No descubriré nada si digo que el programa electoral de Podemos, al igual que el del PSOE, PP o IU, se halla en las antípodas del liberalismo: todas estas formaciones políticas apuestan por reforzar el poder y el control del Estado sobre las relaciones voluntarias emanadas de la sociedad. Sin embargo, entre las propuestas de Podemos figura una que, en caso de que sus promotores se tomaran verdaderamente en serio su programa, supondría un auténtico revulsivo privatizador para nuestra economía.

Así, la propuesta 1.6 de sus promesas electorales lleva por título Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía, entendiéndose por tales sectores estratégicos las telecomunicaciones, la energía, la alimentación, el transporte, la sanidad, el sector farmacéutico y la educación. Hasta aquí nada demasiado novedoso: se insiste en la sempiterna falacia de que todos estos sectores quedan fuera del control del Estado cuando, en verdad, se hallan salvajemente hiperregulados (en muchas ocasiones, en privativo beneficio de los correspondientes lobbies) y, en algunos casos, incluso monopolizados de facto por la administración.

Lo llamativo no es esta copla -tan común en las palabras y en los hechos de nuestro panorama político- sino lo que viene a continuación. En concreto, el programa electoral de Podemos defiende “limitar las privatizaciones de las empresas, reconociendo el derecho patrimonial de la ciudadanía sobre las empresas públicas, y el carácter meramente gestor de los gobiernos sobre las mismas”. Aunque en apariencia se esté propugnado restringir la posibilidad de nuevas privatizaciones, las auténticas implicaciones de estas palabras conducen más bien a lo opuesto: convertir todos los bienes patrimoniales del Estado en patrimonio privado de los ciudadanos, es decir, a privatizarlos.

Dicho de otro modo, lo que Podemos está defendiendo -probablemente de manera inconsciente- es que, en realidad, no existen bienes de dominio privado de la Administración, sino que todos ellos son, en el fondo, propiedad privada del conjunto de los ciudadanos: el Gobierno meramente actuaría como el administrador que los ciudadanos, en cuanto a propietarios, han escogido de un modo idéntico a cuando los accionistas de una sociedad anónima escogen al consejo de administración.

Precisamente por lo anterior, no resulta válida la implicación que quiere extraer Podemos de ese muy liberal reconocimiento del derecho de propiedad privada de los ciudadanos sobre los bienes patrimoniales del Estado: “se entenderá por tanto que toda privatización debe hacerse mediante referéndum, ya que supone la venta de activos colectivos propiedad de la ciudadanía”. No. Del hecho de que los activos copados por el Estado sean propiedad colectiva de todos los ciudadanos no se deriva la necesidad de que su disposición se efectúe de manera monolítica por todos ellos.

En las sociedades anónimas, por ejemplo, la propiedad privada colectiva sobre los activos empresariales se halla dividida en porciones alícuotas (acciones) que son libremente transferibles por cada copropietario: esto es, cada cual es libre de disponer íntegramente de su paquete accionarial, ya sea para quedárselo (ejercitando los derechos políticos y económicos que de él emanan) o para enajenárselo a terceros. Si, según reconoce ahora Podemos, los bienes patrimoniales del Estado no son propiedad del Estado sino de los ciudadanos (y, en efecto, son propiedad de los ciudadanos, ya que han sido financiados con sus impuestos), ¿no sería lógico y deseable que se permitiera a cada ciudadano disponer individualmente sobre su porción ideal sobre esa propiedad privada colectiva?

Si así se hiciera, todas las empresas públicas que hoy caen bajo el estricto control de la casta política pasarían a estar automáticamente privatizadas, es decir, bajo la propiedad privada de los ciudadanos. Éstos serían soberanos para mantener o desprenderse de sus acciones y, por tanto, para nombrar o deponer a los profesionales que gestionaran tales empresas privatizadas -y que, evidentemente, no tendrían por qué guardar relación jerárquica alguna con el poder político constituido-, para determinar las remuneraciones de esos profesionales, para acotar sus competencias o incluso para cerrar y liquidar la compañía.

En suma, propugnar que los bienes patrimoniales del Estado son, en realidad, propiedad privada de los ciudadanos equivale a propugnar su privatización (que no su reparto a los amiguetes del Gobierno de turno). ¿Será consecuente Podemos y defenderá devolvernos a los ciudadanos la propiedad y la libertad de disposición individual sobre Renfe, Aena, RTVE, Correos, la Agencia Efe, Navantia, Loterías y Apuestas del Estado, Paradores Nacionales, Izar o toda la banca recientemente nacionalizada por el Partido Popular?