Intermon Oxfam, ONG reconvertida en un think tank pro-gubernamental, acaba de publicar su “Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad”, una medición sobre “el grado de compromiso de los gobiernos con la reducción de la brecha entre ricos y pobres”. Tal como ha recogido ampliamente la prensa, nuestro país ha calificado pésimamente dentro del marco de la OCDE: figura en el puesto 24 detrás de países como Grecia, Eslovenia o República Checa. En apariencia, pues, parecería que nuestro Estado es un absoluto desastre a la hora de luchar contra la desigualdad y lo es, de acuerdo con Oxfam, porque gasta demasiado poco en materia social, por tener una fiscalidad muy poco progresiva y por su poco intrusiva regulación laboral.

En concreto, en los tres apartados en los que se subdivide el índice —gasto social, progresividad fiscal y derechos laborales—, España puntúa en la posición 16, 20 y 31 entre los países OCDE. Parecería, pues, que para mejorar nuestro compromiso en la lucha contra la desigualdad deberíamos multiplicar el gasto social, subir progresivamente impuestos y reforzar la legislación laboral: “Las acciones en cada uno de estos tres ámbitos se refuerzan mutuamente, especialmente en cuanto al gasto y la tributación. Una fiscalidad progresiva es algo bueno en sí mismo, pero si además con lo recaudado se financia un gasto progresivo, el impacto aumenta considerablemente”.

Sin embargo, si observamos el índice Oxfam, descubriremos que a la cabeza del ranking de cada indicador se encuentran países mucho más liberales que España: Irlanda es el país que mejor puntúa en materia de gasto social; Australia ocupa la segunda posición dentro del ranking de progresividad fiscal; y, finalmente, Suiza es el segundo país con mejores derechos laborales. Bastan unos pocos datos para comprobarlo.

Empecemos por Irlanda: el líder destacado en materia de gasto social. De acuerdo con Eurostat, el gasto social de Irlanda es el más bajo de toda la Eurozona: el 20,6% del PIB frente al 25,4% de España (datos de 2014). De hecho, el gasto público total de Irlanda era siete puntos inferior al de España y más de once puntos inferior al de la media de la Eurozona. Por lo que respecta específicamente al gasto público de educación y sanidad, Irlanda también destinó en 2014 menos a educación y sanidad que muchos otros países de nuestro entorno: el 11,9% de su PIB frente al 15,03% de EEUU o al 12,1% de la Eurozona. Sí superó a España, con nuestro 10,2%. Pero si en lugar de 2014 hubiéramos escogido 2015, Irlanda apenas gastó un 9,4% de su PIB en ambos campos, por debajo del 10,3% español (debido al enorme crecimiento del PIB irlandés experimentado en 2015). En suma: se eleva a Irlanda a los altares del gasto social y se condena a España a los infiernos cuando las diferencias en esta rúbrica son muy escasas.

Sigamos con Australia: el segundo país que, de acuerdo con Oxfam, posee una fiscalidad más progresiva. Pues bien, la presión fiscal australiana fue en 2014 del 27% del PIB, por debajo del 33,8% de España o del 40,2% de la Eurozona. De hecho, Australia es el sexto país con una menor presión fiscal de los 35 que componen la OCDE. Su tipo impositivo medio sobre las rentas del trabajo fue del 27,66% en 2014, frente al 40,72% de España: el tipo impositivo medio de los salarios más bajos (66% del salario medio) fue del 22,36% frente al 37,28% de España; a su vez, el tipo impositivo medio de los salarios más altos (167% del salario medio) fue del 33,38% en Australia y del 44,98% en el de España. La recaudación por imposición indirecta sobre bienes y servicios (generalmente vinculada con la regresividad fiscal) en Australia ascendió al 26,9% del total, mientras que en España representó el 28,5% del total, esto es, prácticamente el mismo porcentaje. El único punto en el que Australia sí posee una tributación aparentemente más desfavorable que la española es en el Impuesto de Sociedades, cuyo tipo nominal es del 30% frente al 25% español. Sin embargo, no sólo sucede que el gobierno australiano ya se ha comprometido a rebajarlo hasta el 25%, sino que además la tributación por dividendos repartidos a partir de los beneficios corporativos está exenta en Australia y no en España.

Terminemos con Suiza: el segundo país con un mercado laboral más garantista de acuerdo con Oxfam. Según el indicador de la OCDE sobre protección del empleo, la legislación española es más garantista e intervencionista que la suiza tanto en la protección frente al despido de los empleados con contrato indefinido como, sobre todo, de los empleados con contrato temporal. Incluso el índice que afirma utilizar Oxfam para comparar los derechos laborales —el indicador de derechos laborales de la Universidad de Pensilvania— considera que la legislación laboral español es más garantista normativamente que la suiza. No en vano, uno de los parámetros que Oxfam afirma tener en cuenta en la medición de su índice de derechos laborales es la cuantía del salario mínimo legal: y en Suiza, a diferencia de en España, no existe salario mínimo.

En definitiva, si bien Intermon Oxfam ha pretendido instrumentar su nuevo indicador para insuflarnos la consigna de que la lucha contra la desigualdad sólo puede lograrse a través de una expansión del intervencionismo estatal —más gasto social, más progresividad fiscal, más regulación laboral—, parece que le ha salido el tiro por la culata: a la cabeza de los tres pilares de su ranking se encuentran algunos de los países más liberales del mundo, esto es, algunos de los países que menos recursos destinan al gasto social, que mantienen una presión fiscal más baja y que disfrutan de un mercado laboral más liberalizado. Si se trata de luchar contra la desigualdad atendiendo al índice Oxfam… ¡copiemos el gasto social irlandés, la fiscalidad australiana y la legislación laboral suiza!