La crisis económica española se debió esencialmente a la brutal expansión crediticia global que promovieron los bancos centrales de todo el planeta y que fue transmitida a la economía real (burbujismo) a través de nuestro sistema bancario. Como los bancos centrales otorgaron financiación artificialmente barata a nuestras entidades de crédito y como, además, sus acreedores eran conscientes de que cualquier mala praxis por su parte terminaría en un rescate estatal, bancos y cajas se lanzaron a ofertar préstamos en condiciones laxas a familias y empresas, las cuales se sobreendeudaron en proyectos relacionados con el ladrillo. En suma, fueron los privilegios legales que el Estado otorga a la banca —refinanciación laxa del banco central y expectativa de rescate— los que alimentaron el riesgo moral de nuestras entidades crediticias y, de ahí, su comportamiento extremadamente imprudente.

Precisamente por eso, a su vez, las prácticas de las cajas de ahorros fueron aún más irresponsables que las de los bancos: como en todo caso los rescates estatales se dirigen en favor de los acreedores y no de los accionistas, el riesgo moral de los bancos estuvo parcialmente atemperado por el propio interés de los accionistas (mucha imprudencia significaba incrementar el riesgo de pérdidas futuras). No así el de las cajas, que carecían de accionistas y eran controladas mayoritariamente por nuestros políticos: políticos que, por usar la reciente expresión de Nassim Taleb, carecían de skin in the game (no se jugaban sus propias fortunas).

La historia, a estas alturas de la película, debería resultar evidente para todos. Para todos, claro, menos para quienes tienen un interés en reescribir la historia. Eso es lo que acaban de hacer PP y PSOE, con la connivencia de Podemos, en la comisión parlamentaria para la investigación de la crisis financiera en España. El dictamen que acaba de ser aprobado por los dos partidos mayoritarios y con la muy significativa abstención de Podemos considera falsa “la tesis sobre la influencia política como causa explicativa del mayor impacto de la crisis en las cajas de ahorro”. A su juicio, no puede afirmarse que “la potestad de determinadas instituciones públicas en el nombramiento directo de consejeros sea negativa de por sí”, sino que depende del sistema de incentivos al que esas personas se enfrenten, todo lo cual vendría a “refutar la teoría de que el problema de las cajas era su politización”.

Por supuesto, la Comisión parece no haberse planteado que los incentivos a los que se enfrentan las cajas politizadas puedan ser muy distintos a los que se enfrentan los bancos controlados por los accionistas: tal como nos señala contundentemente la evidencia empírica, las cajas politizadas tienen el poderoso incentivo a instrumentar el crédito para maximizar las probabilidades de reelección de los políticos (de muy diversos modos: favores a lobbies, creación de redes clientelares, o estímulo cortoplacista de la economía), aun a costa de generar pérdidas que terminan siendo externalizadas a los contribuyentes. La banca privada, por su parte, también se enfrenta a pésimos incentivos debido a los privilegios que les otorga el Estado, pero, como decimos, al menos sus accionistas se enfrentan al riesgo de perderlo todo (lo que los lleva a ser marginalmente menos imprudentes).

Que PP y PSOE hayan pisoteado la lógica más elemental y la mejor evidencia disponible no es de extrañar: si eres juez y parte, tenderás a manipular la sentencia en función de tus intereses. Y eso es, justamente, lo que han hecho ambas formaciones políticas: contarnos que la dominación absoluta que ejercieron durante décadas sobre las cajas no tuvo ninguna influencia significativa en el fiasco subsiguiente. Al igual que sucedía con la corrupción estructural del PP, el desastre de las cajas fue causado por una sucesión desafortunada de “casos aislados” que no guardaba relación alguna con la estructura de control que PP y PSOE ejercieron sobre las cajas.

Más sorprendente podría parecer que Podemos no se haya opuesto frontalmente a semejante fraude político: debería resultar inexplicable que el partido que nació para combatir a la casta haya convalidado una de las principales manifestaciones del poder de esa casta durante la época de la burbuja, a saber, su infiltración en los órganos directivos de las cajas de ahorros. Pero tal comportamiento tiene una motivación muy evidente: el modelo de banca que defiende Podemos es exactamente el calamitoso modelo de las cajas de ahorro. La banca pública —esto es, la banca controlada cortijeramente por los políticos— adoptó en España la forma de las cajas de ahorros. ¿Cómo denunciar la politización de estas entidades de crédito cuando a lo que aspira Podemos es, justamente, a politizarlas todas? Podemos no nació para acabar con la casta, sino para ocupar su lugar.

En definitiva, el dictamen de la comisión parlamentaria sobre el origen de la crisis es una perfecta representación de la naturaleza de nuestra clase política: una vieja casta gobernante —PP y PSOE— que ha arruinado al país y que pretende ocultarnos su enorme responsabilidad en lo sucedido junto con una neocasta —Podemos— que aspira a tomar el poder para repetir exactamente las mismas malas artes de la vieja casta.