Como liberal —esto es, como defensor de una filosofía política fundamentada en el valor central de la libertad individual—, soy partidario de que el dinero de cada ciudadano permanezca en sus bolsillos y no en las arcas del Estado. Subsidiariamente, y en ausencia de un escrupuloso respeto institucional a la propiedad legítima de los individuos, soy partidario de que ese dinero sea recaudado y reinvertido por parte de aquellas administraciones públicas más cercanas al ciudadano: de esa manera, cada contribuyente recupera vía gasto parte de lo que le ha sido sustraído vía impuestos.

De ahí que propugne acercar la Administración al ciudadano tanto como sea posible: a igualdad de circunstancias, mejor el gasto municipal que el comarcal, mejor el comarcal que el provincial, mejor el provincial que el autonómico, mejor el autonómico que el nacional y mejor el nacional que el europeo (como digo, a igualdad de circunstancias: el gasto en defensa difícilmente podrá ser gestionado por un municipio). Cuanta mayor descentralización fiscal, tanto mejor (de hecho, el máximo grado de descentralización fiscal sería no extraer tributos de ninguna persona).

Desde esta óptica, el sistema de financiación de las provincias forales vascas, el llamado concierto económico, es 'prima facie' un buen sistema: cada provincia foral es plenamente autónoma a la hora de establecer y recaudar todos los impuestos necesarios para el sostenimiento de sus gastos y, posteriormente, negocia con el Gobierno central (y con el Gobierno vasco) el pago de una cantidad de dinero (cupo) para remunerar el valor de los servicios que la Administración central (y autonómica) continúa prestando en cada provincia foral. Lo mismo que hace cualquier persona o familia: gestionar su patrimonio y pagar (en el mercado) por aquellos bienes o servicios que le son suministrados por terceros. El concierto económico vasco, pues, salvaguarda un alto grado de descentralización fiscal que debería ser extensible al resto de España.

ay, sin embargo, un gran problema que no puede ser obviado: el valor de los servicios que presta la Administración central en cada provincia foral no es un valor objetivo. Mientras que resulta relativamente fácil determinar el valor de los bienes y servicios que consume una familia (basta con mirar a sus precios de mercado), no sucede lo mismo con las prestaciones que proporciona el Estado en las tres provincias forales. Al no existir un mercado abierto y competitivo para tales servicios, especificar cuál es el precio justo (cuál es el cupo adecuado) que deben pagar alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos no es tarea nada sencilla. Al contrario, es un proceso donde la técnica deja totalmente paso al politiqueo; en la práctica, el cupo se convierte en el resultado de un chanchullo entre los dirigentes vascos y los próceres españoles: a cambio del apoyo de los diputados vascos al sostenimiento del Gobierno central, este acepta una cuantificación del cupo abiertamente infravalorada.