La tasa Tobin es un impuesto dirigido a castigar la liquidez de los mercados financieros. Su hecho imponible son las transacciones de compraventa de activos financieros y, como tal, su efecto más inmediato es justamente ése: desincentivar gran parte de las operaciones que nos permiten disfrutar de unos mercados financieros “profundos”.

La profundidad del mercado se refiere al volumen de las órdenes existentes para comprar o para vender un activo financiero. Gracias a la profundidad de los mercados, un inversor particular puede adquirir o enajenar un paquete cuantioso de títulos financieros sin que el precio unitario de los mismos experimente una variación muy considerable como resultado del tamaño de su orden.

Es decir, gracias a la profundidad, el inversor sabe con razonable seguridad que las cotizaciones de los mercados financieros serán verdaderamente representativas del precio al que podrá ejecutar en cada momento una transacción; en ausencia de profundidad, las cotizaciones son del todo irrelevantes y el inversor va acercándose al caso extremo de un mercado plano: la negociación bilateral.

Comparen, si no, las facilidades para entrar y salir del mercado bursátil con los gigantescos costes de transacción vinculados a la compraventa inmobiliaria: la diferencia es que el primer mercado cuenta con numerosas órdenes organizadas (profundidad) y el otro con órdenes escasas y dispersas (no profundidad).

Esos costes de transacción no son en absoluto gratuitos: suponen un gravoso sobrecoste para el ahorrador quien, por consiguiente, pasa a exigir una rentabilidad mayor antes de financiar cualquier proyecto empresarial. Marginalmente, la financiación por circuitos no bancarios se encarece y ese encarecimiento repercute en menor creación de empresas o en menor aumento de las operaciones de aquellas compañías que necesiten ampliar capital.

En el fondo, menos costes de transacción son menos intercambios y menos intercambios es menor división del trabajo. Así pues, la implantación de la tasa Tobin supone un ataque directo contra la financiación empresarial porque, a su vez, supone un ataque directo contra la profundidad de los mercados financieros: los especialistas e intermediarios financieros dejarán de efectuar muchas de las transacciones que exhiben un diferencial de precios más estrecho (y cuya rentabilidad será devorada para el nuevo tributo sobre las transacciones financieras) y esta actuación reducirá la magnitud de las contrapartes.

Por eso, el efecto más perverso de la tasa Tobin sobre el ahorrador particular no será el de las incrementadas comisiones que tendrá que pagarle a Montoro, sino el de la mermada profundidad de los mercados y, por tanto, del mayor precio unitario que tendrá que pagar por cada título comprado y del menor precio unitario que recibirá por cada título vendido. Asimismo, el efecto más perverso para el inversor empresarial será que, con unos ahorradores menos propensos a ahorrar, su financiación se volverá todavía menos accesible y cara.

La única saludable válvula de escape ante semejante despropósito es la deslocalización financiera: es decir, escapar de los Estados que pretenden disparar a los pies de los ahorradores protegiéndose de su alocada voracidad. No sería la primera vez: la implantación de la tasa Tobin en Suecia a finales de los 80 secó los mercados financieros de este país hasta que ésta fue finalmente eliminada pocos semestres después (mediado por un fracaso recaudatorio sin precedentes: de los 1.500 millones de coronas suecas que esperaba obtener el Gobierno, ni siquiera se alcanzaron 100).

Sin duda alguna, sería extremadamente positivo que la estampida sueca se reprodujera en los once Estados europeos que, en medio de una crisis provocada por la insuficiencia de ahorro e inversión, han decidido castigar fiscalmente el principal mecanismo de financiación que compite directamente con el crédito bancario: los mercados financieros. El ministro de Economía español, Luis de Guindos, ha augurado que la tasa Tobin será “razonable” y no causará deslocalización alguna: esperemos que se equivoque y que los inversores españoles (y continentales) no consideren nada razonable que el Gobierno de su país opte por vampirizar la liquidez de los mercados financieros con el objetivo de minimizar los pinchazos de la hiperburbuja estatal recaudando apenas 640 millones de euros; es decir, menos del 7% de los 10.500 millones de injustificables subvenciones que sigue repartiendo cada año el Estado español.