El cuarto de los fraudes mortalmente inocentes que denuncia Warren Mosler es la frecuente advertencia de que la Seguridad Social de los países occidentales está quebrada y que, en consecuencia, debe ser privatizada con tal de volverla sostenible. A este respecto, la réplica de Mosler es doble: por un lado, no existe riesgo alguno de quiebra de la Seguridad Social, ya que uno puede concebir los pagos adeudados por el Estado a los jubilados como si fueran deuda pública y, como ya vimos, Mosler opina que los Estados no pueden quebrar en la medida en que siempre puede imprimir la cantidad de dinero necesaria para amortizar sus deudas; por otro, Mosler opina que la solución al problema de fondo de la Seguridad Social pasa por que haya suficiente producción futura para atender las necesidades de los jubilados futuros y, para ello, no hay que privatizar la Seguridad Social, sino maximizar el gasto productivo presente. Este cuarto fraude constituye una cristalización de los errores cometidos por Mosler en los tres anteriores.

De entrada, efectivamente un Estado con soberanía monetaria no puede quebrar si, por quiebra, entendemos el impago nominal de su deuda pública. Cuestión distinta es que, como ya expusimos, la moneda fiat sea, en el fondo, un pasivo fiscal del Estado con un valor de realización indefinido y que, en tal caso, amortizar deuda pública con moneda fiat sea, simplemente, una refinanciación de los pasivos estatales y, por consiguiente, en tanto en cuanto el valor realizable del pasivo fiscal se hunda o diluya, cabrá equiparar semejante circunstancia a un impago. A la postre, el propio Mosler reconoce que cobrar nominalmente el 100% de una pensión con un poder adquisitivo nulo no sirve de nada. Justamente por ello, el economista de la MMT debería replantearse su tesis previa de que amortizar deuda pública con inflación no supone impago alguno (en este caso, un impago de la deuda previsional de la Seguridad Social). ¿Acaso el acreedor ha visto satisfechas sus expectativas de recuperación y rentabilización del préstamo que inicialmente efectuó al sector público? Desde luego que no. No es que con ello quiera señalar que debamos calibrar la existencia de un incumplimiento contractual en función de si el acreedor ve cumplidas sus expectativas —el incumplimiento surge de desviarse de las obligaciones contenidas en el contrato y, en el caso de la deuda pública, éstas se limitan a exigir la amortización en moneda fiat—, pero sí debemos plantearnos la siguiente cuestión clave: ¿qué sentido tiene que un acreedor suscriba voluntariamente un contrato que habilita al deudor a cumplir con su obligación vaciándola de contenido, esto es, pagando la deuda en una moneda que el propio deudor puede imprimir ilimitadamente y a su discreción? Es obvio que no tiene ningún sentido y, justamente porque no lo tiene, nadie adquiriría voluntariamente pasivos estatales (ya sean deuda pública o moneda fiat) sin algún tipo de garantía de que el Estado emisor no manipulará a discreción la moneda fiat… y esas garantías son las restricciones sobre la creación de nueva moneda fiat que el Estado se autoimpone y cuyo cumplimiento sí podrían llevarlo eventualmente a la quiebra (esto es, al impago nominal de la deuda pública y de las pensiones).

Pero, sea como fuere, lo relevante para la sostenible evolución del sistema de pensiones es, en efecto, que la disponibilidad de bienes futuros sea muy abundante y, para ello, resulta a su vez necesario maximizar el gasto productivo presente. Mosler descalifica la privatización del sistema público de pensiones propuesta por algunos economistas consistente en eliminar las cotizaciones a la Seguridad Social y en seguir pagando las pensiones de los jubilados actuales mediante la emisión de deuda pública: a su juicio, en ese caso sólo sucede que un grupo de ahorradores (los trabajadores en activo que cotizaban a la Seguridad Social) dejan de comprar deuda pública y pasan a comprar acciones bursátiles, y que otro grupo de ahorradores (los capitalistas, por ejemplo) comienzan a comprar la deuda pública que emite el Estado para financiar la privatización de la Seguridad Social. A juicio de Mosler, pues, nada cambia: antes de la privatización, el ahorro de los capitalistas habría ido a parar a la bolsa y el de los trabajadores a la Seguridad Social, de modo que con la privatización sólo hay un intercambio de papeles entre ambos. En realidad, sí se produce una mutación mucho más decisiva que Mosler obvia: la privatización de la Seguridad Social implica que el Estado reconoce las obligaciones financieras que devengó en el pasado (las reconoce emitiendo deuda pública) y, sobre todo, deja de contraer nuevas obligaciones con todos los trabajadores en activo que se salen del sistema de Seguridad Social (es como si dejara de emitir nueva deuda pública). Es verdad que, a corto o medio plazo, la distribución agregada del ahorro no se modificará (el mix de ahorro canalizado al sector público y al sector privado no cambia), pero, a largo plazo (cuando la deuda pública emitida se haya amortizado y todos los trabajadores se hallen fuera del sistema de Seguridad Social), el Estado dejará de absorber recursos, que podrán mantenerse dentro del sector privado productivo.

