Ciudadanos y Partido Popular han acordado esta semana una rebaja del IRPF dirigida a beneficiar exclusivamente a las rentas salariales más bajas (aquellas inferiores a 17.500 euros anuales y, sobre todo, a las que se ubican por debajo de 14.000). La reforma fiscal se estructura en dos partes: por un lado, la mejora de la reducción por rendimientos del trabajo; por otro, el incremento de las deducciones fiscales a las familias con personas dependientes a su cargo.

La primera pata de la reforma es la que más popularidad mediática ha alcanzado: los contribuyentes que ingresen menos de 14.000 euros anuales dejarán de pagar IRPF. Hasta la fecha, esta ventaja sólo era disfrutada por quienes cobraran menos de 12.000 euros, pero tras esta reforma fiscal, los beneficios se ampliarán hasta abarcar a la totalidad del colectivo de mileuristas (14 pagas de 1.000 euros mensuales). La forma de implementar la medida será a través de un incremento de la reducción por rendimientos del trabajo, de tal manera que aquellos que perciban unos salarios inferiores a 14.000 euros anuales se verán de facto eximidos de tributar: se estima que estos contribuyentes se ahorrarán una media de 700 euros anuales. A su vez, quienes ingresen entre 14.000 y 17.500 euros, también se beneficiarán, aunque sólo parcialmente de los beneficios, de esta ampliada reducción (se estima que estos contribuyentes se ahorrarán 400 euros anuales). A partir de ingresos superiores a 17.500 euros anuales, los efectos serán nulos. En total, unos tres millones de personas podrían verse positivamente afectadas por la rebaja.

La segunda pata de la reforma, mucho menos difundida por los medios, ha sido el incremento de las deducciones fiscal hasta 1.200 euros anuales para aquellas familias con personas dependientes a su cargo (más en concreto, para quienes tengan un cónyuge minusválido o ancianos de más de 80 años). La peculiaridad de esta deducción es que podría llegar a convertirse en transferencia neta para el contribuyente en caso de que, tras incluirla en la declaración de la renta, su cuota líquida resulte negativa. Por ejemplo, como ya hemos dicho, cualquier contribuyente que ingrese 14.000 euros no pagará IRPF: pero si, además, ese contribuyente tiene dependientes a su cargo, recibirá 1.200 euros anuales en forma de “impuesto negativo”. Por esta vía, se calcula que otras 500.000 personas podrían salir ganando.

En total, la rebaja del IRPF proyectada por PP y Ciudadanos costará alrededor de 2.000 millones de euros. Ninguna de ambas formaciones ha explicado de qué forma esperan financiarla —si recortando algunos gastos o subiendo otros impuestos—, de modo que cabe inferir que confían en que se autofinancie: esto es, que una parte de la rebaja se recupere vía mayor recaudación por IVA y que la otra parte se coseche con más crecimiento económico. La apuesta no es inverosímil pero, siendo tan crucial cumplir con los objetivos de déficit, no deberíamos estar haciendo equilibrismos encima de un hilo de alambre: habría sido muchísimo mejor bajar impuestos y recortar el gasto.

Además, y más allá del reto financiero que podría suponer sufragarla, la reforma tiene un importante inconveniente estratégico a medio plazo: cuanto más desvinculemos los impuestos que pagan todos los españoles, más estaremos incentivando a que los ciudadanos eximidos de toda carga tributaria reclamen subidas impositivas para el colectivo de españoles no eximidos de tal carga tributaria. Es decir, si quienes ganan menos de 14.000 no pagan IRPF, su incentivo perverso será el de votar por incrementos del IRF… para quienes ganan más de 14.000. De ahí que habría sido muy preferible una rebaja universal del impuesto, de tal manera que los incentivos de todas las personas se mantuvieran alineados para reclamar menores tributos generales. En todo caso, felicidades a los agraciados con un menor rejonazo fiscal para 2018: siempre es de celebrar que un conciudadano sufra de un menor parasitismo estatal.