Con Hans-Werner Sinn llegó merecidamente la polémica: el director del centro de estudios Ifo ha colocado el dedo en la llaga al denunciar la perversa configuración hacia la que está avanzando Europa, a saber, hacia una mutualización centralizadora de la deuda combinada con una absoluta autonomía a la hora de emitir descentralizadamente esa deuda. Un canto irresistible a la irresponsabilidad más grotesca: los manirrotos Ejecutivos europeos se endeudan y los contribuyentes alemanes (y austriacos, y fineses, y holandeses) pagan con los platos rotos.

Ese es el razonable diagnóstico que, como decimos, efectúa el conocido economista alemán toda vez que Manuel Valls en Francia y Matteo Renzi en Italia acaban de anunciar que incumplirán deliberadamente sus compromisos de déficit para 2014. Normal, por tanto, que Sinn crea que ha llegado el momento de dar marcha atrás en la mutualización de la deuda europea para que cada país apechugue en solitario con ella sin trasladarle su coste a los alemanes: algo que básicamente implica cerrar el fondo de rescate intergubernamental MEDE, suspender la ventanilla de la OMT del Banco Central Europeo —con la que hace más de dos años salvó de la quiebra a España—, e incluso liquidar en oro los saldos deudores del sistema Target2 (préstenle la atención debida a este último punto: que Sinn reclame liquidar en oro los saldos deudores interbancarios de la Eurozona significa, en el fondo, que no confía en la supervivencia a medio-largo plazo del euro).

Todas ellas críticas pertinentes que ponen de manifiesto, sí, una cierta indefinición fundamental dentro la Eurozona que será preciso resolver en el futuro próximo: a saber, si retiramos los esquemas actuales de mutualización de la deuda pública a cambio de ceder soberanía fiscal o si, en cambio, mantenemos la autonomía fiscal a cambio de retirar los esquemas actuales de mutualización de la deuda. A la postre, si bien dentro de la Eurozona existen cuatro posibles opciones resultantes de combinar la posibilidad de mutualizar o no la deuda con la de centralizar la política fiscal o no hacerlo, en la práctica sólo las dos antedichas posiciones podrían llegar a ser medianamente estables. Examinémoslas brevemente.

                                     Mutualización  No mutualización
Centralización fiscal         Servidumbre      Dominación
No centralización fiscal     Parasitismo        Autonomía

Parasitismo

La situación actual dentro de la Eurozona se corresponde con un parasitismo fiscal del Sur contra el Norte: los Gobiernos sureños han adquirido la potestad de emitir deuda pública nacional que, en última instancia, está siendo avalada por los países del Norte. Si el Sur no paga, el Norte lo hará: esto es, mientras que los beneficios del gasto financiado con la emisión de deuda son disfrutados íntegramente por el Sur, sus riesgos son soportados en última instancia por el Norte.

Evidentemente, Alemania, Austria, Finlandia u Holanda sólo han aceptado esta situación de parasitismo de forma temporal y con una única esperanza: que los gobiernos del Sur sean lo suficientemente disciplinados como para, durante estos años de gracia, reestructurar sus economías y comenzar a amortizar su montaña de deuda acumulada durante los años de burbuja. Dicho de otro modo, el Norte le ha regalado tiempo y financiación al Sur para que éste se sanee.

Pero, por desgracia, lo que estos últimos años están demostrando —tal como nos barruntábamos algunos— es que la combinación de autonomía fiscal y mutualización de la deuda no funciona, ya que los Estados rescatados del Sur adquieren los muy perversos incentivos de seguir emitiendo deuda a costa de los Estados rescatadores del Norte. Lejos de comportarse responsablemente, han hecho lo que todo ser humano —y por supuesto todo político— haría al verse sometido a pésimos incentivos: comportarse irresponsablemente.

Por eso, la situación terminará volviéndose insostenible tal como augura Sinn. La cuestión es hacia dónde nos dirigiremos.

Servidumbre

La servidumbre del Sur ante el Norte es la opción preferida por muchos ciudadanos españoles, quienes ingenuamente siguen viendo a las burocracias europeas como entes benevolentes que se preocuparían por el bienestar general. Por eso, no dudan en ceder autonomía presupuestaria a una superburocracia a cambio de que esa superburocracia avale nuestra deuda y nos permita seguir financiándonos asequiblemente. ¿Qué puede salir mal? Avancemos hacia la integración europea y, de paso, que los europeos nos concedan crédito barato para seguir endeudándonos sine die.

