Ciudadanos es un partido que dice querer renovar el centro-derecha nacional sobre unas bases más liberales. Hace un año, de hecho, eliminó el término socialdemócrata de su ideario para retener únicamente el calificativo ideológico de “liberal”. De ahí que debiera resultar desconcertante que los de Albert Rivera hayan abrazado en el parlamento andaluz las tesis liberticidas del PSOE de Susana Díaz según las cuales habría que establecer un tipo armonizado mínimo del Impuesto sobre Sucesiones en todo el ámbito nacional.

La propuesta, claro está, constituye un misilazo en la línea de flotación fiscal de la Comunidad de Madrid. En esta autonomía, ya desde los tiempos de Esperanza Aguirre, el Impuesto sobre Sucesiones se halla bonificado al 99% dentro del ámbito familiar (ni siquiera el PP madrileño se atrevió a bonificarlo al 100% para toda transmisión hereditaria), lo que supone un importante foco de atracción patrimonial desde el resto de España. Dado que todas las demás autonomías son alérgicas a rebajar en idéntica medida este tributo confiscatorio y antisocial, muchos españoles optan por exiliarse a morir en Madrid para que las diferentes haciendas autonómicas no saqueen a sus causahabientes.

No es casualidad. De acuerdo con el Colegio de Economistas, un soltero de 30 años que herede un capital de 800.000 euros deberá pagar un impuesto sobre la muerte de 155.400 euros en Aragón o de 134.400 euros en Asturias, pero solo de 1.600 euros en Madrid o de 130 euros en Canarias. Por fortuna para aragoneses o asturianos, autonomías como la madrileña o la canaria ofrecen alternativas a sus contribuyentes para escapar del infierno fiscal en el que viven.

Precisamente por ello, un partido que realmente se tomara en serio el liberalismo —esto es, la libertad de cada persona para disponer de su propiedad en las distintas etapas de su vida— propondría indudablemente eliminar tan injusto impuesto en toda España. O, si tal medida no resultara políticamente factible debido al grado de descentralización administrativa y fiscal que exhibe nuestro país, al menos trataría de impulsar su supresión en cada autonomía donde ejerciera cierta influencia política. De hecho, por una elemental competencia fiscal, a poco que varios gobiernos regionales se lanzaran a enterrar el Impuesto sobre Sucesiones, los restantes se verían inexorablemente empujados a hacer lo propio para evitar una sangría patrimonial mucho mayor de la que ya están viviendo actualmente con respecto a la Comunidad de Madrid.

En este sentido, es verdad que Ciudadanos ha tratado de influir sobre el gobierno de algunas autonomías para incrementar las bonificaciones del mentado tributo. Por ejemplo, en Andalucía consiguieron bonificar al 99% las herencias entre familiares de importe inferior a un millón de euros; y también en Castilla y León han impulsado la elevación del mínimo exento. Sin embargo, mientras que en algunas comunidades instan a rebajar este impuesto, en otras persiguen el objetivo de incrementarlo so pretexto de igualarlo en toda España. Ése es justamente el error: obsesionarse por la igualdad tributaria aunque ello suponga empeorar la situación fiscal de autonomías como Madrid o Canarias. Lo verdaderamente crucial para un liberal no es la igualdad tributaria, sino la libertad tributaria.

En definitiva, la formación naranja debería aclarar sus ideas sobre política fiscal y, en particular, sobre el Impuesto sobre Sucesiones: en particular, debería rechazar de plano un tributo que grava la transferencia de un ahorro que ya había sido penalizado y rapiñado previamente por el propio erario. No hay espacio para postularse liberal y, al mismo tiempo, defender que madrileños, cántabros o canarios paguen muchos más impuestos sobre la muerte de los que, afortunadamente para sus obligaciones, están pagando ahora.