El Gobierno está reformando la Ley de Mutuas y lo está haciendo en la misma dirección en que ha venido remando desde que llegó al poder hace ya más de dos años: la rapiña estatista. Hasta ahora los autónomos podían escoger si deseaban adquirir, o no, el seguro contra cese de actividad ofrecido por la Seguridad Social: para hacerlo, debían cotizar voluntariamente por un importe del 2,2% de su base imponible y tener contratada la protección por accidente de trabajo y enfermedades profesionales (cuyo coste varía con la actividad económica realizada pero que oscila entre el 0,9% y el 7,15% de la base imposible).

A la hora de la verdad, sin embargo, menos del 20% del total de autónomos decidían acogerse a semejante opción que se antojaba cicatera en relación con sus costes: reducida duración (dos meses de prestación a cambio de una cotización de 17 meses e incrementos de un mes de prestación por cada cinco meses de cotización adicional hasta un máximo de un año de cobertura) y restringidas causas de reconocimiento (pérdidas equivalentes a entre el 20% y el 30% de los ingresos) que llevaban a que fueran rechazadas el 80% de las peticiones de indemnización por cese de actividad.

Dicho de otra manera, para acceder a la cobertura máxima (70% de la base de cotización durante 12 meses) un autónomo debía pagar a lo largo de 48 meses un tipo de entre el 3% y el 9% sobre su base de cotización (pues no sólo debía contratarse el seguro por cese de actividad, sino también la protección por accidente y enfermedades profesionales). Eso significaba que un trabajador por cuenta propia que soportara un tipo medio del 6% sobre la base mínima de cotización (actualmente, 858 euros mensuales) debía abonar un mínimo de 2.470 euros para recibir, con muy baja probabilidad, un máximo de 7.200 euros.

La no contratación de este deficiente producto financiero no significaba, empero, que muchos autónomos no contaran con algún tipo de cobertura frente al riesgo de desempleo (fundamentalmente, el dinero que se ahorraban por no cotizar por cese de actividad): simplemente significaba que era un seguro caro y de mala calidad que voluntariamente preferían no adquirir. No es nada sorprende: los seguros tratan de protegernos frente a riesgos aleatorios y el desempleo sólo lo es de un modo muy parcial (en parte depende del propio trabajador), por lo que la relación entre las primas abonadas y la indemnización recibida no puede ser demasiado favorable para el asegurado. Ante tales condiciones, la mayoría de la población autónoma optaba por no contratarlo.

Pero hete aquí que nuestro paternalista y voraz sector público no podía permitir que los pobrecitos autónomos optaran voluntariamente por no contratar su escacharrado seguro por cese de actividad, de manera que, apelando al propio bienestar de los autónomos, procederá a coaccionarlos para que lo contraten. En efecto, la nueva Ley de Mutuas obligará a que los nuevos autónomos coticen al seguro por cese de actividad, aunque lo hará en unas condiciones sustancialmente más ventajosas a las actuales: por un lado, no será necesario estar suscrito a la protección por accidente de trabajo y enfermedades profesionales y, por otro, los requisitos para su reconocimiento se relajan (bastará con acreditar pérdidas mediante los propios documentos del empresario). En resumen: menor coste y mayor cobertura. Una ganga. Pero, si tal es la ganga, ¿a qué viene obligar a su adquisición? A saber, si un empresario comienza vendiendo una mercancía defectuosa y procede a mejorar su calidad y a rebajar su precio, los consumidores terminarán acudiendo en masa a comprarla sin necesidad de que nadie les obligue a ello. ¿Por qué Rajoy, tras mejorar las condiciones del seguro por cese de actividad, obliga a los autónomos a adquirirlo cuando antes no lo hacía? Por dos razones no excluyentes.

La primera es por puro paternalismo: “no se puede dejar a los autónomos elegir porque elegirán mal”. Bajo este paradigma, el Estado aparece como un ponderado y juicioso agente que se sobrepone y anula la voluntad de los ciudadanos por cuanto éstos forman parte de una masa ignorante o pasional. En el fondo del paternalismo coactivo late la pulsión dictatorial de creer que el uso de la violencia queda legitimado apelando al bienestar del propio coaccionado. Es una forma de anular la responsabilidad individual y de infantilizar a la sociedad, justo lo que lleva haciendo Mariano Rajoy desde que llegó al poder. Sin embargo, la explicación paternalista no es suficiente, ya que es improbable que a todos los autónomos les interese tener contratado un seguro por cese de actividad (a aquellos cuyo riesgo de pérdidas sea muy bajo, no les interesará) y, en cambio, el Estado sí pretende obligar a todos los nuevos autónomos a suscribirlo.

El segundo, y principal motivo, es que el Estado necesita incrementar la rapiña con tal de sufragar la mejora de las condiciones del seguro por cese de actividad. Me explico: una vez implementada esta mejora (menor coste y mayor cobertura), la Seguridad Social perdería dinero con cada contratación voluntaria que se produjera; dado que sólo demandarían el seguro aquellos autónomos con un alto riesgo de perder su empleo, el valor de los desembolsos por cese de actividad tendería a superar el de los ingresos por sus cotizaciones. ¿Cómo piensa el Estado financiar ese diferencial? Pues obligando a que aquellos que no van a hacer uso del seguro (porque padecen un bajo riesgo de sufrir pérdidas por su actividad) costeen igualmente su precio. Esto es, se trata de una transferencia masiva de rentas entre autónomos: desde aquellos con bajo riesgo de sufrir pérdidas (y que no habrían contratado el seguro estatal si no se les obligara a hacerlo) a aquellos con alto riesgo de sufrir pérdidas (y que habrían contratado el seguro estatal sin necesidad de que se les obligara).

En lugar de permitir que los autónomos cubrieran su riesgo de desempleo como hasta ahora —ahorro propio—, el Gobierno persevera en aquello que constituye su obsesión política: usar la coacción para incrementar el tamaño del Estado con el pretexto de redistribuir la renta entre los ciudadanos. En realidad, sólo pretende seguir extendiendo sus tentáculos destruyendo los mecanismos sociales con los que cuentan los autónomos para protegerse frente a las adversidades. El balance neto será harto negativo: mayores costes para una parte de los autónomos, menores incentivos a ahorrar y mayor propensión al riesgo para la otra parte, y generalizada coacción sobre todos ellos.