De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa relativos a los salarios vigentes en España en 2017, los trabajadores en el sector privado percibieron durante ese año una remuneración media de 1.719 euros al mes, mientras que los trabajadores en el sector público amasaron unos salarios de 2.598 euros mensuales: es decir, los empleados públicos cobraron un 51% más que sus pares en el sector privado. La brecha es muy considerable, habida cuenta de que, en última instancia, son los trabajadores del sector privado quienes, como contribuyentes, sufragan esos desproporcionados salarios.

Tradicionalmente, este sobresueldo del empleado público frente al privado ha tratado de explicarse por diferencias en el perfil de los puestos de trabajo. Se nos ha dicho que el trabajador público medio está mejor formado que el privado, que acumula más años de experiencia en su ocupación o que el peso de los contratos temporales y a tiempo parcial es mucho menor en el sector público que en el privado. Y, desde luego, todos estos factores son relevantes para explicar una parte de la brecha existente entre los sueldos públicos y los privados: pero no permiten aclarar la totalidad de la misma.

Así, en un reciente informe elaborado por la Comisión Europea (Labor market and wage developments in Europe), se trata de estimar cuál es la brecha salarial entre el sector público y el privado una vez se eliminan todos los sesgos anteriores (edad, formación, tipo de contrato, horas de trabajo, etc.) que podrían justificar diferencias de remuneración. Y el resultado es que, aun corrigiendo por todos esos factores, los sueldos de los empleados públicos son, como media, un 20% superiores a los de los empleados privados. Se trata, por cierto, de la tercera mayor brecha de toda la Unión Europea, sólo por detrás de Chipre o Luxemburgo. En otros países de nuestro entorno, en cambio, la brecha es muy inferior: de menos del 10% en Alemania, del 0% en Francia o incluso ligeramente negativa en el caso de Finlandia (es decir, el salario medio del sector público es inferior al del sector privado).

En definitiva, los empleados públicos cobran un 20% más que sus pares privados por razones que no son objetivamente justificables de ningún modo: se trata de una mera prebenda con la que los políticos los han agraciado históricamente con el más que probable intento de captar su voto. Pero semejante prima salarial le genera dos graves problemas a la economía española: un presupuestario y otro de especialización productiva.

En cuanto al problema presupuestario, el sobresueldo injustificado de los empleados públicos le cuesta a las arcas públicas alrededor de 15.000 millones de euros anuales: una cifra que repercute en mayores impuestos sobre la economía productiva y que, en consecuencia, hunde nuestro potencial de generación de riqueza.

En cuanto al problema de especialización productiva, el sobresueldo injustificado de los empleados públicos pervierte los incentivos a los que se enfrenta la juventud española: si trabajando para la Administración se consigue un empleo “garantizado” de por vida y, además, sustancialmente mejor remunerado que en el sector privado, entonces la aspiración racional de todo español será la de convertirse en empleado público. ¿Cuánto talento está desperdiciando nuestra economía como consecuencia de los malos incentivos salariales que genera el Estado? El coste de oportunidad de esta pérdida resulta difícilmente calculable.

En definitiva, la brecha salarial entre el sector público y el sector privado es algo que deberíamos corregir lo antes posible: no existe justificación para que un empleado público cobre de media un 20% más que uno privado. Pero, ¿qué político le pondrá el cascabel a tan revoltoso gato?