En el caso de la suspensión de mi colaboración semanal con TVE hay que saber diferenciar la anécdota de la categoría. Lo anecdótico, lo irrelevante, lo intrascendente es que una colaboración que pretendía ser semanal se haya cancelado: los colaboradores, en todas partes, van y vienen, comienzan y terminan, alcanzan notoriedad y la pierden. Nunca me creí acreedor de un derecho a participar en la cadena estatal y, por tanto, la suspensión de esa participación tiene, en sí misma, la importancia que merece: prácticamente ninguna.

Más relevante es no perder de vista la categoría, el verdadero fondo de esta cuestión: que las burocracias estatales —esas mismas que dicen constituirse desinteresadamente en nombre del interés general: “la televisión de todos”— son explotadas en privativo beneficio de aquellas oligarquías que consiguen controlarlas. Todos deberíamos ser conscientes de que cada vez que pagamos impuestos, cada vez que nos castigan con el 21% de IVA o cada vez que nos retienen la correspondiente mordida del IRPF, no lo hacemos por nuestro propio bienestar, ni siquiera por el bienestar de aquellos sectores de la sociedad más desfavorecidos que desde luego merecen algún tipo de ayuda; no: lo hacemos esencialmente para alimentar a las burocracias estatales que han logrado patrimonializar los Presupuestos Generales del Estado.

Ésa, la auténtica casta gobernante que todavía nadie se ha atrevido a denunciar y a proponer desmontar en España, constituye el verdadero destino último de nuestros pluridiezmos. Toda la propagandística narrativa construida alrededor del Estado para hacernos creer que ese mismo Estado responde a colectivos, solidarios e incuestionables intereses generales es sólo una cortina de humo para hacernos olvidar que el emperador está desnudo, es decir, que la redistribución estatal de la renta es, en última instancia, una redistribución desde grupos desorganizados (contribuyentes) a grupos organizados (lobbies).

Y justamente por eso las ideas liberales resultan amenazantespara todos aquellos que han erigido su modus viviendi en torno a la extracción de rentas del contribuyente (ya sean los sindicatos o los políticos gobernantes). Justamente por eso, un liberal —y sólo un liberal— no puede tener cabida en un organismo estatal: la casta interna que controla ese organismo estatal no puede tolerar que se cuestione su misma existencia por cuanto no puede arriesgarse a perder sus privilegios. La persistencia del organismo público, pues, ha de ser aceptada como incuestionable dogma de fe entre los ciudadanos y, por tanto, las opiniones que socaven tal dogma de fe simplemente son inadmisibles y merecen ser vetadas.

De ahí que lo grave del asunto no sea, en absoluto, que yo haya dejado de colaborar en TVE. Lo grave ya venía siendo que las opiniones liberales no tuvieran cabida alguna en TVE y lo grave ha sido que, cuando por algún error de coordinación interna un liberal consiguió meter la cabeza en el ente estatal, las élites extractivas internas han tardado menos de una semana en cortársela. Ese es el muy privado servicio público que, tanto en TVE como en tantísimas otras burocracias estatales, se está haciendo con el dinero que periódicamente nos arrebatan por la fuerza. Y esa es la lección que deberíamos aprender de este asunto.