La deuda pública española se ubicaba a mediados de 2017 en 1,13 billones de euros, el 99,8% del PIB. De esos 1,13 billones de euros, 0,82 billones de euros corresponden a la Administración Central (71,9% del PIB), 0,285 billones son deuda de las comunidades autónomas (25,1% del PIB) y 34.000 millones son deuda de las corporaciones locales (2,8% del PIB). Cada español, por consiguiente, adeuda una media de 24.400 euros por obra y gracia de nuestros políticos: 17.500 euros se los debe a la Administración Central, 6.200 a la autonómica y 700 a la municipal.

Sin embargo, que éste sea el endeudamiento medio de cada ciudadano español no significa que sea el endeudamiento medio de cada ciudadano con independencia de la comunidad autónoma en la que residan. Como es sabido, el endeudamiento autonómico es bastante variable: desde un 15,1% del PIB en el caso de la Comunidad de Madrid hasta un 41,8% en el caso de la Comunidad Valenciana. Por ello, si en lugar de socializar la deuda de todas las autonomías entre todos los españoles, asignamos exclusivamente la deuda de cada autonomía a los residentes de esa autonomía, entonces llegaremos a una estampa bastante distinta del endeudamiento público español.

Para calcular los pasivos imputables a cada autonomía, debemos proceder primero a redistribuir la deuda pública de la Administración Central entre las distintas regiones (es decir, qué parte de la deuda no autonómica corresponde a Andalucía, qué parte a Cataluña, qué parte a Murcia, etc.). Y, para hacerlo, cabe emplear al menos dos criterios: la población o el PIB.

Si distribuimos la deuda pública central en función del número de residentes en una región, entonces estaremos penalizando relativamente a las autonomías más pobres (con menor renta per cápita): aquellos territorios con mayor población soportarán una mayor carga financiera aun cuando sus recursos económicos para abonarla sean escasos. Así, de acuerdo con este método de distribución, la comunidad autónoma más endeudada de España sería Extremadura (le corresponderían unos pasivos públicos equivalentes al 133% de su PIB), seguida por Castilla-La Mancha (132%) y Comunidad Valenciana (126%). En el otro extremo, se ubicarían Navarra (79% del PIB), País Vasco (72%) y la Comunidad de Madrid (70%).

Si, en cambio, distribuimos la deuda pública central en función del PIB autonómico, entonces penalizaremos a las regiones más ricas, cuyos ciudadanos deberán soportar una carga relativamente mayor de la deuda central. Con este método, las autonomías más endeudadas pasarían a ser la Comunidad Valenciana (deuda equivalente al 117% de su PIB), Castilla-La Mancha (113% del PIB), Cataluña (110% del PIB) y Baleares (105% del PIB). En el otro extremo, se situarían Canarias (91% del PIB), País Vasco (90% del PIB) y la Comunidad de Madrid (90% del PIB). Conviene recordar, eso sí, que una parte importante de la deuda de Cataluña y de Baleares se debe a nuestro pésimo modelo de financiación autonómico, el cual extrae anualmente una ingente cantidad de recursos de estas dos regiones (sin embargo, también los extrae de Madrid y ésta es la autonomía con menor deuda pública de España).

Los dos métodos de distribuir la deuda no autonómica entre las distintas autonomías arrojan resultados muy dispares: según atribuyamos mayor o menor responsabilidad financiera a las regiones relativamente más pobres, alteramos la distribución de los 1,13 billones de deuda pública. Sin embargo, y a pesar de las disparidades, sí hay algunos resultados comunes que deben tenerse en cuenta. Primero, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha son irremediablemente las regiones más endeudadas de España: sus pasivos, según el método empleado para distribuirlos, oscilan entre el 111% del PIB y el 132% (muy por encima de la media nacional del 99,8% del PIB). Segundo, Madrid y País Vasco son en cualquier caso las regiones menos endeudadas de España: sus pasivos, según el método empleado para distribuirlos, oscilan entre el 70% y el 90% del PIB (apreciablemente por debajo de la media nacional del 99,8%). Tercero, los diferenciales de deuda púbica entre las autonomías llegan a ser de hasta 63 puntos del PIB con la primera metodología o de 27 puntos con la segunda: en cualquier caso, se trata de una enorme brecha que pone de manifiesto la divergente prodigalidad de los distintos gobernantes autonómicos. Y cuarto, la deuda pública de una Cataluña que accediera a la independencia de manera negociada podría arrancar en el 110% de su PIB (siempre y cuando no se produjera una contradicción de su PIB con posterioridad a la independencia): se trataría del cuarto mayor endeudamiento de toda la Eurozona y uno que, al menos inicialmente, estrangularía su capacidad para reducir impuestos o para aumentar el gasto.

En definitiva, los diferenciales de deuda pública entre las distintas autonomías españolas son muy pronunciados, motivo por el cual no deberíamos avanzar hacia una mayor mutualización nacional de tales pasivos (tal como pretende hacer el Fondo de Liquidez Autonómico) sino hacia una mayor descentralización de ingresos, gastos y deudas: que cada palo irresponsable aguante su vela abrasadora. No hagamos pagar a los ciudadanos de aquellas regiones más relativamente austeras por los excesos de aquellas otras regiones más relativamente manirrotas.