El “ya me cansé” se está convirtiendo en un nuevo grito de batalla. Seguro que el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, nunca imaginó que sus palabras –pronunciadas hacia final de la conferencia de prensa en la que dio a conocer que los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, habrían sido asesinados– pasarían a la historia como parte del largo caudal de expresiones de hartazgo de la sociedad mexicana.

Murillo es sin duda un hombre inteligente, pero la magnitud de la tragedia lo ha rebasado no sólo a él como persona –que sería algo fácil de resolver sustituyéndolo por alguien mejor, sino a la capacidad del Estado mexicano que, ni con toda su fuerza enfocada a resolver este problema, ha podido entregar todavía resultados convincentes con evidencias científicas en la mano. Pese a las presunciones, los normalistas todavía son “desaparecidos”. De lo dicho por el procurador, se desprende que quizás esas pruebas de que están muertos jamás llegarán.

Este, es un síntoma de lo que en realidad es lo más grave de la tragedia mexicana: nuestro Estado de derecho no impera, es débil, un Estado fallido. Ni todo su poder es capaz de proveer seguridad, ni de procurar e impartir justicia.

Y es que lo que sucedió en Iguala, Guerrero, no es más que un simple botón de muestra de lo que ocurre en grandes regiones de todo el país. Allá fuera hay decenas o tal vez cientos de “Igualas”. Si este caso no hubiese sido de las dimensiones conocidas, nunca habríamos sabido de forma pública e internacional, que las autoridades de ese municipio y el crimen organizado, eran dos caras de la misma moneda. Su esquema parecía perfecto: el presidente municipal le dejaría el cargo a su esposa, el gobernador sabe de sus fechorías pero los encubre además, por el amorío que sostiene con aquella, y porque él a cambio obtiene maletas repletas de dinero por las que manda a su sobrino, como lo revelara el periodista Salvador García Soto en El Universal. ¿Qué podía salir mal?

Ahora bien, a pesar de los intentos de sus enemigos políticos por cargarle todo el peso de la responsabilidad al gobierno de Enrique Peña Nieto, lo cierto es que la debilidad institucional del país es estructural. De ahí que sin importar el partido político de que se trate, ejemplos de corrupción y complicidades de gobernantes de todos los niveles con la delincuencia organizada, sobren por doquier. Y no es que el presidente no sea responsable, claro que lo es por no haber hecho nada para resolver esa fragilidad institucional que cada día es peor, pero de ahí a colgarle –como lo están haciendo muchos manifestantes en la calle y redes sociales– la culpa directa al gobierno por la desaparición de estudiantes, hay una distancia enorme.

La sociedad por tanto, debe tener cuidado en no caer en el lugar común, en el engaño, el mito de que desde arriba el gobierno quiso detener la protesta social de un grupo, como el de los normalistas de Ayotzinapa, matándolos y desapareciéndolos como en el `68. Tal vez ni siquiera los perredistas Ángel Aguirre y José Luis Abarca, hoy ex gobernador de Guerrero y ex presidente municipal de Iguala, respectivamente, hubiesen querido ese desenlace. Es obvio que Abarca soñaba con que su “imperio” durase mucho más tiempo, por eso es dudoso que él mismo ordenara tal brutalidad, sabiendo de antemano que sería su fin.

Sí, debemos alzar todos la voz y salir a las calles a decir “ya me cansé”, sin hacerle el juego a los que, aprovechando el río revuelto, quieren llevar agua a su molino de la desestabilización social. Ellos sí son enemigos del gobierno, pero también de todos los demás ciudadanos, que debemos darles la espalda.

La quema de la puerta principal de Palacio Nacional este fin de semana, es una doble prueba. Por una parte, de que estos grupos sí se están infiltrando en las manifestaciones pacíficas, y por otro, que tenemos un gobierno que a causa de su debilidad, no aplica la ley y pone orden para no ser calificado de represor. Ni lo uno ni lo otro es válido. Nos están haciendo un daño inconmensurable.

Hay quien piensa que estos infiltrados son mandados por el gobierno para desacreditar las marchas y llevarse los reflectores. Puede ser. Pero también es un hecho que existen grupos independientes de choque perfectamente identificados, cuyo objetivo a veces explícito, es derrocar al gobierno por la vía violenta. Estos no le hacen ningún favor a los legítimos manifestantes por Ayotzinapa ni de ninguna otra causa.

Por eso el grito de “ya me cansé” debe ser amplio, pero enfocado en la raíz de los males: exigir  fortaleza al Estado, para que sea capaz de brindar seguridad en los bienes e integridad física de las personas, una de sus obligaciones primarias, y de castigar con todo rigor a quien infrinja la ley. De ese tamaño es el reto que tenemos que superar los mexicanos. Sin esa condición necesaria para el progreso, no habrá reforma económica ni buenas intenciones del PRI, PAN, PRD, etc., que nos alcancen, y México, estaría condenado al subdesarrollo para toda su existencia. Eso es algo que sin duda, nadie desea.