Partido Popular y Ciudadanos llevan enfrentándose una semana a propósito de la viabilidad de una reducción del IRPF para 2018. Los de Rivera han condicionado su apoyo al techo de gasto a que se apruebe tal rebaja fiscal; los populares, por boca del multiexpoliador Montoro, habían negado con rotundidad hasta este pasado domingo que tal alivio tributario fuera financieramente posible antes de 2019. Sin embargo, desde el lunes, la posición del PP ha experimentado un giro radical: ahora, al parecer, ya es posible minorar el IRPF. No habrá que esperar hasta 2019, sino que PP y Cs parecen decididos a disminuirlo en 2018.

¿Qué ha cambiado entre el viernes y el lunes para que lo imposible devenga perfectamente asequible? Nada, salvo haber consensuado los reparto de los réditos electorales de tal operación política. Hasta el viernes, el PP confiaba en guardarse un as bajo la manga en caso de que deba convocar nuevas elecciones generales en 2019: prometer una nueva rebaja de impuestos. Ciudadanos anticipó hábilmente la jugada y le obligó a compartir parte de su pólvora electoral ya en esta legislatura, algo a lo que el PP se opuso inicialmente pero a lo que ha tenido que plegarse dada su debilidad parlamentaria.

Lo que ni PP ni Ciudadanos han terminado de explicar es cómo financiarán su recorte fiscal: qué partidas de gastos recortarán, qué impuestos alternativos aumentarán o si, por el contrario, confían en que el crecimiento económico eleve lo suficiente la recaudación como para permitir simultáneamente cumplir con nuestros compromisos de déficit y bajar el IRPF. No olvidemos que el PP, haciendo gala de su consustancial irresponsabilidad electoralista, ya recortó en 2015 el IRPF sin preocuparse por cómo sufragar semejante aguinaldo compravotos. Resultado: en 2015 incumplimos el déficit, algo que a punto estuvo de costarnos la sanción de Bruselas. Ahora, atendiendo a la improvisación presupuestaria de los azules y de los naranjas, no cabe desdeñar el riesgo de que regresemos a las andadas de ese artero populismo fiscal: “bajo impuestos emitiendo de deuda para captar votos presentes a costa de los ingresos de los españoles futuros”.

Sin embargo, existe un riesgo todavía mayor que la ruin táctica electorialista del populismo fiscal de estas dos formaciones: que se extienda la idea de que la crisis económica ha propiciado una bajada generalizada de tributos que deberá ser revertida en el futuro por las formaciones de izquierdas. Desde Unidos Podemos ya han comenzado a promover la idea de aprobar un “suelo de ingresos”, que es algo así como dictaminar un volumen mínimo de expolio fiscal por debajo del cual ningún gobernante medio benevolente pueda descender. Desde el PSOE también se repite que la crisis ha vaciado de ingresos las arcas públicas, y que ahora toca incrementar los impuestos para garantizar la suficiencia del gasto público.

La realidad, sin embargo, es muy distinta. Los últimos años de gobierno del Partido Popular han supuesto uno de los períodos de nuestra historia en los que más ha aumentado la rapiña estatal. En concreto, y si atendemos a los propios Programas de Estabilidad que anualmente elabora el Ejecutivo del PP para remitirlos a Bruselas, en 2016 los españoles pagamos anualmente 28.300 millones de euros más que antes de que llegara el PP. Un gigantesco recargo tributario únicamente atribuible a la modificación del marco impositivo vivido desde entonces (no estamos hablando de aumento de recaudación por crecimiento económico).



Es verdad que, a finales de 2016, prácticamente todo el efecto de la subida del IRPF de 2012 ya había desaparecido (apenas se recaudaban 135 millones de euros más de lo que se recaudaría con la legislación fiscal de 2011). Sin embargo, en otros tributos el parasitismo impositivo seguía absolutamente desbocado: la nueva tributación autonómica proporciona a las Administraciones Públicas 7.100 millones de euros más cada año, los impuestos locales 4.000 y, sobre todo, el IVA 10.500 millones. En total, como decíamos, hoy los españoles pagamos 28.300 millones de euros más cada año como consecuencia exclusiva de las reformas tributarias aprobadas desde 2011.

¿Son 28.300 millones de euros una suma muy notable? De media, suponen que cada familia española paga 1.500 euros más de impuestos cada año. Pero la comparación relevante no es ésa: frente a la mordida extraordinaria de 28.300 millones de euros adicionales por año, la rebaja del IRPF que propugna Ciudadanos apenas alcanza los 2.000 millones de euros. Es decir, los de Rivera sólo pretenden devolvernos unas pocas migajas de las muchas que Montoro nos sigue arrebatando de más con respecto a su llegada al poder. Todavía resta mucha infamia tributaria que rectificar: muchos impuestos que eliminar para tan sólo recuperar el statu quo fiscal previo a la crisis.

Así pues, que no nos engañen. Aun cuando la rebaja del IRPF de Ciudadanos salga adelante, no es verdad que los españoles disfrutemos de un entorno tributario más favorable hoy que antes de la crisis. Los partidos que exigen aprobar un “suelo de ingresos” o que defienden nuevas subidas impositivas sólo buscan sablear a los españoles con una saña incluso mayor a la que ha desplegado Montoro durante su terrorífico mandato.