Finalmente, parece que Podemos se ha decidido a ofrecernos una estimación de los costes de algunas de sus políticas económicas estrella, como la renta básica de 6.000 euros por adulto o la jubilación a los 60 años: la primera implicaría un desembolso anual para las arcas públicas de 145.000 millones de euros y la segunda, de unos 20.000 millones. En total, pues, la enjuta cifra de 165.000 millones de euros –el 16% del PIB español–, a la que, siendo rigurosos, deberíamos añadir los 65.000 millones de déficit público que nuestro país todavía tiene pendiente reconducir para regresar a la sostenibilidad financiera.

Acaso al lector no le proporcionen demasiada información guarismos tan agregados, así que permítanme ponerlos en perspectiva: 165.000 millones de euros es el doble de lo que gastamos cada año en pensiones de jubilación contributivas; equivale a cinco veces el salario de todo el personal de la educación o de la Sanidad pública; y es el triple de lo recaudado anualmente por IVA. De hecho, si toda esta gigantesca presión fiscal extraordinaria recayera únicamente sobre el IRPF, cada contribuyente español debería abonar, de media, 8.500 euros adicionales en impuestos. Pagar 8.500 euros adicionales en impuestos para recibir 6.000. Un negocio, ciertamente, redondo.

Claro que, según Podemos, tamaña operación de ingeniería estatal sería únicamente sufragada por «los ricos». El problema es que, en tal caso, las cuentas siguen sin salir. Por ejemplo, si concentráramos este rejonazo fiscal sobre el 25% de los contribuyentes «más ricos» –aquellos que ganan más de 25.000 euros anuales: genuinos Rockefellers–, la subida media de impuestos para este tramo de la población rondaría los 35.000 euros anuales por contribuyente. Se me antoja complicado que haya ciudadanos que ingresen 25.000 euros y paguen 35.000 de impuestos. Si, en cambio, la estocada tributaria la dirigiéramos sólo contra el 10% más acaudalado –aquellos que ganan más de 40.000 euros anuales–, la subida media de impuestos para este tramo sería de 83.000 euros. De nuevo, no parece muy factible que quienes ganan 40.000, 50.000 o 60.000 euros anuales paguen 83.000 en impuestos.

Por supuesto, la retórica electoral de Podemos ha desviado astutamente la atención de semejantes sablazos contra el ciudadano corriente apelando a ese supuesto saco sin fondo de recaudación que estaría constituido por el fraude fiscal. A este respecto, hemos escuchado cifras tan disparatadas como que el fraude fiscal español asciende a 250.000 millones de euros, lo que, en consecuencia, bastaría para financiar aventuras estatistas como las de Podemos. Sucede que estas cifras siempre se presentan de manera deliberadamente confusa y engañosa: 250.000 millones de euros no es la estimación del fraude fiscal, sino la estimación más alta disponible de la economía sumergida española. Y economía sumergida no es lo mismo que fraude fiscal: primero, porque puede haber fraude fiscal fuera de la economía sumergida (uso de facturas falsas para reducir la carga tributaria) y, segundo, porque no toda la economía sumergida son rentas que deja de ingresar el Fisco (si yo no declaro rentas de 20.000 euros no estoy defraudando a Hacienda el 100% de esos 20.000 euros, sino únicamente el porcentaje de impuestos que me hubiese correspondido pagar sobre esa cantidad).

Así las cosas, las estimaciones de evasión fiscal para España más reconocidas internacionalmente son las del profesor Friedrich Schenider, de la Universidad Johannes Kepler, que la cifra en torno al 2,8% del PIB, esto es, unos 30.000 millones de euros. Si, siendo muy optimistas, consiguiéramos reducirla hasta el nivel de Alemania (1,9% del PIB), la Hacienda española apenas lograría 10.000 millones de euros adicionales: el 6% de lo que necesitaría Podemos para sufragar sus propuestas (y ello sin contar con que esa recaudación debería dirigirse, prioritariamente, a la reducción de los 65.000 millones de déficit público). Incluso si tomamos las infladísimas estimaciones de la Tax Justice Network, España apenas lograría recaudar 24.000 millones de euros adicionales equiparando su fraude fiscal al de Alemania: menos del 15% de lo requerido por Podemos, de nuevo sin contar con la imprescindible minoración del déficit público.

Desengáñese: todos los contribuyentes –especialmente los trabajadores– tendríamos que pagar muchísimos más impuestos para hacer frente a los planes económicos de Podemos. O eso o, alternativamente, declarar la suspensión de pagos y la salida del euro para, siguiendo las directrices del exitoso Gobierno peronista argentino, imprimir masivas cantidades de neopesetas que permitieran hacer frente a tamaño gasto público mediante la generación de una altísima y pauperizadora inflación. Acaso por ello los dirigentes de Podemos hayan reclamado recientemente desde Argentina la creación de un «nuevo euro» para los países del sur de Europa: un nuevo euro que coloque la imprenta de billetes en la mesita de noche presidencial.

Mas, a pesar del inquietante horizonte de expolio tributario o inflacionista al que nos aboca el programa económico de Podemos, diría que su auténtico problema de fondo es otro. A saber: lo verdaderamente desazonador de sus propuestas es la filosofía económica de base. A la postre, lejos de ambicionar una sociedad de ciudadanos libres, autónomos y constructores de su propia prosperidad, Podemos aspira a crear una sociedad de individuos explotados fiscalmente por el Estado y dependientes de los subsidios que ese mismo Estado tenga a bien entregarles. En lugar de reclamar la supresión de toda la asfixiante red actual de impuestos y regulaciones que condena a millones de personas al desempleo o al subempleo, Podemos propone seguir multiplicando el tamaño y el intrusismo de esa red a cambio de subsidiar las dramáticas situaciones de desempleo y subempleo que esa misma red genera. En lugar de querer acercarnos a países tan prósperos como Suiza, Australia o Nueva Zelanda emulando su libertad económica, su fiscalidad moderada, su estabilidad monetaria o su Estado de Derecho, Podemos sugiere copiar las prácticas de estados tan liberticidas, intervencionistas, inflacionistas y caciquiles como los de Argentina o Venezuela.

Decía el economista francés Frédéric Bastiat que todo Estado tiene dos manos: una mano malévola que quita y una mano dulce que da. Y que si bien conocemos multitud de estados que quitan más de lo que dan, todavía no conocemos ninguno que dé más de lo que quita. El caso de Podemos no sería una excepción. Al cabo, los problemas económicos de España no proceden de sus bajos impuestos, de su anoréxico sector público, de su moderada deuda pública o de sus inexistentes regulaciones, sino de sus asfixiantes tributos, de su Estado sobredimensionado, de sus gigantescas obligaciones públicas y de sus omnipresentes normativas. Seguir ahondando en todos estos males no nos conducirá a la prosperidad, sino hacia una mayor pobreza. Démosle una oportunidad al Estado de Derecho y a la libertad económica.