Es verdad que, en contra de lo que decía Nozick, los impuestos no son la traducción monetaria de la esclavitud: los impuestos son una mordida sobre los bienes y servicios que voluntariamente has generado; mientras que la esclavitud implica ser forzado a generar bienes y servicios en contra de tu voluntad. La distinción existe y es importante, pero termina ahí, lo que debería constituir motivo más que suficiente para indicarnos que la fiscalidad excesiva adolece de flagrantes problemas de legitimidad. Claro que, entonces, la cuestión pasa a ser qué nivel de fiscalidad puede considerarse como excesivo.

A este respecto, me limitaré a ofrecer una aproximación intuitiva con la que, creo, todos deberíamos estar de acuerdo: cabe considerar excesiva aquella fiscalidad superflua y para la que no existe ninguna justificación más allá que mera imposición coactiva del Estado. Por ejemplo, supongamos una sociedad igualitaria donde todos cobran 20.000 euros anuales y donde el Estado establece un nuevo tributo sobre sus ciudadanos de 5.000 euros anuales para costear un servicio X para esos ciudadanos. Supongamos, además, que el Estado carece de una superioridad organizativa en la provisión de ese servicio que la que pueda emerger a través de intercambios voluntarios en el mercado: en la medida en que todos pagarían coactivamente al Estado 8.000 euros para recibir a cambio unos servicios valorados en 8.000 euros que podrían haber sido proporcionados por medios no coactivos, entonces parece claro que esa carga fiscal extraordinaria carece de justificación alguna.

En mi libro Una revolución liberal para España expongo que la práctica totalidad de las funciones que hoy reúnen los Estados modernos no están justificadas: en los diversos capítulos trato de mostrar cómo el libre mercado podría proveer con igual o mayor eficacia que los Estados actuales servicios como la educación, las pensiones, la sanidad o la asistencia social. Como resultado, cerca del 90% de la fiscalidad actual podría ser considerada como superflua y, por tanto, excesiva. Tal como argumento en el libro, no parece haber necesidad alguna para un Estado que cope más del 5% del PIB.

Por eso hoy estamos de enhorabuena: el 3 de julio es el Día de la Liberación Fiscal; es decir, el día en que el español medio deja de trabajar para el Estado y pasa a trabajar para sí mismo. 184 días entregándole al fisco todo el valor que somos capaces de generar en sociedad a cambio de que el fisco nos devuelva ciertos bienes y servicios provistos en régimen de monopolio (con las consiguientes mermas de calidad y baratura que implica todo monopolio legal).

Pero, por mucho que estemos de enhorabuena, el objetivo no debería ser el de contentarse con la magnitud del expolio actual, sino el de intentar reducirlo a su mínima expresión. Sí, como digo,no debería ser necesario trabajar más de 20 días al año para el Estado (pues con un Estado de, como mucho, el 5% del PIB hay más que suficiente para desempeñar sus funciones esenciales; entre ellas, las de proporcionar una renta mínima y un acceso a servicios esenciales a las personas sin recursos), entonces los otros 164 días que estamos trabajando para el Estado son una mordida cuya única razón de ser se halla en un uso de la fuerza socialmente legitimado cual síndrome de Estocolmo.

Después de un parche fiscal montoriano que nos ha sido vendido como la gran revolución tributaria del Partido Popular, a pesar de que únicamente ha minorado la carga tributaria en —tirando muy por lo alto— nueve días, conviene no perder de vista la auténtica magnitud de la losa tributaria que padecemos: actualmente el Día de la Liberación Fiscal se halla en el 3 de julio, Montoro quiere adelantarlo al 24 de junio, pero no hay motivo para que vaya más allá del 20 de enero.