El gasto público en pensiones representa alrededor del 11% del PIB español. En el año 2060, Gobierno y Comisión Europea estiman que, pese a nuestra muy adversa evolución demográfica, ese porcentaje se mantendrá estable gracias a que, por un lado, crearemos una enorme cantidad de empleo de manera sostenible y a que, por otro, aplicaremos un recorte en las pensiones públicas de entre el 30% y el 40%. Evidentemente, sin ese recortazo a las pensiones públicas, su gasto no permanecerá estable en el 11% del PIB, sino que aumentará hasta el 16,5%; a su vez, sin el recortazo de las pensiones públicas y sin una creación de empleo tan intensa como la pronosticada, el gasto se dispararía al 18,5% del PIB. Cálculos todos ellos, por cierto, análogos a los efectuados por Fedea.

En otras palabras, a medio plazo, una Seguridad Social española sin recortes supone exponer al país a un agujero financiero anual de entre el 5,5% y el 7,5% del PIB: es decir, y en términos de euros actuales, a un agujero de entre 61.000 y 83.500 millones de euros anuales (obviemos la comparativa con el indecente rescate estatal de las cajas de ahorros, dado que su coste para el contribuyente fue de 40.000 millones de euros, no de 40.000 millones de euros por año). Cuando políticos del PSOE o de Unidos Podemos claman contra las últimas reformas de la Seguridad Social que —es verdad— tienen como propósito último minorar los ingresos futuros de los pensionistas, lo que deberían hacer en primer lugar es explicar cómo piensan financiar no el agujero actual en el sistema de 15.000 millones de euros, sino el agujero venidero equivalente a entre 61.000 y 83.500 millones de euros actuales.

En este sentido, Pedro Sánchez nos ha venido desgranando en los últimos días sus propuestas para financiar la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 (merced a la cual las pensiones se desindexaron del IPC y, a partir de 2019, disminuirán conforme se alargue la esperanza de vida). ¿Cuáles han sido sus promesas? Primero, crear un nuevo impuesto finalista inspirado en la contribución social generalizada de Francia (recaudación estimada por el propio PSOE: 2.750 millones de euros); eliminar bonificaciones sociales a la contratación (4.350 millones de euros); un impuesto extraordinario sobre la banca (hasta 1.000 millones de euros); y un impuesto sobre las transacciones financieras (1.750 millones de euros).

En total, pues, el paquete de medidas publicitado por el PSOE aspira a movilizar unos recursos de casi 10.000 millones de euros: es decir, se trata de un paquete de ocurrencias que ni siquiera alcanza a cubrir el déficit actual de la Seguridad Social (15.000 millones de euros). ¿Cómo esperar, pues, que a medio plazo sirva para subsanar el gigantesco desequilibrio del sistema, cifrado en términos actuales entre 61.000 y 83.500 millones de euros?

De ningún modo. El propio PSOE ha reconocido que su colección de ocurrencias son meros parches transitorios que no solventan el problema de fondo de su modelo de Seguridad Social sin recortes. Lean, si no, este elocuente párrafo del documento presentado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE:

Las medidas que proponemos son de corto plazo y por ello deben tener vigencia de inmediato y hasta que las causas inmediatas del desequilibrio actual hayan desaparecido. Sin embargo es posible que las mismas, o medidas similares, sigan siendo necesarias en el medio plazo. Como antes se señalaba, a partir de 2023 probablemente el ajuste deberá continuar por la existencia de un nuevo desequilibrio: el ocasionado por la entrada creciente como pensionistas de las cohortes del “baby boom”. Solamente a partir de 2050 se volverá a equilibrar el sistema y hasta entonces, probablemente, deberemos inyectar recursos complementarios.

O dicho de otra manera: “multiplicamos a medio plazo el gasto público derogando la última reforma de las pensiones y, para guardar las apariencias, presentamos una batería de subidas de impuestos que ni siquiera permiten cubrir el déficit de la Seguridad Social en el corto plazo”. Si el PSOE quisiera reformar de verdad el sistema público de pensiones, no se habría limitado a prometer incrementos del gasto público a medio-largo plazo, sino que habría explicado, de manera suficientemente detallada, cómo piensa financiarlos. Pero no lo ha hecho: se ha limitado a prometer trigo sin explicar cómo pagarlo. ¿Por qué? Pues porque anunciar mejores pensiones proporciona votos, pero explicar de dónde saldrá el dinero para sufragarlas… los quita. Y los políticos no aspiran a mejorar la vida de la gente, sino a manipularla para consolidarse en el poder.

A la postre, no olvidemos que el modelo del PSOE para reflotar la Seguridad Social es la contribución social generalizada de Francia: a saber, un impuesto anual del 9,2% sobre todos los salarios y del 6,6% sobre todas las pensiones superiores a 785 euros mensuales. Es verdad que los socialistas españoles no han propuesto, de momento, nada parecido a tales gravámenes, pero tampoco seamos inocentes: la propia contribución social generalizada también arrancó hace 25 años en Francia con apenas un tipo del 1,1% sólo sobre los salarios. Lo importante es colar de rondón el impuesto: una vez logrado, ya puede ir creciendo año tras año hasta fagocitar gran parte de los ingresos de los españoles para así mantener incólume el ruinoso sistema público de Seguridad Social. ¿O a qué creen, si no, que se refiere el PSOE cuando de tapadillo reconoce que, a partir de 2023, “deberemos inyectar recursos complementarios” en el sistema?

En definitiva, el PSOE se compromete a no bajarnos las pensiones antes de impuestos porque planea —aun sin comunicarlo oficialmente— bajarnos los salarios y las pensiones después de impuestos. Trilerismo electoral a cuenta de un problema —el de la insostenibilidad de las pensiones públicas— que nadie se atreve a coger por los cuernos.