El economista de la MMT, sin embargo, considera que ésta es una cuestión secundaria. Lo realmente importante no es maximizar la inversión privada, sino el gasto productivo total y, en tal caso, el sector público está tan o más capacitado que el sector privado para hacerlo (pues, recordemos, su tesis es que el sector público puede incrementar la inversión estatal sin minorar la inversión privada). De ahí que la solución a los problemas reales de la Seguridad Social no vendrá de recortar el gasto público, sino de usarlo como instrumento para multiplicar nuestra capacidad productiva futura; con o sin privatización de la Seguridad Social. El economista pone como ilustrativo ejemplo el gasto en educación: siendo un desembolso esencial para aumentar nuestra productividad futura, sería absurdo que el Estado lo recortara con la excusa de prepararse presupuestariamente para el pago de las pensiones futuras.

En este punto Mosler yerra nuevamente. Primero, el ahorro coercitivo de los trabajadores en activo que se destina a pagar las pensiones de los jubilados no contribuye a mantener o a incrementar el stock de capital de una economía: es ahorro que directamente en consumido por el jubilado. En un sistema de pensiones privado, en cambio, ese ahorro se transformaría en capital y sería el retorno de ese capital —su superior productividad con respecto al nivel actual— lo que permitiría abonar las pensiones de los jubilados que contribuyeron con su ahorro a financiarlo. En segundo lugar, es verdad que, en principio, la privatización de las pensiones sólo generaría, tras haberse completado, una adición de una vez en el stock de capital de una economía (ya que, posteriormente, la mayor parte del ahorro de las nuevas generaciones de trabajadores debería destinarse simplemente a reponer o amortizar el stock de capital recién incrementado), pero esta perspectiva macroeconómica resulta tremendamente simplista y reduccionista.

La reinversión del capital nunca se produce en las mismas condiciones que en el pasado debido a que nos movemos en entornos dinámicos y mutantes: el paso del tiempo abre la puerta a nuevas inversiones complementarias y económicamente más productivas que las anteriores. De ahí que no sea en absoluto baladí que el sector privado maneje un mayor o menos porcentaje posible de factores de producción dentro de una economía (que eso es lo que permite el capital en manos privadas): los empresarios son los agentes que, a través del cálculo económico que sólo es posible en un mercado libre, dan de continuo un uso más productivo a los factores. Lo contrario es suponer que una economía socialista puede funcionar tan bien como una economía capitalista simplemente porque el gasto agregado en ambas es idéntico. No: una economía socialista es un sistema descoordinado que realiza continuamente inversiones antieconómicas y ruinosas mientras que un sistema capitalista es uno donde existe una tendencia —con sus más que frecuentes errores— a dar el uso más económico y productivo posible a los siempre escasos recursos.

Mosler, al pensar en términos agregados (el gasto total es lo relevante para maximizar la producción total), pasa por alto que el elemento crucial dentro de cualquier economía es esta asignación competitiva de recursos escasos a los fines más valiosos. Puede que, como dice el propio Mosler, invertir en educación sea importante para mejorar nuestra capacidad productiva futura pero, ¿qué significa “invertir en educación”? ¿Conoce Mosler qué capital exacto es óptimo invertir en educación? ¿O en qué disciplinas, con qué método docente y empleando qué equipo técnico? Recordemos que gastar más en unas áreas implica gastar menos en otras: ¿cómo sabe Mosler que incrementar las plazas en la carrera de Derecho que ofrecen las universidades madrileñas resulta más conveniente que montar un laboratorio dirigido a desarrollar automóviles autoconducidos que le hagan la competencia a Google?

Simplemente no lo sabe: ni él, ni nada. El mercado es el entorno adecuado para descubrirlo mediante procesos descentralizados y competitivos de prueba y error. Por eso resulta clave que la sociedad maneje cada vez más recursos y el Estado menos: porque es ella la que está en mejor posición para darles un uso óptimo; un uso óptimo que nos permita maximizar nuestra producción futura y, por tanto, maximizar el nivel de vida de unos pensionistas asaltados por una Seguridad Social que sí está en dificultades de hacer frente a sus compromisos reales de pago.