La Comisión Europa ha impuesto a Google una multa de 2.420 millones de euros: la mayor sanción aprobada por este buró político en toda su historia. La razón esgrimida por la Comisión es que el popular buscador de internet ha abusado de su posición de dominio para favorecer a su compañía hermana Google Shopping. Y según la eurocracia bruselense, esto no debe hacerse: Google no puede otorgarles un trato ventajoso a sus propios productos dentro de sus propios canales de difusión. Es decir, aquello que hacen todas las empresas —buscar sinergias entre sus distintos negocios—Google no tiene permitido hacerlo por la sencilla razón de que es demasiado grande. Dos cuestiones suelen, empero, pasar desapercibidas en este caso. La primera es que los costes para el usuario de escapar de las garras de Google son extremadamente reducidos: cualquier ciudadano puede dejar de utilizarlo o saltar rápidamente a otro buscador apenas cambiando la dirección web de su navegador. A diferencia de lo que sucede con otras compañías, para migrar desde Google a otro motor de búsqueda no hay ni que afrontar un alto desembolso monetario, ni que pasar por un farragosísimo trámite burocrático, ni que perder de ninguno de los servicios complementarios que proporciona Google. Segundo, y muy ligado con lo anterior, Google no es grande merced a ningún tipo de derecho natural o de privilegio gubernamental: Google es grande porque los usuarios deciden día tras día continuar empleándolo como motor de búsqueda; en el momento en el que Google deje de ofrecer un producto suficientemente aceptable para los consumidores, éstos dejarán de utilizarlo y, en consecuencia, dejará de ser grande.
Por consiguiente, quienes consideran que el producto final de Google es —a pesar de la supuesta manipulación de su algoritmo de búsqueda para beneficiar a Google Shopping— lo suficientemente bueno como para hacerlo preferible a sus competidores son… ¡los propios usuarios de Google! ¿Acaso debemos proteger a los ciudadanos de sus propias elecciones? No. En el fondo, la Comisión no está sancionando a Google por práctica anticompetitiva alguna, sino para recordar públicamente quién manda en Europa: puede que las multinacionales estadounidenses mejoren la vida de decenas de millones de ciudadanos, puede que incluso sean más populares que los eurócratas de la Comisión, pero Bruselas sigue reteniendo la autoridad política para hacer cuanto le plazca dentro de las fronteras europeas, incluso atracar sin fundamento a una empresa como Google. Es, simple y llanamente, una demostración de bruta fuerza política.