De acuerdo con las contestaciones recibidas, entre abril y junio de 2014, los criterios de aprobación de préstamos permanecieron en general sin cambios en España en los tres segmentos considerados, mientras que en el área del euro se relajaron ligeramente. Para el tercer trimestre, tanto las entidades de nuestro país como las de la EUM esperaban que la oferta crediticia a las empresas experimentara una cierta expansión. En cuanto a la destinada a las familias, ni las españolas ni las de la zona del euro anticipaban cambios significativos.

Por el lado de la demanda, tanto las entidades de España como las de la zona del euro informaron de que las solicitudes de financiación aumentaron en los tres segmentos. Además, las instituciones de ambas áreas esperaban nuevos incrementos en el trimestre en curso, mayores en nuestro país. La dispersión de las respuestas de las entidades españolas en el último período observado fue nula en el caso de la oferta y notable en el de la demanda.

En relación con las preguntas ad hoc, las entidades españolas, al igual que las de la zona del euro, señalaron que, en el segundo trimestre de 2014, percibieron una mejora en las condiciones de acceso tanto a la financiación minorista como a los mercados mayoristas. Las recientes medidas regulatorias y supervisoras sobre capital (implementadas o previstas) llevaron a que, durante el primer semestre de 2014, aumentaran los activos ponderados por riesgo de las entidades tanto en España como, en menor medida, en la UEM y les indujeron a incrementar su nivel de capital en ambas zonas. Por su parte, las condiciones de financiación no se vieron afectadas por estas medidas en España y mejoraron ligeramente en la zona del euro. La incidencia de estas actuaciones sobre las políticas crediticias fue nula en nuestro país, mientras que en la UEM el impacto sobre la oferta de crédito a las empresas fue algo contractivo y poco significativo en el caso de la financiación a las familias. Por último, la favorable evolución de los mercados de deuda soberana contribuyó a mejorar las condiciones de financiación de las entidades españolas y de las del área del euro, pero no tuvo prácticamente efecto sobre los criterios de concesión de los nuevos créditos.