Sin las reformas ya aprobadas (es decir, sin los recortes ya decretados), el gasto anual en pensiones aumentará estructuralmente una media de 5,3 puntos del PIB durante las próximas décadas. En consecuencia, todas aquellas formaciones políticas o sociales que rechacen el tijeretazo del gasto público patrocinado por PSOE y PP deben proponer mecanismos alternativos para incrementar anualmente los ingresos públicos en una media de 5,3 puntos del PIB: esto es, en el equivalente a casi toda la recaudación del IVA.

Probablemente, una de las ideas que ha alcanzado un mayor predicamento dentro de la izquierda —tanto Podemos, como UGT o CCOO la defienden— sea la de “destopar” las cotizaciones sociales. Y es que, en la actualidad, todos los trabajadores somos forzados a abonar el 28,3% de nuestros salarios para hacer frente al pago de las pensiones. Sin embargo, aquellos profesionales que logran remuneraciones superiores a 45.014 euros anuales no soportan pagos superiores a esa base (máxima) de cotización; es decir, cotiza lo mismo quien gana 45.014 euros anuales que quien gana 200.000 euros: en concreto, 11.838,8 euros al año.

En este sentido, la propuesta de la izquierda pasa por eliminar las bases máximas de cotización, de tal manera que quien ingrese 200.000 euros anuales no abone sólo 11.838,8 euros para sostener las pensiones, sino 56.600 euros. Merced a tal reforma —que, de manera silenciosa, también ha venido siendo ejecutada por PSOE y PP desde el inicio de la democracia—, la izquierda espera recaudar anualmente entre 0,6 y el 0,8 puntos del PIB (Podemos, el 0,6%; UGT, el 0,7%; y CCOO, el 0,8%). Nótese que el “destope” de las cotizaciones sociales dista de ser ninguna panacea incluso según sus principales promotores —necesitan aumentar la recaudación en 5,3 puntos del PIB y su “destope” apenas proporciona como máximo 0,8 puntos—, pero al menos podría constituir un primer paso para comenzar a cerrar el enorme agujero de la Seguridad Social. ¿Realmente es así?

De entrada, comencemos aclarando por qué existe una base máxima de cotización a la Seguridad Social, esto es, por qué paga la misma cotización quien ingresa 45.014 euros que quien gana 200.000. La respuesta es bastante sencilla: existe una base máxima de cotización porque también existe una pensión máxima de 36.121 euros anuales. Dado que nuestro sistema público de pensiones es, presuntamente, un sistema contributivo (“tanto cotizas hoy, tanto cobras mañana”), el tope en el cobro de pensiones necesariamente ha de implicar un tope en el pago de cotizaciones.

En este sentido, cuando Podemos, UGT y CCOO propugnan “destopar” las bases máximas de cotización sin, al mismo tiempo, “destopar” las pensiones máximas, lo que están proponiendo simple y llanamente es un impuestazo extraordinario —y sin contraprestación contributiva alguna— sobre los sueldos superiores a 45.014 euros para así rellenar las vacías arcas de la Seguridad Social. Sin embargo, más allá de la inmoralidad de semejante robo, cabe plantearse si al menos es eficaz para lograr sus objetivos: ¿acaso un impuestazo extraordinario del 28,3% sobre las renta laborales superiores a 45.014 euros anuales podría incrementar la recaudación de la Seguridad Social en hasta ocho décimas del PIB?

Tomemos como punto de partida la metodología empleada por CCOO para estimar los ingresos adicionales que podrían alcanzarse mediante un “destope” de las cotizaciones. Según el sindicato, las bases exentas de cotización el en año 2015 totalizaban 30.479 millones de euros: en consecuencia, en caso de haberles aplicado un tipo del 28,3%, la Seguridad Social habría recaudado 8.625,5 millones de euros adicionales (aproximadamente, el 0,8% del PIB). Nótese, empero, lo simplista de la metodología empleada: CCOO presupone que es posible imponer un tributazo extraordinario del 28,3% sobre unos ingresos de 30.479 millones de euros sin que los perceptores de esos ingresos modifiquen su compartimento para protegerse de semejante confiscación. A la postre, es obvio que los perceptores de tales rentas podrían, entre otras reacciones, trasladarse fuera de España o disminuir el número de horas que trabajan: por consiguiente, no es correcto presuponer, sin mayor evidencia, que será posible extraer íntegramente el 28,3% de los 30.479 millones de euros de las bases actualmente exentas de cotizar.

Justamente, para medir cuál es la reacción de la base imponible de un impuesto ante una variación de su gravamen, contamos con un instrumento conocido como “elasticidad de la base imponible”. En general, la elasticidad de la base imponible suele ubicarse en torno a 0,4: es decir, un incremento del 1% en el tipo impositivo conduce a una reducción del 0,4% en la base imponible, de manera que la recaudación global tiende a aumentar. Sin embargo, esa elasticidad suele ser más elevada entre las rentas altas, dado que éstas tienen mayor flexibilidad a la hora de alterar los términos en los que desarrollan su empleo (reducción de horas trabajadas o traslado a otros países): de ahí que sea más complicado aumentar la recaudación por la vía de incrementar los tipos impositivos sobre “los ricos”.

En el caso específico de España, la elasticidad de la base imponible supera claramente la unidad para las rentas medias-altas y, desde luego, para las más altas (por ejemplo, Díaz Caro y Onrubia estiman, a partir de los 52.360 euros, una elasticidad mínima de 1,21; a su vez, Félix Sanz obtiene una de 2,7 para el cuarto cuartil de renta, esto es, para los salarios por encima de unos 40.000 euros). O dicho de otra manera, un incremento de los tipos impositivos del 1% reduce la base imponible más del 1%, de manera que la recaudación total cae ante un incremento de los gravámenes sobre los ingresos de las rentas medias-altas. En suma: la mejor evidencia de que disponemos nos indica que hay muy poco margen para “rascar” nuevos ingresos de las rentas altas y medias-altas; de hecha, lo que nos indica es que muy probablemente la recaudación se reduzca.

Así las cosas, debería resultar evidente que toda la retórica socialista dirigida a “destopar” las cotizaciones sociales apenas constituye una treta demagoga para desviar la atención del auténtico problema de sostenibilidad que sí padecen las pensiones públicas: una forma de mantener las apariencias de cara a un electorado que lleva décadas confiando ingenuamente en la ilimitada providencia de un Estado de Bienestar que, cada día con mayor claridad, demuestra que sólo es capaz de sobrevivir a costa de expoliar a quienes supuestamente son sus más directos beneficiarios. A ellos poco les importa: no medran aportando soluciones a quienes urgentemente las necesitan, sino mintiéndoles para seguir acaparando su manipulado apoyo.