Suele citarse al juez Oliver Wendell Holmes para afirmar que “los impuestos son el precio que pagamos por la civilización”. En realidad, sería mucho más correcto afirmar que son el precio que pagamos por la incivilidad: en el mejor de los casos, los pagamos para financiar servicios de seguridad que nos protejan de la delincuencia (es decir, los pagamos por la incivilidad de los criminales); en el peor, para alimentar el parasitismo de aquellos lobbies que acceden al presupuesto merced a su capacidad para presionar o recompensar a la clase política (es decir, los pagamos por la incivilidad de quienes desean extraer rentas a los ciudadanos con la bendición de la autoridad estatal). Muchos de los defensores de los impuestos, sin embargo, nos repiten que ellos los pagan con convencimiento y felicidad, dado que merced a la tributación disponemos de unos servicios estatales de magnífica calidad. En realidad, si no pagáramos tales impuestos, podríamos acceder a un catálogo de servicios privados mucho mejor y más variado: a la postre, si los servicios públicos fueran irremediablemente superiores a los privados, su financiación vía impuestos resultaría innecesaria.

Al contrario, bastaría con que cada ciudadano dispusiera libremente del dinero que ha ganado y lo gastara voluntariamente en esos servicios públicos de tan elevada calidad. Pero huelga decir que las cosas distan de funcionar así: no por casualidad, impuesto es el participio pasado del verbo imponer, es decir, se trata de aquello que resulta de obligado —y no de voluntario— cumplimiento para todos los contribuyentes. ¿Qué sucedería si esos impuestos, que tan militantemente sacralizan sus abogados ideológicos, se convirtieran en donaciones voluntarias a la hacienda pública? Pues que no los pagarían muchos de quienes ahora los promueven para que recaigan sobre las espaldas ajenas. No se trata de una maliciosa elucubración sin fundamento, puesto que ya contamos con un primer experimento al respecto: el gobierno de centro-derecha noruego aprobó en junio un programa de “contribuciones voluntarias” para que todos aquellos políticos y ciudadanos que han criticado sus diversas rebajas fiscales pudieran demostrar su querencia hacia el Estado. Pues bien, en su primer mes de vigencia, el programa de contribuciones voluntarias noruego apenas ha recaudado 1.000 euros. Sí, 1.000 euros entre los más de 5,3 millones de personas que residen en el país. Parece claro que, cuando se trata de pasar de las palabras a los hechos, los defensores del Gran Gobierno prefieren que los hechos los paguen otros.