Conocido el informe de la “Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español”, cabe adelantar ya una conclusión inmediata: la carga fiscal que soportarán los españoles no baja, si acaso sube. El propio dictamen es taxativo a este respecto: “La reforma tributaria en ningún caso puede erosionar gravemente la capacidad recaudatoria de nuestros impuestos”.

Acabáramos. Un poco de sinceridad al menos, después de tantas mascaradas. el objetivo de esta pantomima nunca, nunca, nunca fue bajar los impuestos. Al contrario, como muchos ya denunciábamos, su único y genuino propósito fue escenificar un sainete para consolidar y apuntalar el infierno fiscal que al alimón han instaurado en España Zapatero y Rajoy, Salgado y Montoro.

A la postre, los propios números de la Comisión son más que explícitos: la reforma pretende reducir la tributación directa (IRPF, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones) en unos 10.000 millones de euros (el 1% del PIB) a cambio de elevar la tributación indirecta (IVA y Especiales) en otros 10.000 millones de euros. Resultado fiscal “neutro”, dicen; en román paladino: “no hay más yesca que la que arde” o “con estos bueyes de ahora nos tocará arar”.

Sucede que, cuando uno le agarra la mano a Dante para descender a las tripas infernales de esta propuesta de reforma fiscal, termina del todo convencido de que la tributación indirecta desde luego sí sube, pero no tiene del todo claro que la directa descienda apreciablemente. No en vano, Montoro ya ha sido bastante explícito en numerosas ocasiones al advertir que esta contrarreforma se orientaría a incrementar la recaudación, y ya sabemos que el ministro de Hacienda sólo conoce un método para hacerlo:apretarles todavía más las tuercas a los sufridos contribuyentes.

En materia de fiscalidad indirecta, basta decir que los “expertos” proponen reclasificar todos los productos que hoy soportan el tipo reducido del IVA (10%) al tipo general (21%), con la excepción de la vivienda, la hostelería y transporte público. O dicho de otro modo, anoten los productos que pasarían a tributar al 21% en lugar de al actual 10%: productos alimenticios (con la escuálida excepción de aquellos que hoy tributen al tipo superreducido del 4%); suministro de agua; equipo médicos para uso de personas discapacitadas; renovación y reparación de viviendas particulares; inputs agrícolas; servicios sociales; y limpieza de vías públicas, recogida y tratamiento de basuras.

Añadan a lo anterior la subida de los impuestos al tabaco y al alcohol (incluyendo un nuevo tributo sobre el vino, hoy inexistente), una nueva fiscalidad incrementada sobre el consumo dehidrocarburos (redefinida como impuesto sobre el contenido energético y sobre el contenido potencial de dióxido de carbono) y otras gabelas medioambientales de nueva creación, y comprenderán así por qué -pese a la supresión de otros impuestos medioambientales, del impuesto sobre los depósitos o del impuesto sobre grandes superficies- los “expertos” estiman que la tributación indirecta proporcionará una recaudación al fisco adicional de 10.000 millones de euros.

Pero acaso lo más llamativo no sea el sablazo admitido, sino el silenciado. Porque allí donde los “expertos” certifican una rebaja de 10.000 millones en la tributación directa, un servidor sólo observa temeroso una terrorífica ventana de oportunidades para otro expolio fiscal indisimulado.

Primero lo más escadaloso, insultante y verdaderamente indignante: los “expertos” proponen que el Gobierno central establezca un tipo mínimo nacional (que no máximo) sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones. En concreto, un tipo de entre el 4% y el 5% sobre la herencia transmitida entre familiares de primer grado (hijos incluidos) con un mínimo exento de 25.000 euros. Dicho de otro modo, por una herencia de 200.000 euros, habría que pagar un mínimo de casi 9.000 euros, estemos en la comunidad autónoma en la que estemos. Madrid pierde la batalla de la sana competencia fiscal para que otros virreyes autonómicos puedan saquear tras la sepultura a sus súbditos.

Segundo, el IRPF es el tributo directo que los “expertos” más quieren suavizar después del histórico rejonazo que Montoro nos propinó a finales de 2011, llevando los tipos impositivos españoles a unos niveles sin paragón en el ya socialdemócrata mundo desarrollado. Pero, pese a estas beneméritas intenciones, no se crean que los “expertos” plantean en esta sede revolución alguna, ya que proponen sin demasiado entusiasmo, y siempre que la situación presupuestaria lo permita, elevar el mínimo personal y familiar, se contentan con simplificar a cuatro los actuales siete tramos del IRPF, y aspiran a reducir el gravamen sobre el tramo más bajo desde el 24,75% al 20% y el del tramo más alto desde el 52% (sin contar recargos autonómicos) a algo menos del 50% (aunque sí reputan recomendable acercarlo a la media europea del 44%; de nuevo, sin contar los recargos autonómicos).

