Los defaults no salen gratis. Su consecuencia más inmediata -incluso en aquellas suspensiones de pagos beatíficamente calificadas de “renegociación de la deuda odiosa”- es que los extranjeros dejan de prestarnos su capital. Y esto, en un país que no tiene instalada una imprenta de billetes en el cuarto de baño de la residencia presidencial, supone ciertamente un problema: toda la financiación del déficit público debe efectuarse o con impopulares subidas de impuestos o con cargo al ahorro interno.

En este sentido, la economía española constituye una combinación terrorífica de todos los factores que impiden un default suave: es una economía con un gigantesco déficit público, con un elevadísimo endeudamiento privado -que absorbe todo el ahorro interno-, con una tendencia crónica a la generación de déficits exteriores, con una carga fiscal monstruosa para el sector productivo del país y sin una divisa propia que el Gobierno pueda inflar a placer.

Por eso, esencialmente, las cuentas de Podemos no cuadraban: uno no puede reclamar simultáneamente más déficit público, más gasto público y más impago de la deuda. Y no puede no por un elemental sentido de la honestidad -”Te voy a impagar lo que te debo pero te voy a seguir pidiendo prestado dinero para, en el futuro, volver a impagártelo”-, sino porque simplemente no hay manera de financiarlo.

Acaso los cuadros del partido consigan engañar a la catequizada parroquia electoral apelando a esa infinita bolsa de oro de Leprechaun en que algunos han convertido al fraude fiscal, pero, dejando de lado las inverosímiles cifras que a este respecto se manejan, esos mismos cuadros supongo que serán conscientes de que, en realidad, no hay forma de financiar su programa. O, al menos, no la había hasta que han comenzado a desgranarnos los detalles del apéndice técnico no adjuntado a ese programa.

Así, resulta que Podemos impulsará la creación de un euro de segunda división para el sur de Europa. La peseta-lira-dracma: algo así como “una divisa común para gobiernos deseosos de sangrar a su población con inflación”. No es de extrañar: si Podemos impaga parte de la deuda pública y se niega a recortar el gasto (al contrario, desea multiplicarlo), el déficit del Estado se irá muy por encima del 10% del PIB. ¿Cómo sufragar tamaño dispendio sin poder emitir deuda y sin subir los impuestos? Pues evidentemente imprimiendo moneda y generando una monumental inflación.

La inflación, ciertamente, también es un impuesto que redistribuye la renta desde los ciudadanos al Estado, pero es un impuesto cuya vinculación con las élites políticas pasa más inadvertida para el común de los mortales: resulta mucho más fácil identificar a Montoro con la autoría del sablazo que supone el IRPF o el IVA que con un IPC que sube cada año un 5, un 10 o un 20%. A la postre, los impuestos los sube el Gobierno, pero los precios son cosa de “los empresarios ladrones” que quieren tumbar al victimizado Ejecutivo.

Más allá de la retórica populista, la inflación sí es un impuesto, y un impuesto que, para más inri, pagan los ciudadanos con menor cultura financiera. Los ricos lo tendrían relativamente sencillo para protegerse de una alta inflación de la peseta-lira-dracma: sólo deberían invertir su capital en renta variable nacional o, todavía mejor, en renta variable extranjera. Los ciudadanos cuyo único activo financiero es su depósito bancario, en cambio, lo tienen mucho más crudo: ellos sí son expropiados inmisericordemente por un Gobierno manirroto que necesita financiar su hipertrofia sin capacidad de emitir deuda. No olvidemos los grandes éxitos inflacionistas de la peseta: entre enero de 1961 y diciembre de 1998, la inflación acumulada fue del 2.380%, lo que significa que un millón de pesetas de 1961 quedó reducido a unas 42.000 pesetas de 1998: ese fue el robo inflacionista que practicaron sobre los depositantes los distintos Gobiernos de la época.

Ahora, al parecer, se trata de repetir éxitos pasados. Los mismos que se rasgan las vestiduras cuando oyen hablar de recortes en los salarios nominales abrazan entusiasmados un proyecto inflacionista para rebajarlos agresivamente en términos reales: default, salida del euro depreciación y alta inflación. Como la senda que ha seguido Argentina desde 2001, con tan desestabilizadores resultados: impago de la deuda en 2001, abandono de la paridad dólar-peso, depreciación de la moneda local (hasta 1 dólar = 8 pesos) y devastadora inflación oficial del 250% (si bien Venezuela se lleva la palma, con una inflación del 1.300%).

La receta precisa para que la inversión salga en desbandada del país, para que se cortocircuite la financiación internacional, para que el Estado controle más recursos dentro de la economía a través del atraco inflacionista y para, en última instancia, seguir siendo una economía de bajos salarios, cerrada hacia el exterior, con incapacidad para atraer y retener talento, con una clase media devorada por la fiscalidad y con una tendencia irresistible hacia el impago y la depreciación secular. No sé ustedes, pero yo preferiría parecerme antes a Suiza, Australia, Nueva Zelanda o Canadá (incluso a Alemania, Dinamarca o Suecia) que a Argentina o Venezuela. Estado moderado con baja inflación y estabilidad cambiaria versus Estado ultraintervencionista con saqueo inflacionista y extrema volatilidad cambiaria. Supongo que Podemos (e Izquierda Unida) prefiere mirarse en el modelo de Argentina y Venezuela.