Lograr que la cultura esté disponible para todos los ciudadanos, con independencia de su nivel de renta, es una tarea que tradicionalmente se ha encomendado al Estado. En apariencia, el sector privado carece de incentivos para lograr que el común de los mortales acceda a los distintos receptáculos del conocimiento, de manera que han de ser las Administraciones Públicas las que se encarguen de ello.

A fin de desarrollar esta tarea, los Estados modernos han erigido un sistema de bibliotecas públicas organizado en torno a dos niveles: por un lado, una red de bibliotecas municipales que pone a disposición de los ciudadanos una amplia selección de los libros más demandados. Actualmente, en España hay más de 4.200 bibliotecas públicas que están dotadas con un presupuesto anual de casi 500 millones de euros y con una plantilla de 15.000 trabajadores para dar servicio a sus más de 15 millones de usuarios inscritos.

Por otro lado, los Estados modernos también han apostado por las megabibliotecas: depósitos gigantescos de obras a disposición de especialistas. La biblioteca del Congreso de los Estados Unidos cuenta, por ejemplo, con más de 150 millones de títulos merced a su presupuesto anual de 650 millones de dólares; en nuestro caso, la Biblioteca Nacional española posee más de 25 millones de volúmenes y cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros para dar servicio a sus casi 45.000 usuarios.

Como decíamos, durante mucho tiempo se ha pensado que estas funciones sociales sólo podían recaer en las manos de un magnánimo y benevolente Estado con capacidad para obligar a los contribuyentes a financiarlas coercitivamente. Sin embargo, los últimos diez años nos han proporcionado sobrados ejemplos de que el sector privado, tanto el que persigue el lucro monetario como el que exhibe motivaciones puramente filantrópicas, también puede ocuparse de estas tareas por mecanismos exclusivamente voluntarios.

Así, en primer lugar, el sector privado ya ha resuelto el problema de crear una gran base de datos que recoja todas las obras publicadas a lo largo de la historia de la humanidad. Iniciativas semifilantrópicas como la de Google Books, o enteramente filantrópicas como la de Internet Archive, han digitalizado hasta la fecha más de 30 millones de libros, y antes de que transcurra otra década es muy probable que la biblioteca más grande del planeta sea cualquiera de estas dos y no ninguna faraónica entidad estatal.

Empero, estos dos loabilísimos proyectos se topan con el mismo obstáculo: el copyright. La mayoría de obras digitalizadas por Google o Internet Achive no son de dominio público, por lo que, si bien se hallan digitalizadas, no pueden ser puestas a disposición de sus visitantes. Dicho de otro modo, Google e Internet Archive habían logrado replicar por medios privados las funciones desempeñadas a costa del contribuyente por la Biblioteca Nacional, pero no las de la red estatal de bibliotecas municipales.

Por fortuna, Amazon acaba de dar un paso de gigante a la hora de ofrecer una alternativa privada a las bibliotecas municipales: el servicio de Kindle Unlimited. Por apenas 10 dólares mensuales (unos 7,5 euros al mes), el usuario puede contratar un acceso ilimitado y online a un catálogo de, hasta la fecha, 600.000 títulos protegidos en su mayoría por copyright. Han sido muchos quienes han definido este servicio como el Spotify de los libros; pero igual de pertinente sería caracterizarlo como la innovación disruptiva que terminará por reemplazar a las bibliotecas municipales. A cambio de una pequeña cuota, cualquier familia podrá echar mano de un vasto repertorio de libros en continua actualización y ampliación.

En suma: tal como explico en mi libro Una revolución liberal para España, el sector privado puede encargarse perfectamente de universalizar el acceso a la cultura. No necesitamos un Estado para ello. En el caso de los libros, Google e Internet Archive ya nos están proporcionando acceso gratuito y a un clic a todas las obras de la humanidad que sean de dominio público; a su vez, Amazon comenzará a ofrecernos una tarifa plana de 10 dólares mensuales para disponer de un catálogo en permanente expansión de obras que retienen el copyright. Todo ello sin necesidad de obligar a nadie a pagar por lo que no quiere. Maravillas del capitalismo.