La profunda crisis económica que padecemos está provocando curiosos cambios de rol en los diferentes agentes económicos de nuestro país. Como es bien sabido, la función de los banqueros siempre ha sido la de canalizar el ahorro hacia la inversión, de manera que lo habitual era que las familias o los rentistas depositaran su dinero en los bancos, y estos lo prestaran a las empresas con un diferencial de tipo de interés, muchas veces escandaloso, con cláusulas suelo, extorsionando a las empresas para que compraran acciones del banco o si no le retiraban el crédito, etc. Pero, en fin, esa es la banca mediterránea y el espíritu fenicio que se asentó en nuestras costas hace dos mil quinientos años.

Desde que empezó la crisis en España, los bancos decidieron que eso de prestar dinero no era lo suyo, ya que si se puede tomar todo el dinero que se desee en el Banco Central Europeo al 0,5% y se puede invertir en Deuda Pública al 5%, ¿para qué dar créditos a las empresas? Eso les da trabajo y si las cosas van mal, morosidad y pérdidas. Lo mejor es sentarse en los despachos, no dar créditos, reducir personal que ya no es necesario y dar a una tecla en la mesa de tesorería comprando cantidades masivas de Deuda Pública. Eso garantiza los beneficios de los bancos y los bonus millonarios de los directivos.

En su tiempo, el Estado tenía una banca pública, que era más o menos el 20% del sistema financiero, y que le permitía actuar discrecionalmente para evitar situaciones como esta, pero en plena influencia “thatcherista” se decidió privatizar todo lo público, incluida la banca, y el Estado se quedó sin capacidad de maniobra poder inyectar el dinero que las empresas necesitan y que los bancos se han negado a darles “porque no hay demanda solvente”. Claro, si tienes la demanda del propio Estado y sin riesgo, ¿cómo van a competir las empresas con eso? En Economía, esto se llama efecto “crowding-out”, y supone de facto la expulsión de las empresas de sus canales naturales de financiación.

Y las empresas se han quedado solas ante la crisis, pagando un coste de financiación superior al 10% a los bancos que aceptan renovarles solo una parte de los créditos que tenían antes, y sin que ya exista ninguna capacidad de negociación: “son lentejas” te dicen; o lo aceptas o me ingresas el dinero que te prestamos. Y además, algunas entidades te exigen que les compres un producto derivado si quieres que te renueven la posición de crédito, teniendo que pagar primas de opciones que no necesitas, para lograr sobrevivir un poco más.

Este es el triste panorama patrio en el mundo de las pymes. Ahora bien, otra cosa no será, pero los españoles somos imaginativos, y los directivos de las empresas han buscado un mecanismo de financiación mucho más barato, que consiste en pedir financiación a Hacienda por la vía de no pagarle los impuestos de julio y agosto. El mes de agosto es el único mes en el que no se ingresan las retenciones de IRPF y el IVA, debido a que se asume el periodo vacacional tanto en empresas como en el Sector Público. Por ello, en el mes de septiembre hay que ingresar en el erario público el doble de dinero que en otros meses. Las pymes habían encontrado una forma razonable de financiación pidiendo el aplazamiento de este impuesto doble a dos o tres años a Hacienda. La normativa actual hace que si se afianza con una garantía inmobiliaria o prendaria, el Estado conceda este aplazamiento en forma de crédito al 5% y sin comisión de apertura, mejorando notablemente las condiciones de los bancos, cuando tienen la deferencia de darte un préstamo.

Por ello, Hacienda ha visto como en los últimos dos años, numerosas pymes han utilizado este mecanismo de financiación en el que todos ganan: Hacienda se financia en media al 3,5% en los mercados y recibe intereses al 5% de las empresas, y las empresas pagan el 5% en vez del 10% a los bancos, y se libran de que se les extorsione teniendo que comprar acciones del banco o productos derivados que no necesitan.
Pero hete ahí que el Ministro de Recaudación, digo de Hacienda, se ha dado cuenta, y ha publicado un Real Decreto en el que a partir del 1 de enero de 2014, las empresas también tienen que ingresar el IRPF y el IVA el 20 de agosto, con lo que consigue el objetivo de dividir por dos la cantidad de dinero al que tienen acceso las pymes vía aplazamiento, o lo que es lo mismo, disminuye a la mitad el saldo de crédito que Hacienda está dispuesta a conceder a las pequeñas empresas por esta vía.

¡Enhorabuena, Sr. Ministro!, acaba Vd. de quitarle la penicilina al enfermo de bronconeumonía. Ya sólo le quedan las cataplasmas, y curiosamente en nuestro país sólo se venden en la oficina bancaria de la esquina, que además cierra cuando le parece bien, no respetando los horarios. Triste destino de un país que desde que empezó la crisis ha visto reducir en 400.000 millones de euros el dinero que prestan los bancos a las empresas, mientras que se ha incrementado justo en esa cantidad el dinero invertido por los bancos en Deuda Pública y en créditos a las Administraciones Públicas.