El cambio más significativo de la reforma fiscal recientemente anunciada por Donald Trump es su rebaja del Impuesto sobre Sociedades: el gravamen que afecta a los beneficios empresariales se reducirá desde el actual 35% al 20%. Es decir, el tipo impositivo pasará de ubicarse entre los más elevados del mundo a situarse ligeramente por debajo de la media global. Para muchos, aligerar la fiscalidad a las empresas es sólo una forma de transferir riqueza a los más acaudalados de la sociedad: una treta, en pocas palabras, para concentrar el poder y los recursos en la oligarquía empresarial. La realidad, sin embargo, es bastante diferente. Primero, una parte del Impuesto sobre Sociedades no lo soportan realmente los accionistas de la empresa, sino que es repercutido sobre todos aquellos otros colectivos que se relacionan con la empresa (consumidores, trabajadores o proveedores): dicho de otra forma, toda compañía trata de trasladar la carga del impuesto a otros colectivos por la vía de, por ejemplo, incrementar los precios de venta de sus productos, rebajar el salario de sus trabajadores o recortar los pagos a sus proveedores. Por consiguiente, disminuir el Impuesto sobre Sociedades también contribuye, en una parte, a beneficiar a todos estos colectivos que se relacionan con las empresas.

Pero, en segundo lugar, no deberíamos caer en la trampa de pensar que aquella porción del Impuesto sobre Sociedades que sí recae sobre los accionistas de una compañía resulta neutral sobre la economía. Castigar con mayores tributos a los accionistas reduce la rentabilidad (después de impuestos) de invertir en el sector privado: y, en contrapartida, rebajar las mordidas que recaen sobre los accionistas promueve la inversión en el sector privado. Es precisamente aquí donde se manifiestan las mayores ventajas —en el largo plazo— de contar con una tributación menos agresiva sobre los beneficios empresariales: un mayor flujo de inversión promueve una mayor acumulación de capital productivo y una mayor acumulación de capital productivo no sólo contribuye a impulsar el crecimiento económico, sino también a aumentar los salarios. En definitiva, lejos de impulsar incrementos del Impuesto sobre Sociedades —como plantean algunas formaciones políticas en España— deberíamos seguir apostando por recortarlo —como acaba de hacer, con acierto aunque con excesiva moderación, el presidente de los EEUU—. Una economía que se preocupe por su futuro no puede ser una economía basada en desangrar fiscalmente a los motores de la creación de riqueza, es decir, a las empresas.