Una de las cosas en las que estuve en su momento de acuerdo con Mariano Rajoy era en que “gobernar no es fácil”; y es cierto, pero si te presentas a presidente, y ganas, es para gobernar, y él no lo hizo, a pesar de tener una mayoría absoluta a nivel estatal y gobernar en diez comunidades autónomas. Tan mala fue la inacción del anterior presidente como lo es el intervencionismo desaforado del Sr. Sánchez (Tezanos, cese en el INE, Indra, etc.).

Pero, probablemente, su intervencionismo en materia económica con motivo de la espiral inflacionista está rayando en la paranoia. Poniendo parches como el de los veinte céntimos en la gasolina o la denominada “excepción ibérica” para el gas, no atacan el problema; simplemente son cuidados paliativos para un enfermo que se encuentra en una situación muy complicada. Ya hemos visto cómo la inflación ha subido al 10,2% a pesar de las “tiritas” que había puesto el gobierno. Y seguirá subiendo.

El planteamiento de los ideólogos de la Moncloa es que, si se subsidia a las masas, estas estarán agradecidas, y recompensarán al Gobierno con un aumento de votos en las siguientes elecciones. Eso podría servir en una sociedad menos desarrollada, pero ya llevamos muchas décadas de democracia y los españoles somos capaces de pensar por nosotros mismos, no somos como los negros norteamericanos después de la Guerra de Secesión, a los que los carpetbaggers ofrecían una mula y cuarenta acres de tierra a cambio de su voto. Y lo hemos visto en las elecciones andaluzas, donde lo que se ha valorado ha sido la gestión y el talante político del equipo del gobierno de coalición que regía la Junta.

Como he dicho, gobernar no es fácil, pero puede que, si analizamos el bosque en su globalidad, dejemos de concentrarnos sólo en algunos árboles. Por ejemplo, tenemos entre un 20% y un 25% de economía sumergida. Las medidas que ha tomado el gobierno benefician a todos los españoles, pero a lo mejor merecería la pena que nos concentráramos en los contribuyentes, y que los que no contribuyen tuvieran que, al menos, censarse como no contribuyentes en la delegación de Hacienda para recibir ayudas. El vehículo lógico sería el IRPF, utilizando el mínimo exento, que podría pasar de 5.500 a 10.000 € por declarante, y beneficiaría en términos relativos más a las clases más bajas que a las altas, al contrario de lo que ocurre con los veinte céntimos de la gasolina que benefician más a los que más consumen, que normalmente son los que más renta tienen.

Dar cheques a los menos favorecidos queda también muy bien como subsidio, pero supone un juicio de valor para definir quiénes son los menos favorecidos. Incrementar un 15% las pensiones no contributivas para conseguir los votos de Bildu, también supondría, al menos teóricamente, incremento de votos para el gobierno, pero supone incrementar la renta de los que no han contribuido al sistema de la Seguridad Social, y además de forma indiscriminada (habría una parte de los casos en los que sí podría tener justificación). Subsidios y más subsidios, y todo ello a cargo de las clases medias y de las próximas generaciones, ya que la deuda pública no para de subir, y a ver quién la paga.

Si los individuos dependen del Estado para comer, para tener luz o para echar gasolina al coche, la libertad democrática se habrá difuminado, porque los políticos transformarán los presupuestos generales del Estado en una máquina de compra de votos, que sólo la madurez democrática de los individuos impedirá su plasmación en la práctica. En diferentes ocasiones hemos acusado a este gobierno de improvisación, y hemos disculpado algunas medidas que han tomado (entrada de Ghali para curarse del COVID, el delcygate de la vicepresidente venezolana, la cuasi ruptura con Argelia, etc.), pero todas ellas han sido errores de personas que han accedido a importantes responsabilidades estatales sin tener la experiencia de gestión necesaria, especialmente en el sector empresarial, que es donde uno realmente puede demostrar su valía.

Tenemos que cambiar el “chip”; es preciso un acuerdo permanente entre los dos grandes partidos en relación sobre cuál es el modelo de estado que España necesita para afrontar los enormes retos a los que se va a enfrentar en los próximos años. Si no cambiamos nuestro modelo productivo y ponemos a la población activa a trabajar de forma productiva, sencillamente no tendremos futuro. Asumir una sociedad subsidiada en la que el 41% de la actividad productiva depende directa o indirectamente del Estado no es de recibo, y financiar este estado improductivo con emisión permanente de deuda pública y con un agujero creciente en la Seguridad Social no nos va a permitir subsistir, y eso es algo respecto de lo cual nuestros políticos prefieren mirar a otro lado… hasta que lleguen los “hombres de negro”, que llegarán.   

Miguel Córdoba

                                                                                                                                                 Economista