La denominada Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributario español fue, desde su mismo nacimiento, una gran mascarada con la que el Gobierno de Mariano Rajoy buscaba justificar y consolidar la salvaje exacción fiscal que ha ido imponiendo a todos los españoles desde que llegó al poder. Rajoy jamás se planteó pinchar la burbuja estatal que con tanto ahínco fuera inflada durante las dos legislaturas previas por Zapatero: al contrario, su objetivo fue mantenerla a costa del sangrado tributario de familias y empresas y, precisamente por eso, aumentó en más de 50 ocasiones los impuestos durante sus dos primeros años de mandato.

Pero Rajoy era consciente de que, con semejante avalancha de impuestos, estaba no sólo traicionando a buena parte de sus votantes, sino incumpliendo flagrantemente sus compromisos electorales. De ahí que orquestara una sibilina maniobra consistente, primero, en simular una situación de urgencia nacional que volviera en aparentemente imprescindible la subida de impuestos y, segundo, revestir el rejonazo propinado con un barniz técnico que lo bendijera y convalidara.

La situación de urgencia nacional fue el riesgo cierto de quiebra al que se enfrentaba España -riesgo cierto que, empero, debería haber sido contrarrestado con audaces recortes del gasto y no con devastadoras subidas de impuestos- y el barniz técnico ha venido de la mano del informe de la Comisión Lagares. A la postre, el propio informe es bien claro al señalar que su propuesta de reforma no supone rebaja alguna de la tributación en España, sino una simple redistribución de la carga fiscal.

En concreto, el peso de la tributación indirecta sube en 10.000 millones de euros para que, a cambio, el peso de la tributación directa descienda en 10.000 millones. O por expresarlo de un modo más sencillo: más IVA y Especiales a cambio de menos IRPF y Sociedades. Sucede que, tras haber leído las más de cien propuestas concretas que realizan los expertos, uno tiene serias dificultades para visualizar una verdadera rebaja de IRPF y de Sociedades. No en vano, las exenciones y deducciones de estos dos impuestos desaparecen casi por completo (en algunos casos, incluso con efectos retroactivos) y los recortes planteados en los gravámenes nominales o se quedan cortos -cuando la Comisión las concreta- o los deja a la discrecionalidad de un ministro de Hacienda obsesionado con vampirizar al contribuyente. Además, por si lo anterior no fuera suficientemente inquietante, no olvidemos que los expertos también proponen un intenso sablazo a cuenta del IBI, mediante la revisión al alza de los valores catastrales y el incremento del gravamen.

En conjunto, pues, las propuestas de los expertos nos remiten a un escenario tenebroso: la fiscalidad indirecta sube todavía más en España -acumulando una vertiginosa escalada desde que Zapatero comenzó a tocar el IVA cuando se hallaba en el 16%- y la fiscalidad directa apenas retrocede no ya para regresar a los niveles previos a la llegada de Mariano Rajoy al poder, sino incluso para compensar la nueva mordida que supondrá el incremento de los impuestos indirectos.

De este modo, la Comisión de Expertos, lejos de haber redactado un documento orientado a revertir el expolio fiscal promovido por Rajoy en sus dos primeros años de legislatura -tal como Rajoy y Montoro prometieron-, ha parido un informe orientado a consolidar y redoblar ese expolio tratando de camuflarlo como un recorte de impuestos técnico y orientado a beneficiar “a las familias con menor renta”.

No es así: el sistema fiscal que nace del texto de los expertos abocará a pobres, ricos y mediopensionistas a pagar más impuestos de los que pagan ahora mismo y, por supuesto, muchísimos más impuestos de los que soportaba cuando Rajoy llegó al poder. Ya nos lo advirtió con sádica sinceridad el ministro de Hacienda: “el propósito de esta reforma fiscal es incrementar la recaudación”. Así será, pues con ese corsé han trabajado los impuestos.

Y es que el problema de fondo sigue siendo el mismo: si el Gobierno se niega a practicar nuevos recortes del gasto, si se niega a desmontar la superestructura estatal y a devolverle competencias a la sociedad civil, es imposible rebajar impuestos, pues el déficit y el endeudamiento público siguen en zona de alerta roja. Nuestra desgracia es, justamente, que PP, PSOE, IU y cuantos otros partidos pueblan el arco parlamentario han apostado ideológicamente por machacar al sector privado con tal seguir alimentando a la gigantesca bestia del sector público; esto es, nuestra desgracia es que todos los partidos han apostado por salir de la crisis con más Estado y menos mercado, cuando la alternativa inversa era la única adecuada.

Por eso, justamente, Montoro lleva años construyendo el infierno fiscal español; por eso, la Comisión Lagares sólo ha tenido margen para maquillar ese infierno fiscal mientras seguía echándole gasolina; y por eso muchos otros pirómanos acechan el poder tras las generales del año que viene para continuar elevando la temperatura.