Una de las banderas políticas que enarboló la extrema izquierda española durante la crisis fue la lucha contra los recortes sociales: según se nos dijo, la Troika nos obligó a meter la tijera en el gasto público y, muy especialmente, en el gasto social. Educación, sanidad, pensiones, desempleo o dependencia: nada quedaba a salvo del rodillo apisonador decretado por Bruselas y ejecutado lealmente por la casta de PP y PSOE.

La narrativa siempre tuvo un marcado punto de exageración y de interesada propaganda política. A la postre, el gasto social en protección social —pensiones, sanidad, desempleo, ayudas a la vivienda, etc.— no se redujo durante la crisis, sino que aumentó significativamente: en 2013, por ejemplo, el gasto en protección social por habitante era un 7% superior al de 2007, justo antes de que estallara la crisis (todo ello, claro, descontando la influencia de la inflación).

Gasto en protección social por habitante (euros constantes 2010)

 
Fuente: Eurostat

Sin embargo, la evolución del gasto en protección social podría resultar engañosa, dado que buena parte de su incremento se debió al aumento de las prestaciones de desempleo derivado de la mayor tasa de paro. A su vez, el crecimiento del gasto en pensiones fue causado tanto por el aumento del número de jubilados cuanto porque esos nuevos jubilados habían devengado pensiones más elevadas tras haberse sometido a bases de cotización más altas a lo largo de su vida laboral.

En otras palabras, el aumento del gasto total en protección social podía ocultar importantes recortes desagregados. A este último respecto, fue especialmente significativa la denuncia política y mediática de los recortes en sanidad y en educación: tal vez los dos pilares más importantes del mal llamado Estado de Bienestar. Y, en efecto, en el año 2013 el gasto corriente en sanidad era un 6,5% inferior al de 2007, mientras que el de educación se ubicaba un 10,2% por debajo.

Desde entonces, sin embargo, las cosas han cambiado significativamente: entre 2013 y 2016, el gasto corriente en sanidad ha aumentado un 8% (ya descontada la inflación), hasta totalizar los 65.388 millones de euros; a su vez, el gasto corriente en educación ha crecido un 8,5%, hasta ubicarse en os 43.459 millones de euros. De este modo, el gasto corriente en educación entre 2007 y 2016 apenas se ha reducido un 2,6%, mientras que el gasto corriente sanitario ha aumentado un 1%.

Ahora bien, semejantes magnitudes podrían no reflejar fielmente la realidad, dado que la población española ha crecido un 2,5% durante la última década, lo que significa que un mayor gasto agregado podría traducirse en un menor gasto por habitante. Pero no: de acuerdo con los últimos cálculos de los economistas Javier Andrés, Ángel de la Fuente y Rafael Doménech, el gasto por usuario en 2016 fue un 6% superior en sanidad y un 5,4% mayor en educación con respecto al de 2007. Y ello a pesar de que la renta per cápita del país fue inferior a la de 2007: es decir, gastamos más siendo más pobres.

 

Por supuesto, los cálculos de Andrés, De la Fuente y Doménech son susceptibles de mejora: por ejemplo, no tienen en cuenta que las necesidades sanitarias y educativas difieren con la edad, de modo que el envejecimientos de la población o el trasvase de alumnos hacia la enseñanza secundaria o superior implicarían que, con un mismo gasto público por usuario, se reciben menores servicios efectivos por usuario (si bien, por otra parte, tampoco deberíamos caer en el error de pensar que toda reducción del gasto público equivale a una disminución de la calidad del servicio, dado que es posible tanto recortar el gasto superfluo cuanto incrementar la eficiencia).

Sin embargo, tales cálculos sí sirven para poner de manifiesto que la retórica populista contra los “recortes sociales” ya se ha quedado desfasada y sin combustible. Una vez descontada la inflación, el gasto público por usuario en sanidad y en educación es hoy aproximadamente el mismo que en el pico de la burbuja inmobiliaria; y, a su vez, la pensión media de la Seguridad Social es hoy un 20% superior a hace diez años (no porque todos los pensionistas cobren más que entonces, sino porque los nuevos pensionistas han hecho aumentar la media). Todo ello, insisto, a pesar de que nuestra renta per cápita —y nuestro nivel de ocupación— es menor.

En suma, somos más pobres que hace una década pero recibimos más servicios sociales que entonces: lo que se ha recortado durante la crisis no ha sido el gasto público, sino los ingresos después de impuestos de los ciudadanos. El Estado, como de costumbre, instrumenta la desesperación y el miedo de la sociedad para expandirse a su costa: y, para colmo, las terminales políticas y mediáticas del populismo estatista tratan de manipular a la población para que ésta reclame incrementos aún mayores del gasto público. Sí, en lo más hondo de la crisis hubo recortes del gasto público porque el Estado español se hallaba al borde de la quiebra, pero hoy esos recortes ya son historia.