La creación de una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) fue una de las condiciones que la Troika le impuso al Reino de España para otorgarle la asistencia financiera extraordinaria con la que pudo rescatar a su multiquebrado sistema de cajas de ahorro. Que su constitución viniera impuesta por Bruselas ya resulta bastante sintomático sobre su naturaleza: la AIReF no es —al menos de momento— un órgano de propaganda política cuya misión sea la de engañar a los ciudadanos sobre la auténtica situación financiera del Estado, sino un órgano técnico que no manipula sus mensajes para evitar incomodar a los votantes.

Así las cosas, el último comunicado de la AIReF probablemente habrá supuesto todo un mazazo para millones de pensionistas, pero mucho peor habría sido engañarles: y es que, según la AIReF, las pensiones no subirán más de un 0,25% al año (el mínimo legal) hasta 2022. O dicho de otra manera más clara: los pensionistas actuales experimentarán una pérdida de poder equivalente de entre el 6,5% y el 10% durante este próximo lustro (según la inflación anual media se ubique más cerca del 1,5% o del 2%). ¿Qué político se habría atrevido a decirles a nuestros pensionistas que se les bajará la pensión hasta en un 10% durante los próximos ejercicios? Ninguno, por eso ha tenido que salir a decirlo la AIReF.

Pero así son exactamente las cosas: la Seguridad Social exhibe un desequilibrio de 20.000 millones de euros y semejante brecha no va a cerrarse sola. Es verdad que la progresiva creación de empleo contribuirá a elevar sus ingresos a lo largo de los próximos años, pero no deberíamos confiar excesivamente en esta vía de salvación: en esencia, porque durante los próximos cinco años también aparecerán nuevos pensionistas que, para más inri, habrán devengado derecho a una prestación más elevada que la de aquellos otros que vayan saliendo del sistema.

No en vano, de acuerdo con la AIReF, incluso con la actual congelación de las pensiones públicas (y, por tanto, con su merma de poder adquisitivo entre un 6,5% y un 10% a lo largo del próximo lustro), el déficit de la Seguridad Social apenas se reducirá desde el actual 1,7% al 1,14% del PIB en 2022. Sólo si suspendiéramos toda revalorización de estas prestaciones sociales durante un quinquenio conseguiríamos de facto acabar con el desequilibrio de esta administración (de acuerdo con la AIReF, sin siquiera subirlas un 0,25% por año, el déficit en 2022 se reduciría hasta el 0,22% del PIB).

Los datos son preocupantes porque ilustran el pésimo estado de salud de la Seguridad Social (un pésimo estado de salud que, por cierto, se agravará muchísimo más a partir del año 2035, cuando la pirámide demográfica se invierta de manera muy acusada y avancemos hacia una tasa de cobertura de un pensionista por trabajador). También ilustran hasta qué punto las promesas de eliminar las últimas dos reformas del sistema de Seguridad Social y de multiplicar las pensiones, articuladas por ciertas formaciones políticas de corte populista, son un puro engaño únicamente orientado a captar el sufragio de aquellos votantes que se dejan embaucar por sus cantos de sirena.

En definitiva, las pensiones españolas van a sufrir fuertes recortes a lo largo de las próximas décadas. No porque haya una campaña política orquestada para arruinar a los pensionistas, sino porque los sistemas públicos de reparto son una ruina y terminan estallando cuando la demografía no responde. Por desgracia, nosotros lo descubriremos demasiado tarde.