El Gobierno italiano terminará rescatando a sus dos últimos bancos formalmente declarados insolventes: la Banca Popolare di Vicenza y la Veneto Banca. En particular: las autoridades transalpinas inyectarán 4.785 millones de euros para recapitalizar ambas entidades y, a su vez, proporcionarán garantías estatales de hasta 12.000 millones de euros al banco que finalmente las absorberá, el Intesa Sanpaolo. Todo ello después de que, como ya sucediera con el Popular, los accionistas y los acreedores subordinados de ambas entidades pierdan toda su inversión. O dicho de otra forma: el Intesa Sanpaolo comprará por sólo un euro la Banca Popolare di Vicenza y la Veneto Banca después de aplicarles una quita del 100% a accionistas y acreedores subordinados y después de que el Estado italiano lo reflote con una ayuda de casi 17.000 millones de euros. Lo grave de la operación no es tanto que se haya producido un agravio comparativo con respecto a la adquisición del Banco Popular por el Santander (en ambas situaciones, los accionistas y los acreedores subordinados han perdido el 100% de su capital), sino que la Comisión Europea se está saltando sus propios procedimientos de resolución bancaria a las primeras de cambio.

Y es que, cuando las quitas sobre los accionistas y los acreedores subordinados no bastan para recapitalizar una entidad financiera insolvente, la legislación comunitaria prevé que se impongan quitas sobre los acreedores senior: incluyendo, sí, a los depositantes de más de 100.000 euros. En teoría, si el banco Santander no hubiese comprado al Popular, habría sido menester trasladar las pérdidas a todos los acreedores no subordinados: o, al menos, eso se nos dijo. Sin embargo, después de la actuación de la Comisión en el caso de la Banca Popolare di Vicenza y de la Veneto Banca, tal certeza se desvanece: no en vano, Bruselas ha eximido de la quita a sus acreedores senior apelando al “interés público”. Es decir, que cuando la Comisión Europea lo considera oportuno, los Estados miembros pueden usar el dinero del contribuyente para rescatar a sus bancos y, en cambio, cuando prefiere cargar las tintas sobre los inversores, apela a la vigente ley para proscribir las ayudas públicas nacionales. Tras los sucesos de las últimas semanas, resulta urgente que la Unión Europea clarifique cuál es el marco normativo para la resolución de entidades financieras: y esperemos que éste se base en trasladar siempre las pérdidas sobre los inversores y no sólo cuando los eurócratas bruselenses otorguen su arbitraria aprobación.