El año 2014 depara algunas desagradables sorpresas en materia fiscal para los españoles, y particularmente en materia energética. Por una parte, el temido déficit de tarifa eléctrica llega ya a la exorbitante cifra de 30.000 millones de euros. Delante de lo abultado de este número (representa un 3% del PIB oficial de España) el Gobierno estuvo a punto de aceptar una nueva subida del recibo de la luz, esta vez del 11%, que al final redujo al 2,5% con una revisión del sistema de subastas que se utiliza para fijar el precio. El problema con el déficit seguirá coleando durante mucho tiempo hasta que se acepte reestructurar esta inasumible deuda, gracias a la cual se está justificando tanta sobrerregulación en el sector eléctrico con consecuencias que a largo plazo serán funestas (como por ejemplo las excesivas trabas al autoconsumo).

Menos publicitadas, sin embargo, se han tomado otras medidas que afectan muy en particular al mercado de los combustibles. Por ejemplo, desde el 1 de Enero el Estado ya no paga la subvención a los biocombustibles que por ley sigue siendo obligatorio incorporar a la gasolina y el diésel, con lo que al error de utilizar los biocarburantes se le añade la obligación del pago de su coste a los distribuidores. Dado los márgenes decrecientes con los que trabajan los distribuidores este sobrecoste se acabará trasladando más temprano que tarde al consumidor, inhibiendo aún más el consumo (que en España ha caído más de un 25% desde los máximos de 2008) y retroalimentando la espiral de esta crisis que no acabará nunca. En este caso el Estado no aumenta la recaudación pero disminuye el gasto, endosándoselo a los consumidores en un producto cuya demanda es bastante inelástica (es decir, que no cambia mucho al margen del precio) hasta que la propia demanda resulta en parte destruida.

Pero al margen de esta medida se contemplan otras que sí que van dirigidas al aumento de la recaudación. Especialmente onerosa será la obligada transposición de la Directiva Europea 2012/27 que fuerza, entre a otras cosas, a una disminución del consumo de energía primaria en España de un 1,5% anual de 2014 a 2020 (un 9% en todo ese período con respecto al valor de 2013), para cumplir con el Objetivo 2020 (cuya falta de realismo comentamos también en estas páginas). Es curioso ver como las medidas que se discuten en los foros especializados se concentran sobre las medidas que afecta al sector residencial, sin tener en cuenta que en España más del 50% de la energía primaria se consume en forma de petróleo. Y efectivamente el Gobierno ya ha sondeado a las distribuidoras de combustibles sobre cómo se tendrían que implementar esas medidas de disminución de consumo, puesto que la Directiva deja claro que se tendrán que usar sistemas de medición y control. Dentro de las diversas medidas posibles para disminuir el consumo se contempla explícitamente elevar la fiscalidad de los carburantes cuando se rebasen ciertos topes de consumo en las gasolineras (como clarifica una presentación del Ministerio de Hacienda). Aún no se ha decidido el esquema y son muchos los sectores afectados, no sólo el petrolífero, pero lo único que está claro es que a más tardar en Abril de este año el Gobierno debe tener un plan preparado para presentar a Europa, explicando cómo se va a conseguir tamaña reducción. Cabría preguntarse si en el caso concreto de España, debido a la gran disminución de su consumo de energía, se necesita una reducción adicional de otro 9%, pero al directiva deja claro que el año de referencia es el 2013, con lo que España cumpliría con creces la marca del 2020, eso sí, con una recesión económica como no se había conocido en décadas. Tendremos que esperar hasta Abril para saber qué forma toma este plan de ahorro forzoso.

La opción de aumentar la recaudación es la más natural para el Gobierno, porque aparte de ser fácil de implementar aumenta los ingresos en un momento crítico para España. De hecho, en otros sectores, al amparo de Directivas Europeas, se han tomado recientemente medidas de aumento drástico de la fiscalidad. Es el caso por ejemplo del nuevo impuesto sobre gases fluorados, instrumento para inhibir el uso de gases con un gran potencial de efecto invernadero en los equipos de refrigeración, sobre todo industriales (como se explica de manera sencilla en este enlace). El Gobierno justifica este nuevo impuesto por razones ecológicas, aunque dado lo desproporcionado de la tasa (que llega a suponer 10 veces el precio del gas) y la falta de alternativas que se puedan implementar en tiempo razonable (lean este enlace y sobre todo sus comentarios), unido al anuncio hecho desde Europa de que revisarán la Directiva por las dificultades de aplicación, hace que más de uno vea en la celeridad con la que el Gobierno español ha aprobado este impuesto un mero afán recaudatorio que fomenta el contrabando y el trapicheo sin control que puede llevar a la ruina a muchas pequeñas y medianas empresas, e incluso a restaurantes y supermercados ya que los costes reales se adivinan superiores a los 140 millones de euros estimados por el Ministerio.

Teniendo en cuenta que en el caso del decreto de eficiencia energética que comentábamos antes desde el Ministerio se contemplan también tipos impositivos muy elevados para conseguir inhibir el consumo a ese 1,5% anual, es probable que se provoquen efectos similares. Y, como digo, eso no sólo afecta al petróleo sino a toda forma de energía y todo consumidor, grande o pequeño, de la misma.

Un dogal es un tipo de nudo que se utiliza para manejar un animal, atándole la boca y el cuello. También designa en castellano el nudo corredizo con el que se ahorca a los malhechores. El Gobierno está a punto de ligar con un fuerte dogal diversos sectores económicos españoles para intentar conducir al país por la senda de la eficiencia energética. Estrecha senda, porque un mal paso y en vez de conseguir eficiencia energética se obtendrá descenso energético, sí, pero ocasionado por una fuerte reducción de la actividad económica y no por una verdadera mejora de la eficiencia energética (algo que los defensores de la ridícula teoría del peak demand parecen no comprender). Y si se da ese mal paso el dogal con el que se fuerce ahora la economía española puede pasar de bozal a soga de ahorcado.