Al grito de “¡Argentina, Argentina!”, en diciembre de 2001 el Congreso de la República Austral decretó la suspensión de pagos. Más de cien mil millones de deuda exterior impagada. Hasta ese momento, el mayor default de la historia. Excluida de los mercados de capitales internacionales, Buenos Aires se vio forzada a renegociar con sus acreedores para intentar recuperar una diminuta parte de su maltrecha credibilidad: en 2005 ofertó a los bonistas impagados un primer canje de obligaciones que llevaba implícito una quita del 65% y que fue aceptada por el 80% de los inversores; en 2010 realizó una nueva oferta de canje con una quita del 66%, y en ella entraron alrededor del 12% de los afectados.

Al final, pues, apenas el 7% de los acreedores se negó a pasar por las horcas caudinas del Gobierno argentino: son los holdouts(técnicamente: los que se quedan fuera del acuerdo). En su lugar, optaron por recurrir a la justicia, esperando obtener una resolución favorable, o por vender sus bonos a otros inversores con más tiempo, estómago y dinero para seguir la larguísima y complicadísima vía judicial. Ahí es donde entran los famosos fondos buitre: inversores de algo riesgo que adquieren pasivos de deudores insolventes con la esperanza de recuperar una parte del capital adeudado. En este caso, compraron los títulos de algunos holdouts con la esperanza de cobrarlos denunciando al Gobierno argentino ante los tribunales de medio mundo: la justicia belga falló en contra de los fondos buitre, también la alemana; pero la estadounidense, de la mano del juez Thomas Griesa, les dio la razón en 2012, permitiéndoles resarcirse mediante la apropiación de los activos del Estado argentino en suelo estadounidense.

Buenos Aires recurrió la sentencia ante la Corte Suprema de los EEUU, logrando paralizar cautelarmente su aplicabilidad (stay); pero el pasado 16 de junio la Corte rechazó la apelación argentina, permitiendo así a los fondos demandantes acudir a cualquier juzgado estadounidense a reclamar la congelación de los activos del Estado argentino con el objetivo de cobrarse los 1.500 millones de dólares adeudados.

Sucede que entre los activos congelados se halla el dinero que el Gobierno argentino debe abonar a los bonistas que sí entraron en los canjes de 2005 y 2010 y que se hallan bajo jurisdicción estadounidense (en concreto, 539 millones de dólares): mientras ese capital esté congelado (y sujeto al resarcimiento de los fondos buitres), el Gobierno argentino no puede cumplir con sus obligaciones frente a los bonistas del canje. Este 30 de julio expiraba el plazo para pagarles 539 millones de dólares, y Argentina no pagó.Es decir, Argentina ya ha entrado en default selectivo (selectivo porque sólo afecta a los bonistas bajo legislación estadounidense).

La cuestión, claro, es por qué el Gobierno argentino se niega a desbloquear todo este embrollo abonando a los fondos buitre los mentados 1.500 millones de dólares que se les adeudan. Y aquí las interpretaciones son variadas. Por un lado, Buenos Aires alega que si paga esos 1.500 millones de dólares se activarán las cláusulas RUFO (Rights Upon Future Offers) contenidas en los acuerdos de canje de 2005 y 2010: estas cláusulas implican que si el Gobierno mejora las condiciones del canje para los holdouts, todos los que participaron en el canje pueden beneficiarse de esas mejores condiciones. En la práctica, pues, la activación de las cláusulas RUFO implicaría revertir el default de 2001, lo que forzaría a Argentina a pagar íntegramente toda su deuda exterior vigente en aquel momento, más los correspondientes intereses (más de 100.000 millones de dólares). Las cláusulas RUFO expiran el 1 de enero de 2015, y por eso el Gabinete Kirchner pide prolongar la suspensión cautelar de la sentencia (elstay) hasta entonces (momento en el que ya podría renegociar con los fondos buitre sin que se activen las cláusulas RUFO).

Por otro lado, las excusas del Gobierno argentino adolecen de un problema fundamental: las cláusulas RUFO sólo se activan en caso de que la oferta de mejora a los holdouts sea una oferta voluntariapor parte de Buenos Aires. En este caso no estamos hablando de una oferta voluntaria, sino de un cumplimiento coercitivo de una sentencia judicial, por lo que las cláusulas RUFO no se activarían.

¿Por qué entonces el Ejecutivo argentino no se limita a cumplir la sentencia? Porque, en tal caso, todos los otros holdouts que no le han demandado procederían a hacerlo, con lo que Buenos Aires se vería obligado a abonar no 1.500 millones de dólares, sino alrededor de 15.000 (dicho de otro modo: todos los que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 recuperarían la totalidad del dinero invertido más los correspondientes intereses). De ahí que, en contra de lo afirmado, el Gobierno argentino muy probablemente tampoco tenga intención alguna de pagar en 2015: el nuevo stay que está reclamando es sólo una estratagema para ganar tiempo y trampear algún tipo de solución.

¿Qué solución? Pues no está muy claro. Por un lado, el Gobierno Kirchner está intentando convencer a los bancos argentinos de que compren los bonos a los fondos buitre por 1.500 millones de dólares, para después renegociar voluntariamente con sus bancos a partir de 2015 (momento en el que habrán expirado las cláusulas RUFO). Por otro, podría intentar forzar un cambio de jurisdicción (desde EEUU a Argentina) por parte de todos los bonistas que participaron en el canje, pues una vez bajo la jurisdicción argentina podría incumplir la sentencia de Griesa sin demasiadas consecuencias (el problema es que el cambio involuntario de jurisdicción sería entendido como undefault por las agencias de calificación). Y, por último, sigue negociando y amenazando bajo cuerda a los fondos buitre para que acepten sumarse a las condiciones del canje de 2005 y 2010: si os sumáis al canje, ganaréis algo de dinero; si no os sumáis, no cobraréis nunca. Veremos qué artimaña ingenia finalmente el Ejecutivo argentino para no pagar y minimizar los destrozos en su credibilidad exterior.

En todo caso, hay dos asuntos que sí deberían quedar claros. Primero, cuanto más tiempo se prolongue la situación de impago selectivo, tanto más se desmoronará la credibilidad de Argentina y tanto más tardará en regresar a los mercados internacionales. Ahora mismo, la imagen que está transmitiendo Buenos Aires es la de un Ejecutivo bandido que prefiere llevar su país al default antes que cumplir con las resoluciones de unos tribunales a los que voluntariamente se sometió (pues la deuda en cuestión la emitieron bajo la jurisdicción estadounidense).

Segundo, en contra de lo que se nos suele prometer desde los distintos partidos populistas españoles, el default de deuda no es un proceso sencillo, de inmediata resolución y libre de perjuicios. El impago de 2001 todavía sigue coleando y socavando la credibilidad de Argentina. Repudiar la deuda no es un mal trago que dure unos meses, sino un calvario económico y jurídico que se extiende durante décadas. Si no queremos ser como Argentina… no sigamos los pasos de Argentina.