Las Sicav se han convertido desde hace años en el chivo expiatorio de la demagogia pro-burbuja estatal. Aquellos que aspiran a mantener un sector público sobredimensionado pero no quieren soportar en sus propias carnes el imprescindible coste asociado –unos impuestos expansivamente salvajes–, apelan siempre a estos vehículos de inversión para argumentar que, si se forzara a los ricos a pagar más de un 1%, Montoro podría nadar en océanos de ingresos fiscales.

Tan delirante tesis adolece sólo de un pequeño problema numérico, a saber, que bajo el más favorable de los supuestos, la recaudación que se obtendría por unas Sicav que tributaran como toda empresa al 30% de sus ganancias ni siquiera llegaría a los 1.000 millones de euros, es decir, menos del 1,3% del déficit actual; en el supuesto más realista, ni siquiera cubriría el 0,5%. Migajas que, en realidad, sólo actúan a modo de anestesiante canalizador del resentimiento social.

A la postre, aquel mantra de que los ricos, merced a las Sicav, sólo pagan el 1% de impuestos no pasa de machacona propaganda en favor del servilismo fiscal. Los ricos, cuando retiran sus ganancias de la Sicav, tributan, como todo español, según su tipo marginal del ahorro; es decir, en la práctica totalidad de los casos, al 27% de las plusvalías. El 1% únicamente lo abonan cuando la Sicav obtiene ganancias con la venta de un activo que, en lugar de distribuírselas a su propietario, son reinvertidas en otros activos dentro de la propia Sicav. Puro sentido común: si la operación financiera se limita a modificar la posición de la inversión (vender Telefónica; comprar Inditex), la plusvalía no se ha transformado todavía en renta corriente del inversor por la que quepa obligarle a tributar. Penalizar fiscalmente la rotación de cartera sólo contribuye a desincentivar la venta de aquellos activos sobrevalorados y la compra de aquellos otros infravalorados, consolidando una engañosa y distorsionadora estructura de precios en los mercados financieros.

Pero no se reconcoma por la envidia. Las condiciones fiscales de una Sicav son calcadas a las que todo hijo de vecino puede disfrutar llevando sus ahorros a un fondo de inversión tradicional (pues el régimen fiscal de las Sicav lo es, en realidad, de todas las instituciones de inversión colectiva, de las que las Sicav o los fondos de inversión son sólo dos subespecies). Sí, en efecto: si usted quiere emular a los multiprivilegiados propietarios de una Sicav, sólo necesita depositar su ahorro en uno de esos diversísimos productos financieros que los bancos gustan de vender como enciclopedias y con cacerolas asociadas.

Ahora bien, las Sicav sí acarrean una importante ventaja frente a los fondos de inversión disponibles para las clases medias: mientras que el rico puede manejar directamente el capital de su Sicav, las clases medias se ven abocadas a confiárselo al gestor del fondo para poder disfrutar del régimen fiscal de las instituciones de inversión colectivas. Es decir, la Sicav es mucho más flexible que un fondo de inversión para aquel que quiera invertir en bolsa por su cuenta y riesgo (paródicamente, pocos de los que claman en contra de las Sicav tienen la más mínima intención de hacerlo).

De ahí que, si como anunciara esta semana el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, el Gobierno opta finalmente por crear en 2015 una Sicav para las clases medias (una cuenta de ahorro financiero dentro de la que se puedan comprar y vender activos pagando sólo un 1% sobre las plusvalías mientras no se saque capital de la cuenta), estaríamos ante la primera noticia genuinamente positiva que nos habrá dado este nefasto Ejecutivo en toda su liberticida legislatura. Sería un importante primer paso adelante en la creación de una muy necesaria sociedad de propietarios dentro de España; un primer paso que, para ser realmente efectivo, debería ir inmediatamente seguido por una tributación mucho menos sanguinaria sobre las rentas reales del ahorro.

La noticia, pues, sería digna de elogio de no ser por venir de donde viene: conocida la insaciable voracidad fiscal de Montoro y la mendacidad sin límites de Rajoy, cuesta esfuerzos sobrehumanos confiar en que tan buena idea vaya a terminar materializándose en un texto legislativo sin muertos en el armario. A la postre, el único propósito cierto de este Gobierno en materia tributaria ha sido el de convertir a España en un infierno fiscal que le permita costear su socialdemócrata Estado hipertrofiado. Cualquier otra consideración está subordinada a tal fin y no pasa de ser una cortina de humo convenientemente azuzada para enmascarar su sádico expolio.