Carmen Collado lleva lavando la ropa de un hospital de Madrid 11 años. Ahora, casi la mitad de sus compañeros han sido despedidos y a los 61 años y ya abuela, tiene que limpiar las mismas sábanas, batas de enfermeros y toallas que antes por la mitad de su salario. Collado sigue trabajando en un país donde el 26 por ciento de una población activa de 22,7 millones está en el paro. Sin embargo, su empleo no le ayuda ni a ella ni a España a largo plazo.

"Voy justa. No puedo dejar la calefacción encendida. No puedo salir con mis amigas a tomar un café o una cerveza. Mi madre, que tiene 91 años, me paga la gasolina y el seguro del coche, y me da mucha vergüenza", explica.

La reforma laboral, que dio a las empresas más flexibilidad para recortar los salarios y cambiar las condiciones contractuales de los trabajadores, ha ayudado a España a alejarse de una situación cercana al impago hace dos años, reactivando el crecimiento de las exportaciones al permitir que las empresas bajen sus precios.

Pero el cambio en la normativa laboral, promovido por la Unión Europea en el marco de los cambios económicos exigidos a los países más endeudados de la zona euro, también ha transformado la sociedad española, con consecuencias a largo plazo que podrían minar la recuperación.

Los trabajadores con salarios bajos y contratos temporales se han llevado la peor parte de los recortes salariales, creando una nueva subclase de españoles que sufrirán el resto de su vida por encontrar un empleo estable.

Según el Fondo Monetario Internacional, la desigualdad salarial creció más rápidamente en España que en cualquier otro país de la UE de 2007 a 2012, una brecha que ha incrementado las tensiones sociales en el país.

Una encuesta reciente indicó que el respaldo a los dos principales partidos políticos de España caería drásticamente en las próximas elecciones europeas, a menudo utilizadas para los votos de castigo, a favor de grupos mucho más pequeños, debido en gran parte a su gestión de la crisis económica.

Con la caída de la confianza del electorado en las principales fuerzas políticas del país, el Partido Popular podría perder su mayoría absoluta parlamentaria en las elecciones generales del próximo año, haciendo más difícil aprobar reformas aún vitales en un parlamento dividido.

EL GASTO IMPORTA

A pesar de las claras señales de recuperación, con un PIB que se prevé que crezca alrededor de un 1 por ciento este año tras haberse contraído alrededor de un 7 por ciento desde que comenzó la crisis, es probable que el camino de España hacia la prosperidad a largo plazo sea empinado, según economistas.

Aunque las exportaciones han crecido hasta suponer un tercio del PIB total de España, frente al 20 por ciento de hace cinco años, la situación económica del país depende en gran medida del gasto de los hogares, que se ha reducido en el mismo periodo.

Eso significa que España tendrá dificultades para seguir los pasos de Alemania, cuyas reformas laborales de la década de 1990 transformaron al país en una potencia económica impulsada por las exportaciones de productos de gama alta en lugar de por el consumo interno.

Los economistas también cuestionan si los artículos básicos y más baratos que han impulsado el sector exportador de España pueden competir a largo plazo con productos rivales en países incluso con menores costes como Turquía o Marruecos.

"La salida para España va a ser dolorosa y, en general a corto plazo, España va a ser un país más pobre", dice Santiago Carbó Valverde, economista de la Universidad de Bangor en Gales.

El gasto de los hogares, un pilar importante para una economía orientada a los servicios como España, se ha reducido en más de un 11 por ciento desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hace seis años. Aunque la velocidad de la contracción se está moderando, salarios mucho más bajos suponen que el regreso al crecimiento sostenible podría llevar años.

Tratar de mejorar la competitividad mediante la reducción de la masa salarial es contraproducente en España, dijo Klaus Armingeon, politólogo de la Universidad de Berna en Suiza.

"Reducir los salarios afecta al consumo doméstico, lo que afecta al crecimiento. Un crecimiento más bajo obligará al Gobierno a aprobar más medidas de austeridad para cumplir los objetivos fiscales, creando un círculo vicioso".

TRABAJADORES EN RIESGO DE POBREZA

El colapso del sector del ladrillo en 2007 y 2008 después de una década de burbuja inmobiliaria metió al país en una espiral descendente. Hogares y empresas quedaron profundamente endeudados; el Estado se vio privado de lucrativos impuestos inmobiliarios y las empresas despidieron trabajadores en masa.

Casi una tercera parte de todos los parados de los 17 países de la zona euro están en España. La preocupación por el déficit público y la banca de la cuarta mayor economía del bloque llegó a amenazar la estabilidad de toda la moneda única.

Empujado por sus socios internacionales, España emprendió reformas estructurales. Tanto el actual Gobierno conservador como el anterior de centroizquierda aprobaron cambios encaminados a crear más empleo, en parte haciendo más fácil y barato para las empresas con dificultades sustituir a trabajadores.

El número de personas con salarios bajos y contratos a corto plazo se ha disparado. A finales del año pasado, el 16,3 por ciento de los trabajadores tenían empleos a tiempo parcial, desde el 11,1 por ciento de mediados de 2007.

Teresa Cavero, analista de la agencia de ayuda internacional Oxfam en España, dice que la consecuencia ha sido un incremento en el número de los trabajadores en riesgo de pobreza.

"Hay gente que sí encuentra trabajo, pero son empleos tan precarios, que no puede salir de la pobreza", dijo. El porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza saltó casi un 18 por ciento de 2007 a 2012, según el Instituto Nacional de Estadística.

"Hay que garantizar empleo, sí, pero no a cualquier coste", dijo Cavero.

CON DIFICULTADES PARA LLEGAR A FIN DE MES

Con unos seis millones de personas sin trabajo, los españoles se agarran a cualquier oportunidad de empleo.

Cuando la compañía de muebles sueca Ikea anunció que abriría una nueva tienda a las afueras de Valencia y necesitaría 400 empleados, más de 20.000 personas solicitaron el empleo en pocos días, colapsando sus servidores informáticos.

Marina Fuentes, de 57 años y que lleva limpiando clínicas sanitarias en Madrid 34 años, se vio obligada a aceptar una reducción de salario el año pasado.

Ahora, el sueldo de 800 euros al mes le ayuda a mantener a su hija, yerno, nieta y sobrino, todos ellos en paro, que viven en un piso de dos habitaciones. Cuando su hija pidió a un trabajador social consejo sobre qué hacer, éste le dijo que se fuera a vivir con su madre.

"Todos los precios de la compra han subido y siguen subiendo, pero los sueldos no. Antes gastaba 50 euros en el supermercado el fin de semana y me duraba la semana. Ahora tengo suerte si llego al miércoles", dice Fuentes, que explica que intenta comprar y cocinar en grandes cantidades y congelar para ahorrar dinero.

Empleos que antes eran despreciados ahora son algo valioso.

Daniel Gismero, un barrendero de Madrid de 34 años, forma parte de un sindicato que luchó con éxito para evitar una reducción salarial del 40 por ciento en la empresa privada contratada por el ayuntamiento para limpiar la capital.

Reaccionaron con semanas de huelgas que dejaron montones de basura en cada esquina de la ciudad. Dice que la compañía está inundada con solicitantes de empleo.

Gismero lleva a casa 1.100 euros al mes y ha aceptado una congelación salarial y un sueldo reducido durante seis semanas al año hasta 2017 para evitar mayores recortes salariales.

"Antes nadie quería este trabajo. Estaba considerado un curro de mierda con un sueldo de mierda. Ahora me siento como uno de los privilegiados". (Editado por Alessandra Galloni y Philippa Fletcher; Traducido por Blanca Rodríguez)