En Economía las leyes de la oferta y la demanda son sacrosantas. No tiene sentido que generemos oferta que no va a ser demandada, y si no que se lo digan a los promotores inmobiliarios y a las cajas de ahorros, protagonistas de una burbuja sin parangón en nuestra moderna historia.

Otra ley, esta vez no tan inmutable, es que hay que dejar que los mercados funcionen para que sean eficientes, en cuyo caso, el Estado no debe intervenir, porque su intervención sería negativa para el sistema económico. Se trata de un dogma liberal con el que no estoy en general en desacuerdo, pero hay una premisa básica y no es otra que los mercados estén funcionando, y en el caso de España, y en particular en el caso del mercado laboral, no está funcionando, y con la política económica del Gobierno no va a funcionar.

Todos los organismos supranacionales nos lo dicen. Con esta política económica no se va a generar empleo en varios años. Y resulta que España no puede permitirse dar de comer a 6 millones de parados, a 8,3 millones de pensionistas y a 3 millones de funcionarios, junto con sus familias, con el poco IRPF e IVA que producen la legión de mileuristas o “nimuleuristas” que ha generado la Reforma Laboral.

Por tanto, tenemos que crear empleo sí o sí; tenemos que poner a la gente a trabajar, y no solo para darle la vuelta a la espiral recesionista, sino para que la gente que está en su casa viendo seriales, vuelva a recobrar la autoestima, y se sienta útil, lo cual a mí me parece hasta más importante que lo primero.

Si la iniciativa privada no genera empleo, bien porque no quiere, bien porque los bancos siguen sin prestar un euro a nadie, a lo mejor tiene que ser el Gobierno el que genere los puestos de trabajo, pero eso sí, con inversión pública productiva. Y claro, la pregunta siguiente es otra, que haría cualquier miembro del equipo económico del Gobierno: ¿cuál es esa actividad que genere empleo y que las empresas del sector privado no estén realizando?, ya que para los neoliberales, la mano invisible cubre todas las posibles actividades empresariales, y no es posible que haya un sector que pueda dar beneficios que no esté cubierto por la empresa privada.

Pues, sí, sí que lo hay, y no es otro que el Sector del Alquiler Inmobiliario. En España, la gente necesita alquilar viviendas a un precio razonable, viviendas en las que pueda vivir de forma permanente, sin que el casero les desahucie porque la necesita para su hijo o para él mismo, sin que tengan que preocuparse por los arreglos y el mantenimiento necesario del edificio, etc. En otros países, existen grandes empresas, instituciones o fondos inmobiliarios, que detentan la propiedad de edificios en alquiler y que se dedican exclusivamente a alquilar sus miles o decenas de miles de viviendas a una clientela estable. En España, no.

Si tenemos en cuenta que el precio del suelo se ha hundido hasta niveles inferiores al 20% de lo que costaban en la pasada década, y que en los momentos más altos de la burbuja, tres cuartas partes del coste de las viviendas era la repercusión del suelo, ¿por qué no se puede coger el suelo que tiene el SAREB en propiedad y dedicarlo a la construcción de viviendas de tipo medio, cuyo único destino sería el alquiler a las personas que lo necesitaran y a un precio razonable?

No, no es una tontería. Los pisos que hay vacíos por ahí, están desperdigados y con problemas judiciales, y en muchos casos son de mala calidad. Además, el precio al que se venden todavía es muy alto en comparación con lo que costaría la nueva construcción. Estaríamos hablando de pisos de entre 60 y 90 m², con una a tres habitaciones, en alturas de ocho pisos. Para un bloque de 32 apartamentos con una parcela de 640 m² sería suficiente, y la repercusión por piso sería de tan solo 20 m² de coste, y al precio actual del suelo no debería superar los 20.000 € por apartamento.

Para un apartamento de 75 m² con dos habitaciones, una construcción con calidades medias, no debería superar los 1.000 € por metro cuadrado, lo que supondría un coste de construcción de 75.000 €. Si añadimos unos gastos de mantenimiento del inmueble y cuota parte de gastos de estructura de la empresa tenedora de unos 5.000 € anuales por apartamento, tendríamos en números redondos que por 100.000 € se podrían construir apartamentos razonables para alquilar.

Creemos una empresa pública, Española de Alquileres, S.A., y digamos que construya 20.000 apartamentos en los próximos tres años. Necesitaría 2.000 millones de euros para realizar la construcción, y generaría unos 30.000 empleos directos y 70.000 indirectos, o lo que es lo mismo, cien mil parados menos, que entre IVA, IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social producirían unos 175 millones de euros de ingresos al Estado, a los que a partir de su puesta en marcha, habría que añadir los ingresos por alquileres, que podrían ser de 500 € mes por apartamento, que aplicado a 20.000 apartamentos supondría un ingreso de 120 millones de euros anuales, o lo que es lo mismo, un 6% de rentabilidad para la empresa pública, lo cual, después de un año de gestión (cuarto año) permitiría su privatización con una salida a Bolsa, en la que se recuperaría como mínimo lo invertido, ya que una inversión segura al 6% y con garantía real, lo normal es que generase plusvalías.

Por tanto, dedicar 2.000 millones a inversión pública, a lo mejor no es el anatema que piensan los neoliberales. Al fin y al cabo, sólo los sobrecostes del AVE de Barcelona parece que han sido 8.000 millones. Dejémonos, pues, de tópicos, y pensemos que con una sola idea podemos quitarnos el 2% del paro actual. Ya sólo nos faltan otras 49 para conseguir el pleno empleo. Piensen, ya sé que les cuesta, y olvídense de los dogmas. El sistema ha mutado, y hacen falta nuevas ideas para sacarnos de donde estamos. De verdad que lo necesitamos.