Se nos suele repetir que España es un Estado de las Autonomías enormemente descentralizado. Incluso se les reprocha a muchos catalanes que aspiren a secesionarse cuando en la actualidad ya disfrutan de un ingente número de competencias propias. Sin embargo, la descentralización es más aparente que real: no ya por las muchas potestades regulatorias de las que sigue disfrutando el Ejecutivo central, sino por el enorme grado de redistribución que existe entre los residentes de distintos territorios españoles. En este sentido, la queja (razonable) de muchos catalanes es que, si fueran independientes o gozaran de un mayor autogobierno en materia de ingresos, sus administraciones públicas disfrutarían de mucha más recaudación ya sea para bajar los impuestos a sus ciudadanos o para prestarles mejores servicios públicos.

Esta sensata queja contra la infrafinanciación de las administraciones públicas catalanas suele contrarrestarse con informes y titulares que deliberadamente buscan degradar su relevancia. Por ejemplo, este lunes se nos informó a bombo y platillo en toda la prensa nacional que la autonomía peor financiada de España era la Comunidad Valenciana (la cual recibía 2.178 euros por habitante ajustado, un 7,5% menos que la media del conjunto de autonomías), mientras que Cataluña estaría prácticamente en la media (2.312 euros por habitante ajustado, sólo un 1,8% menos que el resto de comunidades). Entonces, ¿a qué viene tanto lloro de muchos catalanes? ¡Si ya reciben prácticamente lo que les toca!

Por desgracia, nuestro sistema de financiación autonómico resulta tan complejo, enrevesado y opaco que tales razonamientos terminen siendo aceptados de manera acrítica por el grueso de la población. Y es una pena, porque ridiculizando las quejas fundamentadas del prójimo sólo dificultaremos el entendimiento y tensionaremos la cuerda. Permítanme en lo sucesivo que intente explicar por qué la Comunidad Valenciana no es la autonomía peor financiada de España y por qué, en cambio, Cataluña sí está ominosamente maltratada desde un punto de vista recaudatorio.

El sistema de financiación autonómico es el conjunto de reglas por las que cuales se determinan los recursos financieros con los que cuenta cada administración autonómica. Ya de entrada, conviene aclarar que este sistema no recoge la totalidad de las cargas o de los beneficios que obtienen, en términos medios, los residentes de cada autonomía por formar parte del Estado español: en particular, no contempla la redistribución interterritorial que efectúa el Estado central mediante su propio presupuesto. Por ejemplo, si el Gobierno central creara un impuesto extraordinario sobre los murcianos y repartiera tal recaudación entre los asturianos, esta transferencia de renta desde murcianos a asturianos no figuraría en las cuentas del sistema de financiación autonómico. Para obtener la imagen completa necesitaríamos acudir a un documento distinto al que se presentó el lunes: a saber, a las balanzas fiscales (al sistema de cuentas públicas territorializadas).

Pero omitamos esta porción crucial de la redistribución interterritorial y centrémonos estrictamente en el sistema de financiación autonómico. Cada autonomía se financia, supuestamente, a partir de un conjunto de impuestos que se hallan enteramente cedidos (tasas de los servicios públicos traspasados, tasas sobre el juego, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, electricidad y matriculación) y mediante su participación en el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales. Digo “supuestamente” porque cada autonomía no cuenta, en realidad, con plena autonomía sobre estos ingresos: el 75% de la recaudación prevista por esos tributos se redistribuye, a través del llamado Fondo de Garantía, entre las distintas comunidades autónomas según su “población ajustada” (no se tiene sólo en cuenta el número total de habitantes, sino también las características demográficas de esa población). La finalidad expresa del Fondo de Garantía es la de garantizar una primera igualación de los recursos por habitante que recibe cada gobierno autonómico para financiar los servicios públicos, es decir, su propósito es el de redistribuir interterritorialmente los ingresos tributarios

Por ejemplo, la recaudación teórica de Cataluña en el año 2015 era de 19.533 millones de euros. El 75% de esa suma (14.650 millones de euros) se transfirió al Fondo de Garantía, cuya dotación total ascendió a 80.357 millones de euros (no sólo merced a las aportaciones del conjunto de las autonomías, sino también a los 8.570 millones de euros que insufló el gobierno central). Dado que la población ajustada de Cataluña representaba el 17,01% del total de España, se transfirió de vuelta a la Generalitat el 17,01% del Fondo de Garantía, esto es, 13.672 millones de euros. Primero se le quitaron 14.650 millones de euros y posteriormente se le reintegraron 13.672, esto es, en términos netos perdió 978 millones de euros como resultado del Fondo de Garantía.

