Es habitual escuchar a muchos políticos y analistas de izquierdas repetir que en España los impuestos son mucho menores que en el resto de Europa, dado que nuestra presión fiscal es cinco puntos del PIB inferior a la media comunitaria y hasta 16 puntos menor que la de otros países como Dinamarca. Es esta magra presión fiscal lo que, a juicio de esos mismos políticos y analistas, impide que nuestro país desarrolle un Estado de Bienestar moderno, a la altura de nuestros pares europeos. Según esta misma narrativa, pues, tocaría reformar nuestro sistema impositivo en profundidad para ingresar mucho más, especialmente a través de dos líneas: por un lado, mejorar la eficiencia recaudatoria; por otro, incrementar los gravámenes fiscales a las rentas más altas.

Parte de esta historia es cierta: España recauda bastante menos que el resto de socios europeos (la presión fiscal española en 2014 fue del 33,5% del PIB, mientras que en Alemania ascendió al 38,1% y en Dinamarca al 49,7%). La otra parte, empero, no es cierta. Nuestro país no recauda menos porque otorgue un trato fiscalmente privilegiado a “los ricos”, sino por todo lo contrario: porque protege fiscalmente a los sectores con rentas más bajas. Veámoslo.

La presión fiscal española del 33,5% del PIB se descompone del siguiente modo: 16,7 puntos del PIB proceden de gravar a las rentas del trabajo; 9,1 puntos de gravar el consumo; y 7,7% puntos de gravar el capital. Alemania recauda más que España porque grava más el consumo y el trabajo, pero no el capital; por otra parte, Dinamarca lo grava más todo, aunque proporcionalmente mucho más consumo y trabajo.



Que Alemania y Dinamarca penalizan tributariamente el consumo mucho más que España es evidente tan pronto como observamos sus tipos impositivos implícitos sobre el consumo. Los tipos impositivos implícitos no son más que el gravamen medio que pesa sobre el consumo (recaudación por impuestos sobre el consumo dividido entre consumo agregado): en España, el tipo impositivo implícito sobre el consumo fue en 2014 del 15,2%; en Alemania, del 19,9%; y en Dinamarca del 31,3%. Es decir, para equiparar nuestra fiscalidad sobre el consumo con la alemana, deberíamos incrementar los impuestos que gravan el consumo (IVA y Especiales) un 30% y para equipararnos con Dinamarca, deberíamos más que duplicarlos.



Semejantes brechas en la fiscalidad sobre el consumo explican buena parte de nuestro diferencial de presión fiscal con Europa. No en vano, si España gravara el consumo como Alemania, nuestra presión fiscal aumentaría del 33,5% al 36,3%; y si lo gravara como Dinamarca, aumentaría hasta el 43,1%.

Pero con respecto a Europa no sólo nos diferencia la tributación sobre el consumo, sino también otro factor clave: la tributación de las transferencias sociales. Por transferencias sociales entendemos pensiones de jubilación, viudedad o incapacidad, así como prestaciones de desempleo, ayudas a la vivienda o rentas mínimas de inserción. En 2014, las transferencias sociales españolas ascendieron a 258.355 millones de euros, de las cuales recaudó impuestos directos por importe de 14.683 millones de euros: es decir, el tipo efectivo medio al que la Hacienda española fiscalizó el conjunto de sus transferencias sociales fue del 5,68%; en cambio, en Alemania fue del 8,62% y en Dinamarca del 15,9% (en el caso concreto de los pensionistas, en España pagaron unos impuestos directos medios del 9,47%, mientras que en Alemania fueron del 14,94% y en Dinamarca del 23,07%). O dicho de otra manera: si España adoptara la fiscalidad alemana sobre transferencias sociales, debería incrementar los impuestos directos sobre pensionistas, desempleados y dependientes en un 51%; si adoptara la danesa, debería cuasi triplicarlo.



Si España únicamente aumentara la fiscalidad sobre los perceptores de transferencias sociales al nivel de Alemania, su presión fiscal pasaría del 33,5% al 34,2%; si copiara a Dinamarca sólo en este aspecto, su presión fiscal crecería del 33,5% al 36%.

Pues bien, analizados ambos efectos fiscales por separado, toca plantearse qué sucedería si los aplicáramos juntos: es decir, si, por un lado, copiáramos a Alemania tanto en su fiscalidad sobre el consumo cuanto en su fiscalidad sobre las transferencias sociales; y si, por otro, copiáramos a Dinamarca también en ambas rúbricas.

En el primer caso, si eleváramos el tipo impositivo implícito sobre el consumo y el tipo efectivo sobre las transferencias sociales al nivel de Alemania, nuestra presión fiscal crecería del 33,5% al 37%, esto es, prácticamente al mismo nivel que Alemania (38,1%): por tanto, el 75% de nuestro diferencial de recaudación con Alemania se explica por nuestra menor fiscalidad sobre el consumo y sobre las transferencias sociales. Análogo es el caso de Dinamarca: si copiáramos a este país nórdico en estos dos campos, nuestra presión fiscal se elevaría hasta el 45,6% del PIB, cerca de su presión fiscal del 49,7%: es decir, también en este supuesto el 75% de nuestro diferencial de recaudación con respecto a Dinamarca se explica por nuestra menor fiscalidad sobre el consumo y sobre las transferencias sociales.

En definitiva, ¿por qué España recauda muchos menos impuestos que la media europea (Alemania) o que los países más socialdemócratas del continente (Dinamarca)? Pues, en esencia, porque castigamos tributariamente menos el consumo y las transferencias sociales.  Así que ya saben: cuando alguien vuelva a decirles que en España se pagan pocos impuestos y que debemos emular a nuestros vecinos europeos, lo que fundamentalmente le está diciendo es que debemos subir, por un lado, el IVA y los impuestos especiales y, por otro, el IRPF y las cotizaciones sociales que recaen sobre pensionistas, viudas o discapacitados. Todo ello, claro, con la excusa de incrementar las ayudas públicas a los colectivos más desfavorecidos: con una mano estatal se les pretende dar mucho menos de lo que se les desea arrebatar con la otra mano.