Sin embargo, no deberíamos olvidar que la centralización fiscal europea implicaría que los Presupuestos Generales del Estado para España se redactaran en Bruselas o, más exactamente, en Berlín. ¿Aceptarían impenitentemente los españoles que Alemania, Austria y Finlandia pudiesen decretar por su cuenta un recorte del 15% en las pensiones españolas? ¿O una rebaja del 20% en el gasto en educación? ¿O que el IVA se disparara al 25%? No parece que a muchos los recortes por delegación les sentaran mejor que los recortes aplicados por políticos patrios: y seamos conscientes de que, mientras perdurara nuestro déficit, los recortes aplicados por Bruselas no dejarían de sucederse (lo que hoy son recomendaciones o presiones sería ley).

En la práctica, por tanto, es muy dudoso que la inmensa mayoría de españoles aceptara ceder el presupuesto a cambio de una financiación barata (y, mucho menos, cesión del presupuesto sin mutualización de la deuda, posición que implicaría una dominación sin contrapartidas del Norte sobre el Sur). Y además tampoco nos conviene: lejos de avanzar hacia superestructuras estatales que diluyan todavía más la autonomía individual, deberíamos avanzar hacia estructuras mucho más descentralizadas donde primaran los lazos voluntarios y el consentimiento. La Unión Europea es la antítesis de esa descentralización voluntarista y, por tanto, la servidumbre ante los Estados norteños no debería ser una opción.

Autonomía

La principal alternativa a la servidumbre es la autonomía fiscal: los presupuestos se siguen elaborando descentralizadamente en cada Estado europeo pero no hay mutualización de deuda (ni mediante el banco central ni mediante fondos estatales). Es la situación en la que nos encontrábamos hasta 2010 y a la que ahora Sinn quiere regresar. Se trata de la posición más sensata pero a su vez enormemente molesta para todos aquellos que viven del presupuesto: dado que cada palo aguanta su vela, aquellos Estados relativamente menos solventes ven cómo los tipos de interés de su deuda se disparan, de modo que sus gobernantes rápidamente se enfrentan a la disyuntiva de cuadrar sus cuentas o de quebrar.

Así, la autonomía fiscal es la única posición que incentiva la responsabilidad y disciplina a largo plazo de los gobernantes: la famosa corresponsabilidad que se reclama para las comunidades autónomas españolas que también habría que reclamar para los Estados europeos individualmente considerados. Pero responsabilidad implica aceptar e interiorizar los costes de la irresponsabilidad: a saber, la posibilidad de quebrar y de vernos privados del crédito para financiar nuestros déficits. Es ese horizonte de hecatombe económica el que en todo caso podría atar en corto a nuestros manirrotos gobernantes.

La cuestión, claro está, es si el euro será capaz de sobrevivir a un conjunto de quiebras en cadena dentro del Sur europeo. Sinn asume que sí, trazando el paralelismo con las quiebras estatales acaecidas dentro de EEUU que no han supuesto mayores perjuicios. Mas existen dos diferencias básicas entre la Eurozona y EEUU: la primera es que la deuda agregada de los estados en EEUU ni siquiera alcanza el 20% del PIB, mientras que en la Eurozona supera el 92%; la segunda, que la quiebra de algunos grandes Estados europeos —como España, Italia o Francia— sí abocaría a la bancarrota a la mayor parte de la banca europea, generando un cataclismo financiero de primer orden (que los Estados europeos tratarían de paliar imprimiendo divisa y generando inflación, para lo cual necesitarían no sólo autonomía fiscal sino también autonomía monetaria).

En suma, si bien la autonomía fiscal de los gobiernos constituye la mejor opción dentro de un saludable marco de unidad monetaria (tal como operó el patrón oro durante el siglo XIX), esta autonomía sólo funciona adecuadamente con Estados medianamente honestos y preocupados por el largo plazo y por cumplir con sus compromisos: en caso contrario, son plenamente capaces de exteriorizar los costes de sus despropósitos sobre el conjunto de la ciudadanía y de sus acreedores internacionales. Por desgracia, este tipo de gobernantes no se corresponde con ninguno que quepa encontrar en el Ejecutivo o en la oposición y por eso la autonomía fiscal, siendo la mejor opción, no está exenta de poder degenerar en un inquietante colapso financiero.