A esta primera nivelación mediante el Fondo de Garantía, hay que añadirle la influencia del Fondo de Suficiencia (que busca reforzar las necesidades reales de financiación de cada autonomía) y de los Fondos de Competitividad y Cooperación (que buscan compensar a aquellas autonomías cuyos ingresos por habitante sean inferiores a la media así como impulsar el crecimiento de las más pobres). Por ejemplo, en el año 2015, Cataluña recibió 757 millones del Fondo de Suficiencia y 873 millones del Fondo de Competitividad. Con ello llegamos a la recaudación final que le corresponde a cada comunidad tras las pertinentes redistribuciones de los diversos fondos.

Sin embargo, para poder comparar los recursos reales que el sistema de financiación autonómica pone en manos de cada gobierno autonómico quedan algunos ajustes por hacer. El más importante es el ajuste por competencias homogéneas: dado que no todas las autonomías cuentan con las mismas competencias, no tiene mucho sentido plantearse cuál es su financiación normativa sin tener en cuenta, a su vez, cuáles son sus competencias normativas. Si las autonomías con mayores competencias no disponen de mayores fuentes de financiación, en la práctica estarán infrafinanciadas frente a las que disponen de una misma financiación con menos competencias. Por ejemplo, la seguridad interior es competencia del gobierno catalán, pero no del gobierno valenciano, quien recibe gratuitamente este servicio del gobierno central.

Pues bien, una vez efectuamos todos estos ajustes, la financiación normativa de cada autonomía por competencias homogéneas homogéneas pasa a ser la siguiente:

Quizá la comparación quede mucho más clara si dividimos la financiación normativa de cada región por la población ajustada (que es justamente el dato que han terminado ofreciendo los medios de comunicación):

En efecto, si nos fijamos en la financiación normativa por habitante, la autonomía peor financiada es la Comunidad Valenciana: apenas 2.178 euros por habitante ajustado frente a los 2.905 de Cantabria. Éste ha sido el titular recogido por el conjunto de medios de comunicación. Sin embargo, debería resultar obvio que la comparativa básica a efectuar es “cuántos ingresos poseería una autonomía en caso de retener la totalidad de sus impuestos total o parcialmente cedidos” versus “cuántos ingresos termina obteniendo a resultas de la redistribución del sistema de financiación autonómica”. Y, una vez realizada esta comparación, Valencia ya no es, ni de lejos, la comunidad peor financiada: al contrario, esta región sale (marginalmente) beneficiada por el sistema (sus ingresos originales de 2.162 euros por habitante se ven incrementados hasta 2.178).

¿Cuáles son, entonces, las autonomías peor financiadas? Aquellas que, dado un nivel competencial homogéneo, son castigadas con muchos menos recursos que los que obtienen merced a sus tributos cedidos: a saber, Madrid (cuyos ingresos por habitante se reducen desde 3.190 euros a 2.308), Baleares (de 2.696 a 2.553) y Cataluña (de 2.632 a 2.312). Los residentes de estas tres comunidades son los que soportan el grueso de toda la redistribución autonómica en España.

Si dejamos parcialmente fuera de la terna a Madrid por beneficiarse simultáneamente del efecto capitalidad, nos quedan dos autonomías especialmente maltratadas: Baleares y Cataluña. De las dos, Cataluña es la que sale peor parada: no sólo se trata de que sus habitantes sean contribuyentes netos al sistema de financiación autonómica; es que, tras ejecutar la enorme redistribución interterritorial, terminan recibiendo una financiación inferior a la media (cosa que no sucede con Baleares). “Empiezo siendo la tercera autonomía con más recursos y termino siendo la quinta con menos recursos”.

En definitiva, por mucho que se intente enmascarar la realidad, el actual Estado de las Autonomías penaliza sobreproporcionalmente a Cataluña, Baleares y Madrid, es prácticamente neutral con Valencia y beneficia de manera muy notable a las restantes autonomías. Si de verdad queremos mantener un Estado descentralizado, urge descentralizar verdaderamente los ingresos para que cada gobierno autonómico sea corresponsable de cuánto ingresa y de cuánto gasta. Y el primer paso para completar esa descentralización consiste en no trampear los datos sobre los actuales flujos de redistribución interterritorial.