El notable encarecimiento de la factura eléctrica durante los últimos años ha animado a un importante sector de la ciudadanía a cargar contra la privatización de los “sectores estratégicos” e incluso a reclamar su renacionalización para garantizar una provisión barata y de calidad. “Lo que es del pueblo debe regresar al pueblo”, se nos repite constantemente. Sucede que, en realidad, la mayoría de personas que defienden la existencia de empresas públicas no son conscientes de qué están reclamando exactamente: pues lejos de exigir su porción de propiedad sobre las mismas, están en realidad peticionando que esas empresas sean un cortijo privativo de la plutocracia política.

¿Empresas públicas o empresas estatales?

Suele afirmarse que las empresas públicas son preferibles a las privadas por cuanto pertenecen a todos los ciudadanos. Mientras que las corporaciones privadas son propiedad de un grupo, en ocasiones muy reducido, de accionistas, las públicas son, en cambio, propiedad de todas las personas que pueblan un país. La distinción no es fruto de ninguna arbitrariedad: las compañías privadas nacen y crecen a partir de la acertada inversión inicial del capital ahorrado por un grupo reducido de personas que, en consecuencia, son sus propietarios. En cambio, las empresas públicas suelen ser creadas con el dinero extraído a todos los ciudadanos mediante el Fisco (obvio de momento el muy común caso de que la empresa pública resulte de la nacionalización expoliadora de una privada).

Siendo engendradas las empresas públicas a partir de los impuestos que soporta la ciudadanía, parece razonable que todos los individuos posean un derecho de propiedad sobre la misma. Desde luego, podríamos discutir la configuración específica y el alcance de esos derechos de propiedad (quien ha pagado más impuestos, ¿posee porciones mayores de la propiedad o cabe entender que esas personas adquirieron forzosamente su participación con una prima de emisión gigantesca?), pero nadie debería negar que los ciudadanos son, en efecto, propietarios de la empresa pública.

Con todo, una vez aceptada esta premisa, debemos inmediatamente plantearnos la siguiente cuestión: si yo soy copropietario de una compañía pública, ¿no debería poder vender a un tercero mi participación? No olvidemos que el valor de una cuota de copropiedad (de una acción) es igual al importe descontado de sus beneficios futuros: quien vende una cuota de copropiedad sólo está adelantando hoy los pagos que, como copropietario, espera recibir en el futuro. ¿Por qué un ciudadano no debería poder enajenar en el mercado de su cuota de copropiedad sobre una empresa pública?

Imaginemos un país donde su parque de empresas públicas sea tal que cada ciudadano posea una cuota de copropiedad valorada en 15.000 euros. Si un ciudadano desea desprenderse de esas participaciones para, por ejemplo, pagar la entrada de una hipoteca, ¿quiénes somos el resto de ciudadanos para prohibírselo? Nadie: no hay motivo para impedirle echar mano de parte de su patrimonio –en concreto: de aquella parte invertida en empresas públicas– para atender sus necesidades. Sería tan absurdo como prohibirle a una persona con dos inmuebles en propiedad vender uno de ellos para hacer frente a sus gastos corrientes o, simplemente, para rotar su posición patrimonial (reducir su exposición al ladrillo e incrementar en, verbigracia, la deuda corporativa).

Mas he ahí el auténtico germen de la cuestión: si quienes afirman que las empresas públicas son propiedad de los ciudadanos realmente creyeran en su aserto, pronto asistiríamos a una reordenación de los derechos de propiedad sobre las mismas. Muchas personas optarían por hacer caja con sus participaciones en empresas públicas, traspasándoselas a otros accionistas minoritarios que prefieran capitalizar sus ahorros como copropietarios de la compañía (cobro de dividendos y crecimiento orgánico) o a otros accionistas mayoritarios que aspiren a reemplazar al actual Consejo de Administración para poder imprimir un cambio de rumbo en la gestión. En suma, lo que tendríamos es una empresa privatizada a partir de una originaria propiedad pública.

Sin embargo, nada de lo anterior entronca con el discurso de quienes defienden la titularidad pública de ciertos sectores económicos: y es que su objetivo real –consciente o inconsciente– no es que los ciudadanos sean propietarios reales de esas compañías, sino que la casta política goce del privilegio de gestionar y de manejar a su antojo los ahorros de los ciudadanos forzosamente inmovilizados en unas compañías que no habría que calificar de “públicas” sino de “estatales”.

¿Re-estatalizar o liberalizar?

Visto desde esta óptica, es obvio que la existencia de empresas públicas pierde buena parte de su romántico encanto. Al igual que también pierden parte de su presunción fraudulenta los procesos de privatización de las antiguas empresas públicas españolas: lo objetable no es que se transfirieran los derechos de propiedad sobre “las joyas de la corona” españolas, sino que esa transferencia la administraran los políticos y no los propios ciudadanos en su calidad de copropietarios de las mismas (nota bene: la privatización fue gestionada por los mismos políticos a los que los partidarios de las empresas estatales encomendarían exclusivamente su dirección).

Ciertamente, habría sido muy preferible que, tal como sucedió en algunos países europeos exsocialistas, la privatización hubiese sido directamente impulsada por los ciudadanos. Pero, en el fondo, esto debería resultar del todo indiferente para aquellas personas que consideran que el gasto público se orienta hacia el bien común: los ingresos extraordinarios que obtuvo el Estado por la privatización de las compañías públicas se tradujeron en gastos públicos y transferencias sociales extraordinarios que “revirtieron” en la ciudadanía propietaria de esas empresas. Quienes ven con buenos ojos el cobro de impuestos y los resultantes desembolsos estatales no deberían plantear demasiadas objeciones a ese método de privatización.

Por consiguiente, la cuestión a plantearse a día de hoy es: ¿debemos re-estatalizar las empresas que el Estado privatizó? A saber, ¿debemos expoliar a los ahorradores privados que nos adquirieron nuestra participación en las empresas públicas? Estatalizar empresas privatizadas en estos momentos no sería muy distinto a venderle hoy mi casa a un vecino con el propósito de expropiársela dentro de quince años. No parece lo más justo… ni, tampoco, lo más necesario.

El mal funcionamiento de los sectores privatizados no se debe a que no los estén manejando directamente nuestros políticos, sino a que los siguen manejando indirectamente mediante numerosísimas regulaciones que limitan la verdadera competencia. La solución no pasa por renacionalizar para estatalizar, sino por liberalizar para privatizar sanamente: es decir, que los nuevos empresarios y los nuevos modelos de negocio disruptivos pongan verdaderamente en jaque a los antiguos mastodontes estatales por la vía de generar mucho más valor y un muy menor precio para el consumidor. No todavía más Estado, sino mucho más libre mercado.