Mas no crean que esta reducción de los tipos nominales nos saldrá gratis. Aparte del sablazo en el IVA y Especiales, los “expertos” plantean la necesidad de ampliar las bases imponibles en el IRPF, es decir: pagar un menor porcentaje sobre una cantidad mayor.

Para ello se procede a una total laminación de las exenciones y deducciones del impuesto: se eliminaría la exención de las indemnizaciones por despido no disciplinario, de los primeros 1.500 euros por dividendos, de las aportaciones empresariales por seguro de enfermedad o de la cobertura del seguro contra riesgo de interés; la reducción por rendimientos irregulares del trabajo se recortaría del 40% al 30%; se suprimiría la tributación por módulos dentro de actividades económicas; se dejarían de corregir las plusvalías derivadas de la venta de vivienda por la inflación (es decir, pagaríamos impuestos por la inflación, que ya es un impuesto); se disminuiría a una mínima expresión las deducciones por aportaciones a planes de pensiones; se eliminaría con carácter retroactivo la deducción por compra de vivienda habitual; y, con carácter general, prácticamente todas las reducciones en la base imponible se transformarían en reducciones de la cuota al tipo mínimo (es decir, sólo nos ahorraríamos el 20% de los ya pocos gastos deducibles).

Además, el tratamiento fiscal del ahorro dentro del IRPF apenas se ha visto mejorado, pues su régimen casi no sufre ningún cambio con respecto a la cainita situación actual: es verdad que se propone reunificar la tributación de plusvalías a corto y a largo plazo (buena noticia) y rebajar el tipo nominal al 20% (frente a la escala actual del 21%, 24% y 27%), pero la tan cacareada como necesaria cuenta de ahorro que operara como una sicav para particulares y clases medias ha quedado finalmente reducida a cenizas: se tratará de una cuenta bancaria indisponible cuyas aportaciones quedarían limitadas previsiblemente a menos de 5.000 euros anuales.

Por lo que se refiere al otro gran tributo directo, el Impuesto de Sociedades, la propuesta de los “expertos” es bastante análoga a la del IRPF: se eliminan, vacían o recortan todas las deducciones (mayor limitación a la deducibilidad de gastos financieros, supresión definitiva de la libre amortización de activos, reducción a la mitad del porcentaje de amortización de los activos intangibles como el fondo de comercio, mayores restricciones a la exención por doble tributación internacional, y eliminación de las deducciones por actividades de I+D, producciones cinematográficas, inversiones medioambientales, reinversión de beneficios extraordinarios y creación de empleo) y a cambio se rebaja el tipo nominal del 30% al 20%.

No es mi propósito defender la lógica de estas deducciones discriminatorias y distorsionadoras, pero sí el de destacar que el saldo final de la reconfiguración del Impuesto de Sociedades probablemente termine arrojando un incremento de la carga tributaria para muchas empresas: actualmente, el tipo efectivo se sitúa por debajo del 20% (en torno al 17%), de modo que eliminando deducciones difícilmente lograremos una rebaja aunque rebajemos el tipo nominal.

Por último, es verdad que los “expertos” proponen eliminar formal y definitivamente el Impuesto de Patrimonio, pero a cambio tengamos presente que a medio plazo proponen establecer un Impuesto de Bienes Impuestos mucho más oneroso que el actual: el nuevo gravamen del IBI se acercará al 1% y, lo que es mucho más preocupante, la base imponible se aproximará mucho al valor de mercado de los inmuebles.

En definitiva, la reforma fiscal que nos ha planteado el Comité de “expertos” responde a directrices típicamente montorianas: la obsesión por maximizar la recaudación y minimizar los recortes del gasto. Subida notable de la tributación indirecta; rebaja inapreciable de la directa. La lectura detallada del informe, de hecho, desprende un aroma de reproche y queja contra el Ministerio de Hacienda por haber subordinado todo el replanteamiento del sistema fiscal español a una consolidación presupuestaria que no dé margen para una rebaja más ambiciosa de impuestos que vaya acompañada de un recorte más amplio del gasto público.

Al final, Rajoy -oh sopresa- volvió a mentirnos a todos cuando, tras sus más de 50 subidas de impuestos, anunció que “al finalizar esta legislatura, todos los contribuyentes pagarán menos impuestos que al comenzar”. Falso: no lo haremos. Pagaremos mucho más y todo porque este Gobierno se negó desde un comienzo a pinchar la burbuja estatal que Zapatero hinchó y que Rajoy abrazó con entusiasmo socialdemócrata. No hay más: a falta de retoques electoralistas, ésta es la gran reforma fiscal parida por el rajoyismo; la reforma que coloca para siempre al PP en la órbita de las formaciones políticas que defienden más Estado y mucha menos sociedad.