El sistema tributario español ofrece, por desgracia, muy pocas oportunidades para la competencia fiscal. Pero, dentro de esos estrechos márgenes, sí es posible encontrar cierta heterogeneidad regional. En este sentido, la Unión de Contribuyentes presentó la semana pasada su Índice Autonómico de Competitividad Fiscal donde estima qué autonomías (o provincias forales) poseen una legislación tributaria más amigable con el sufrido contribuyente. En los puestos más altos de la lista —es decir, aquellos que más respetan la libertad tributaria de los ciudadanos— se encuentran Vizcaya, Álava, la Comunidad de Madrid y Guipúzcoa: las provincias forales vascas puntúan especialmente bien en la categoría del Impuesto sobre la Renta, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y en el Impuesto sobre Hidrocarburos; la autonomía madrileña obtiene una calificación particularmente buena en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el de Sucesiones. ¿Y cuáles son las regiones con un peor régimen tributario? Extremadura, Cataluña, Aragón y Andalucía. Por poner algunos ejemplos extraídos del Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral, elaborado cada año por el Consejo General de Economistas: un trabajador con rentas anuales de 45.000 euros abona 9.306 euros en concepto de IRPF en Madrid frente a los 9.891 euros en Extremadura, 9.714 euros en Aragón, 9.670 euros en Cataluña y 9.666 euros en Andalucía; asimismo, un individuo que herede de su padre 800.000 euros (de los cuales 200.000 euros se corresponden con su vivienda habitual) pagará 1.586 euros en Madrid frente a 158.796 euros en Extremadura, 155.393 euros en Aragón o 134.385 euros en Asturias.

Como vemos, las diferencias pueden llegar a sus muy notables incluso dentro del escaso espacio con el que cuentan los gobiernos autonómicos para configurar sus propias políticas tributarias: lo llamativo, empero, es que las autonomías o diputaciones forales más ricas tienden a ofrecer un mejor trato fiscal a sus ciudadanos, mientras que las comunidades más pobres (con alguna excepción como Cataluña) tienden a ofrecer uno peor. Los habrá que consideren que las sociedades ricas pueden permitirse abonar tributos más bajos y que, por el contrario, las pobres están condenadas a cargar con una imposición más gravosa. Es más bien a la inversa: las sociedades con un marco fiscal más favorable y con legislaciones menos agresivas contra la libre empresa tienden a ser ricas, mientras que las sociedades que repelen la creación de riqueza tienden a ser más pobres. Tomemos nota.