En medio de toda la polémica institucional sobre el proceso de independencia catalán, una importante noticia ha pasado desapercibida esta última semana: la presentación de la simulación sobre los resultados de la venidera reforma del sistema de financiación autonómico.

Como es sabido, el sistema de financiación autonómico es el conjunto de reglas y procedimientos por los que se determinan y redistribuyen los ingresos que les corresponden a las distintas administraciones regionales. El actual sistema de financiación está pésimamente diseñado por dos razones, una de forma y otra de fondo. La razón formal es su extrema complejidad y escasísima transparencia, lo que dificulta enormemente que el ciudadano medio pueda entender el intrincado circuito que sigue su dinero hasta terminar en cada una de las diferentes arcas autonómicas. La razón de fondo es el perverso principio de la “solidaridad interterritorial”, según el cual los contribuyentes residentes en territorios con una renta per cápita superior a la media deben subvencionar la hipertrofia burocrática de aquellos otros territorios con una renta per cápita inferior a la media.

El pasado mes de julio, el comité de expertos designado por el Gobierno presentó su propuesta de reforma del sistema de financiación. Idealmente, la propuesta debería haber corregido los dos antedichos defectos: debería haberlo simplificado muy significativamente y debería haber eliminado de raíz la fuerte redistribución interterritorial que lo caracterizaba. En julio ya supimos que el comité de expertos había fracasado en el que debería haber sido su primer objetivo: el nuevo sistema de financiación sigue siendo tan poco claro y comprensible como el anterior.

Todavía no sabíamos, empero, si también había fracaso en el segundo, es decir, en incrementar el grado de descentralización de la recaudación tributaria para así poner coto a la mal llamada solidaridad interterritorial. Esta semana, gracias a la publicación de los resultados de la reciente simulación del funcionamiento del nuevo sistema de financiación, podemos dar una respuesta provisional: el nuevo sistema incrementa ligeramente el grado de participación de cada autonomía en sus propios recursos, pero seguimos estando muy alejados de una auténtica recaudación y gestión autonómica de la política fiscal.

Concretamente, y con la propuesta del comité, la autonomía más beneficiada por el nuevo sistema será la Comunidad de Madrid: no por casualidad, también es la autonomía que contribuye en mayor medida a los distintos fondos de redistribución interterritorial. Actualmente, la región cuenta con recaudación anual de 2.306 euros por habitante y, una vez el nuevo sistema esté plenamente en vigor, se espera que obtenga 2.937, esto es, un 27% más (y un 6,3% más que la media nacional). A su vez, la segunda región que más aporta a la redistribución interterritorial, Cataluña, también saldrá ganando con el nuevo sistema, aunque en bastante menor medida que Madrid: sus ingresos por habitante pasarán de 2.331 a 2.815 (un 20% más), pero esos 2.815 euros por habitante apenas serán un 1,9% superiores a la media nacional.

Así pues, la propuesta del comité de expertos avanza en la buena dirección, pero se queda tremendamente corta: si aspiramos a que exista corresponsabilidad fiscal (quien gasta es también quien recauda) y, a su vez, competencia tributaria entre las autonomías, resulta fundamental que demos pasos mucho más decididos hacia la descentralización impositiva (a saber, que los ingresos públicos extraídos a los ciudadanos permanezcan en aquellas autonomías donde reside cada ciudadano). Mientras esto no suceda, sólo estaremos consolidando la irresponsabilidad y la indisciplina fiscal de los distintos gobiernos autonómicos: gastar a manos llenas para comprar las voluntades de sus electores al tiempo que cabildean en La Moncloa para conseguir una mayor provisión de fondos a costa de los contribuyentes del resto de autonomías.