Cristina Cifuentes, quintaesencia del “liberalismo” patrio, pretende reformar durante los próximos días el artículo 9 de la Ley 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas. Semejante precepto autoriza a las fincas rurales a que organicen “actos sociales y eventos familiares de especial singularidad”, como por ejemplo las bodas y sus ulteriores banquetes. La reforma que ambiciona la muy “liberal” Cifuentes pretende revocar semejante autorización: bajo la nueva redacción legislativa, tales actos sociales y eventos familiares sólo podrán continuar celebrándose en aquellas fincas que contengan edificios catalogados como bienes de interés cultural o patrimonial y que, además, cuenten con el visto bueno de la Dirección General de Arquitectura. Es decir, sólo en aquellas fincas que a Cifuentes y a su gobierno les dé la muy real y arbitraria gana. El resto tendrán forzosamente que dejar de ofrecer sus servicios a todas aquellas parejas que deseen seguir desposándose en sus instalaciones: no porque tales servicios sean deficientes, sino porque Cifuentes ha decidido laminarlos con su apisonadora antiempresarial.

Pero, ¿por qué? ¿Qué ha llevado a la presidenta de la Comunidad de Madrid a promover un cambio legislativo tan innecesario, extemporáneo, absurdo y bochornoso como el que nos ocupa? La razón tiene bien poco que ver con el “interés general” y mucho con el “interés particular” del lobby de hoteleros y hosteleros, los cuales llevan años clamando por que el Estado intervenga y elimine a tan molestos competidores. Si no puedes ofrecer un servicio mejor y más asequible que el de tus rivales, monta un grupo de presión que persuada a los políticos liberticidas de todo el espectro ideológico para que expulsen del mercado a esos rivales imbatibles. Y eso ha hecho Cifuentes. Ciertamente, nada de lo que sorprenderse. Por desgracia, no es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid legisla a golpe de lobby: en el ámbito educativo, también se ha encamado con los rectores de las universidades públicas para cerrar el paso a nuevos proyectos empresariales que buscan ofrecer a los estudiantes alternativas formativas distintas de la esclerotizada enseñanza estatal. A los políticos y a los mentirosos (valga la redundancia) se los conoce por sus actos: y a Cifuentes, claro, también la estamos conociendo por sus actos. Ante la disyuntiva entre defender, por un lado, la libertad económica y la competencia o, por otro, los intereses de aquellos lobbies que pueden ayudarla a seguir medrando políticamente, Cifuentes se decanta siempre por los lobbies. Siempre. No son principios: son intereses.