El artículo 135 de la Constitución Española, reformado en el año 2011 a instancia del gobierno socialista de Zapatero con el concurso del Partido Popular de Rajoy, consagra el principio de estabilidad presupuestaria al que deben someterse el conjunto de Administraciones Públicas. Por tal, cabe entender un déficit estructural del Estado que no supere el 0,4% del PIB: un objetivo del que todavía nos hallamos muy alejados —en 2016, cerramos en 3,6%— y para cuyo cumplimiento apenas contamos con dos años y medio. No en vano, la reforma constitucional de 2011 contenía una disposición adicional que retrasaba hasta 2020 la obligación de ajustarnos a esas metas de déficit estructural: en aquel momento todavía distaba una eternidad; pero hoy ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Y no vamos por el buen camino: la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alertó hace dos meses de que, al ritmo presente, incumpliríamos nuestros compromisos de déficit en 2020. De ahí que resulte tan crucial que la totalidad de las fuerzas políticas reconozca la necesidad de mantener la contención del gasto y del déficit público para que, en efecto, dentro de dos años y medio alcancemos el equilibrio presupuestario.

Sucede, sin embargo, que la actitud que las comunidades autónomas del PSOE adoptaron ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera apunta en la dirección diametralmente opuesta: los barones socialistas rechazaron unánimemente la senda de déficit propuesta por el Gobierno para 2018 y 2019, llegando a amenazar con saltarse cualesquiera acuerdos fueron adoptados en este organismo de coordinación territorial. Ciertamente, uno podría criticar que el Gobierno central quiera imponer a las autonomías una rebaja de sus desequilibrios presupuestarios hasta el 0,3% en 2018 y el 0% en 2019, mientras el propio Ejecutivo se reserva un derecho al déficit del 0,7% en 2018 y del 0,3% en 2019. Pero, en tal caso, la crítica debería ser ésa: que el Gobierno central no está haciendo suficientes esfuerzos para alcanzar el mandato constitucional del artículo 135… ¡no que las autonomías se están esforzando demasiado! Mas el discurso del PSOE no fue ése: a la postre, la nueva estrategia electoral delineada por Pedro Sánchez pasa por mimetizar el discurso de Podemos —en este caso, su oposición en las palabras y en los hechos al artículo 135 y a la estabilidad presupuestaria— aun a costa del sentido común económico y de la prosperidad de los españoles. La Moncloa bien vale seguir hiperendeudando a los ciudadanos.