Hoy por fin hemos conocido el desglose de ingresos y gastos que han llevado al conjunto de las Administraciones Públicas a cerrar 2013 con un déficit del 6,62% del PIB. El ministro de Hacienda ha vendido el dato como un rotundo éxito, por cuanto se halla a las puertas del cumplimiento con el objetivo marcado por Bruselas. En realidad, dado que el gasto público ha aumentado a lo largo de 2013, uno no debería vanagloriarse tanto de lo logrado, ya que nuevamente la exigua reducción del déficit se debe al aumento de la recaudación, esto es, al sangrado tributario del sector privado, el único que verdaderamente ha practicado la austeridad a lo largo de esta crisis.

Mas lo llamativo de las cifras desglosadas no es que el gasto aumente a lo largo de 2013, sino el muy extraño comportamiento del gasto en consumos intermedios en el último trimestre. Desde hace meses circula el rumor de que Montoro ordenó diferir -que no cancelar- los gastos corrientes de las Administraciones Públicas a partir del mes de octubre, con el evidente propósito de diferir el reconocimiento de esos desembolsos, evitando así que engrosaran el déficit de 2013. La propia Bloomberg se hizo eco de los rumores el viernes pasado, elevándolos a la categoría de información.

Pues bien, las cifras hechas públicas hoy por la Intervención General de la Administración del Estado recogen un recorte histórico del gasto en consumos intermedios de las Administraciones en el cuarto trimestre de 2013: en concreto, descendió más de un 16% frente al cuarto trimestre de 2012, a saber, 3.663 millones de euros. Este ajuste del gasto en consumos intermedios es el mayor de la historia, más que duplica el récord anterior de 1.416 millones de euros registrado en el primer trimestre de 2012 (en plena época de recortes presupuestarios).

El fenómeno, si bien generalizado en todos los niveles administrativos, alcanza proporciones verdaderamente épicas en las Administraciones autonómicas: de los 3.663 millones de reducción del gasto en consumos intermedios, 2.078 millones son mérito de las CCAA (y 1.099 millones de las corporaciones locales). Atendiendo a los datos de Contabilidad Nacional, las autonomías han minorado su gasto en consumos intermedios más de un 21% con respecto al mismo período de 2012. El siguiente gráfico bastará para ilustrar la anomalía del comportamiento de este gasto corriente autonómico en el último trimestre del año.

Si desagregáramos este dato por regiones, nos encontraríamos con que algunas de ellas, como la Comunidad Valenciana o La Rioja, han cercenado su gasto en consumos intermedios en casi un 50%. Otras, como Aragón, Cataluña o Asturias, se quedan acariciando un recorte del 30%. Habida cuenta de que ajustes de esta magnitud habrían acarreado la suspensión de muchos servicios públicos -y no parece haberse producido interrupción alguna de los mismos a finales 2013-, sólo caben dos interpretaciones posibles a estos datos.

La primera -y más benigna- es que las autonomías y los ayuntamientos difirieran el reconocimiento de muchos de sus gastos en consumos intermedios de 2012 hasta el cuarto trimestre de ese año, produciéndose así una concentración artificial de los mismos en esa fecha. De este modo, asumiendo que en 2013 las autonomías no hayan recurrido a semejante treta contable, la reducción del gasto de finales de 2013 estaría sobredimensionada (pues se mediría con respecto a unos niveles inflados del último trimestre de 2012). La cuestión, sin embargo, es: si en 2012 las autonomías fueron capaces de retrasar el reconocimiento de gastos durante los nueve primeros meses del año, ¿qué les ha impedido hacer lo mismo en 2013 y traspasar parte de sus gastos a 2014?

Y esta es, justamente, la segunda interpretación posible: que buena parte de ese recorte del gasto corriente sea un mero diferimiento contable. En el mes de enero de 2014, por ejemplo, ya se observa un repunte del 4,5% en los desembolsos en consumos intermedios frente al mismo mes de 2013; si bien todavía es muy pronto para sacar conclusiones definitivas al respecto. En todo caso, si el conjunto de las Administraciones hubiese diferido entre 3.500 y 4.500 millones de 2013 a 2014, el déficit habría cerrado realmente en el 7% que calculaban la mayoría de analistas.

Como digo, todavía es pronto para sacar conclusiones. Pero lo que sí es seguro es que Montoro ha tenido que volver a hacer malabarismos contables para intentar cuadrar las cuentas del Reino, a pesar de que la recaudación tributaria ha aumentado en 3.600 euros de euros. Y ni siquiera así ha conseguido cuadrarlas. Todo, de nuevo, por su obstinación liberticida de no pinchar la burbuja estatal del gasto.