El sistema público de pensiones ha vuelto a copar la actualidad informativa después de que el PSOE propusiera derogar la última reforma del PP a cambio de aumentar los impuestos a la banca y de que, por su parte, el Gobierno de Rajoy haya lanzado el globo sonda de permitir el cálculo voluntario de la pensión a partir de lo cotizado durante toda la vida laboral. Ambas formaciones políticas nos venden sus nuevas ocurrencias como vías para mejorar las pensiones de todos los españoles, echándole —cómo no— la culpa al otro partido por la mala situación presente y futura de la Seguridad Social.

Pero, ¿quién es el responsable de que, a lo largo de los próximos años, los españoles vayan a ver recortadas sus pensiones públicas hasta en un 40%? Pues, de entrada, lo son tanto PSOE como PP y, además, en prácticamente la misma medida. Recordémoslo brevemente.

En primer lugar, el PSOE de Zapatero reformó la Seguridad Social en 2011: por un lado, elevó la edad de jubilación hasta los 67 años; por otro, endureció las condiciones para el devengo de la pensión (ésta pasa a calcularse a partir de los últimos 25 años de vida laboral y sólo aquellos que hayan trabajado durante al menos 37 años tienen derecho a recibir el 100% de la misma). Semejante rebaja de las pensiones públicas no es la que el PSOE de Sánchez ha propuesto suprimir: cabe entender, pues, que se muestra plenamente conforme con ella.

Posteriormente, el PP de Rajoy volvió a reformar la Seguridad Social en 2013: por un lado, desindexó la evolución de las pensiones públicas del IPC, sometiéndolas a un índice de revalorización anual que depende de su situación financiera (mientras la Seguridad Social mantenga un déficit estructural, las pensiones no aumentarán nominalmente más de un 0,25% anual); por otro, aprobó el Factor de Equidad Intergeneracional, de acuerdo con el cual los ingresos de los nuevos pensionistas caerán según vaya aumentando la esperanza de vida (aproximadamente, cada año extra de esperanza de vida reducirá las pensiones devengadas en un 4% a partir de 2019). Ésta es la reforma que Pedro Sánchez ha prometido eliminar.

Pues bien, ¿cuál de ambos rejonazos a la Seguridad Social va a suponer un mayor recorte en las pensiones de los españoles? Ambos en casi igual medida. Como puede observarse en el siguiente gráfico, la reforma socialista supondrá en 2050 una reducción del gasto en pensiones desde alrededor del 21% del PIB al 17,5% (3,5 puntos del PIB), mientras que la reforma del PP implicará una minoración adicional desde el 17,5% del PIB al 12,5% (5 puntos del PIB). En términos promedios, la reforma del PSOE generará un ahorro del gasto público en pensiones de 2,2 puntos del PIB por año, mientras que la del PP uno de 3,1 puntos anuales: en total, pues, un tijeretazo medio de 5,3 puntos del PIB por año (el equivalente a 55.000 millones de euros actuales).



Por consiguiente, tanto PSOE como PP han promovido durante los últimos años una profunda rebaja de las pensiones públicas que recibirán los españoles a lo largo de las próximas cuatro décadas. Ninguno de los dos está en absoluto legitimado a rasgarse las vestiduras por la gestión de la Seguridad Social que ha efectuado el otro, pues ambos han sido cómplices en la progresiva erosión de estas prestaciones estatales.

Ahora bien, sería torpemente conspirativo pensar que tanto PP como PSOE han optado por minorar las pensiones públicas por mero sadismo hacia los jubilados o por mero servilismo ante la oligarquía patria. El objetivo prioritario de sendas formaciones políticas es mantenerse en el poder y, para ello, nada mejor que sobarles el lomo a los 8,6 millones de pensionistas actuales que, además, aumentarán progresivamente en número hasta alcanzar los 15,1 millones en 2050. La auténtica razón detrás del enorme recorte de las pensiones públicas es, simple y llanamente, la propia insostenibilidad del sistema público de reparto.

Como ya hemos expuesto, sin las reformas de PSOE y PP, el gasto medio de la Seguridad Social entre 2017 y 2057 aumentará en 5,3 puntos del PIB por año: una cifra que es absolutamente infinanciable sin saquear a las clases medias (esto es, sin seguir el terrible modelo francés). A la postre, en la actualidad, los contribuyentes que ingresan anualmente más de 60.000 euros poseen unas rentas agregadas de aproximadamente el 6% del PIB, de los cuales ya abonan en concepto de IRPF el 1,8% del PIB: o dicho de otra forma, aun cuando decidiéramos rapiñar la totalidad de las rentas de quienes ingresan más de 60.000 euros anuales, tan sólo aumentaríamos la recaudación en 4,2 puntos del PIB de los 5,3 que necesitaríamos para cubrir el agujero de las pensiones (y eso suponiendo, claro, que imponiendo un tributo del 100% sobre los ingresos superiores a 60.000 euros no haría que tales ingresos se hundieran, cosa que evidentemente sucedería).

En suma, aunque PSOE y PP han sido los brazos ejecutores del tijeretazo de las pensiones públicas, el motivo último detrás del mismo es la insostenibilidad demográfica de ese timo piramidal denominado Seguridad Social. La responsabilidad de PSOE y PP en el brutal recorte que se nos avecina no reside tanto en haber levantado acta de defunción del cadáver, sino en haber defendido a capa y espada durante décadas un sistema tan sumamente antisocial e injusto como es el de las pensiones públicas de reparto: fueron ellos quienes manipularon a la ciudadanía para que se mantuviera genuflexa ante las pensiones públicas y fueron ellos quienes obstaculizaron y denostaron toda propuesta de avanzar hacia un mucho más viable y generoso sistema de capitalización. Ésa es su auténtica responsabilidad en el fiasco previsional que sufriremos todos los españoles durante las próximas décadas.