es, gusta de excusar su visceral rechazo hacia la libertad educativa señalando que “no es su culpa”: que su nueva ley no es la responsable de que todo proyecto de nueva universidad deba ser aprobado mediante mayoría absoluta en la politizadísima Asamblea de Madrid. Y es verdad que, en ese punto, Cifuentes sólo está haciendo seguidismo de las políticas contrarias a la libertad educativa desarrolladas tradicionalmente por la casta política española: la propia Ley Orgánica de Universidades (otro engendro marca PP) ya prevé que sean los parlamentos autonómicos quienes decidan por su mero arbitrio si una universidad puede abrir sus puertas o no. Lo que se calla convenientemente Cifuentes es que su contrarreforma universitaria sí introduce muchas más trabas y cortapisas absurdas dirigidas a que un proyecto universitario muera antes siquiera de haber llegado a la Asamblea y a proporcionar tramposos pretextos a los diputados para que voten en contra sin coste político alguno: la presidenta del PP de Madrid no rema a favor de la libertad educativa, sino que busca ahogarla todavía más.

En este sentido, recordemos que la ley Cifuentes impide, como la ley Orbán, que universidades extranjeras operen (o incluso se publiciten) en Madrid sin el previo plácet del gobierno madrileño; multiplica, como la de Orbán, los costes fijos necesarios para que una universidad pueda abrir sus puertas (por ejemplo, elevando a diez el número de titulaciones mínimas o forzando a que los centros superiores cuenten con instalaciones deportivas); e incluso llega a establecer limitaciones personales a la figura de los impulsores de una universidad privada: algo a lo que ni siquiera Orbán se ha atrevido (pues le habría bastado esta disposición para prohibirle a Soros abrir su universidad). De hecho, la prueba del nueve para comprobar las auténticas veleidades censoras de Cifuentes y de su ley de contrarreforma universitaria es que su gobierno ya lleva dos años bloqueando autoritariamente (como ya venía haciendo previamente su corrupto antecesor en el cargo, Ignacio González) diversos proyectos universitarios que, al parecer, no reciben su caprichoso e intolerante visto bueno: a la hora de la verdad, Cifuentes es profundamente alérgica a la libertad educativa y su ley es sólo la cristalización normativa de esta fobia contra la libertad.

Por fortuna, Cifuentes, a diferencia de Orbán, carece de mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, de manera que no puede imponer su rodillo liberticida sin la complicidad de Ciudadanos: y es de suponer que la formación naranja no querrá coaligarse con la naftalina reaccionaria de Cifuentes en materia educativa. Si lo hiciera, si los últimos vestigios de oposición efectiva al PP se desvanecieran, entonces no quedaría otra que recurrir a la oposición y resistencia exterior, tal como pone de manifiesto el caso de la CEU.

El gobierno de cualquier comunidad autónoma no debería traficar con las licencias universitarias como pretende hacer Cifuentes, sino que debería limitarse a registrar y dar trámite a las peticiones que recibe: serán los propios estudiantes quienes escogerán libremente aquellos centros públicos o privados que mejor se ajusten a sus necesidades formativas. Pero no: con su nueva ley antiuniversidades, el PP de Madrid sólo pretende reforzar las potestades despóticas del gobierno regional para cercenar a conveniencia la libertad académica. Unas malas artes calcadas a las de la rancia derecha nacionalista del húngaro Orbán. Por mucho que trate de disimularlo, parece que Cristina Cifuentes todavía conserva la camisa vieja de sus tiempos de militancia en Alianza Popular.